En el Supremo ven a Yolanda Díaz «cómplice» de los prófugos de la Justicia

No es la primera vez que se ponen de manifiesto las aparentes contradicciones entre la consideración que el Ejecutivo tiene de la actuación de los líderes del 1-O –a los que ha llegado a indultar y de los que ha aceptado hasta la derogación de un tipo penal como es la sedición con tal de conservar su apoyo parlamentario–, y la actuación judicial del Tribunal Supremo, tendente a sentar en el banquillo a quienes incumplen la ley.

Basta recordar el abandono que sufrió el juez Llarena cuando la defensa de Puigdemont lo llevó a los tribunales europeos y la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, rechazó en un primer momento que fuera defendido por la Abogacía del Estado. O que el propio presidente del Gobierno llamara «venganza» a la aplicación de la sentencia del 'procés' en su afán de justificar los indultos a los líderes independentistas.

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Lo cierto es que el día de ayer fue doblemente bueno para el expresidente de la Generalitat, pues a la legitimación de su figura que implica el hecho que la vicepresidenta Díaz se trasladara a Bruselas se suma el escrito que el jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, presentó en el órgano de garantías pidiendo la nulidad del auto que inadmitió el recurso de amparo de Puigdemont y Comin contra la orden de detención nacional dictada por el Tribunal Supremo con motivo de su procesamiento el pasado enero. Cuestiona este fiscal la decisión de la mayoría conservadora de esa sección de resolver con urgencia un escrito que, a su juicio, no requería de una respuesta inmediata.

En su escrito Crespo aclara que no cuestiona el fondo de la resolución adoptada, es decir, si concurren o no razones suficientes de que al cursar esa orden el TS se haya lesionado un derecho fundamental, como arguye la defensa de Puigdemont, sino que se limita a impugnar la resolución dictada por la sección de vacaciones porque los razonamientos jurídicos recogidos en el auto «no justifican debidamente, a la vista de la normativa aplicable, la competencia de dicha sección para adoptar tal resolución». Coincide así con el voto particular de la magistrada progresista Laura Díez, que discrepó de sus dos compañeros.