El presidente del CGPJ responde a la querella de Sumar: «Es una maniobra política»

Guilarte se ha enterado de la interposición de la querella una hora antes de reunirse por primera vez con el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, con quien abordará precisamente la renovación del CGPJ que el 4 de diciembre alcanzará su segundo mandato sin renovar por la falta de acuerdo entre PSOE y PP.

A la salida de un desayuno de Nueva Economía Forum en el que ha compartido mesa con el propio Bolaños y con el también ministro Fernando Grande-Marlaska, Guilarte ha calificado la querella de «maniobra política que no tiene mucho sentido. Si estamos intentando buscar fórmulas de pacificación, renovación y consenso, no parece la mejor manera».

«Creo que no es manera de seguir generando tensión. Estas actividades no van a ningún sitio y es lo que han hecho desde el otro lado, poner querellas señalando. No me gusta«, lamentó el vocal y presidente en funciones del CGPJ momentos después de que Bolaños se desvinculara de la querella. "Es una decisión que ha tomado una fuerza política con la que compartimos gobierno de coalición pero todo caso es una decisión de una fuerza que no es el PSOE", afirmó el vicepresidente.

El encuentro de ambos se produjo en el Casino de la Calle Alcalá, durante un desayuno con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, quién, minutos antes de la reunión de Guilarte y Bolaños en la sede del Poder Judicial instó a los partidos políticos a renovar: «Lo que hay que hacer con el Poder Judicial es renovar ya. Si puede ser hoy, mejor que mañana», dijo en el acto al que también acudieron el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y el magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo. Ninguno de los cargos públicos ni judiciales presentes habló de la amnistía.

La querella, que han interpuesto ante el Tribunal Supremo, carga contra Guilarte y los vocales conservadores del organismo por su «inaceptable intromisión» en la función legislativa del Congreso, al autorizar y participar en el Pleno extraordinario que propició la declaración institucional contra la ley de amnistía. Según recoge Europa Press, el socio del PSOE acusa a estos miembros del órgano de gobierno de los jueces de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa, que conlleva inhabilitación de ejercer cargo público, por promover una resolución «ilegal», «arbitraria» y que excede las competencias del CGPJ.

En concreto, la querella se dirige contra los ocho promotores de la declaración contra la amnistía, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. También contra Wenceslao Olea –que votó a favor– y apunta a Guilarte, el presidente, que optó por votar en blanco, como cooperador necesario al permitir la convocatoria de dicho pleno en la que estos juristas lanzaron su resolución contra la futura ley de amnistía.

De hecho, Sumar atribuye a los promotores de esa declaración arrogarse atribuciones que corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre una proposición de ley cuando el texto normativo ni siquiera existía ni estaba registrado. Es más, recrimina en su querella que su intención era mandar a la ciudadanía "un mensaje apocalíptico que sólo puede contribuir a una mayor crispación social", máxime cuando se le dotó de carácter institucional.

El grupo parlamentario expone en su escrito que en dicho pleno se excedió las funciones del órgano de gobierno de los jueces, que además están limitadas por la situación de mandato caducado, y ahonda que los vocales querellados actuaron desde su «deliberada voluntad de eludir» esa carencia competencial, pese a que son juristas con condición de autoridad por formar parte de una de las principales instituciones del Estado.

Asimismo, resalta sobre el caso del presidente que su misión es velar para que todos los miembros del organismo se ajusten a las funciones del CGPJ, que en ningún caso incluye valorar la «conducta de otra autoridad del Estado» (en este caso el presidente), acuerdos políticos o «futuribles» normas.

Precisamente el propio Guilarte afirmó que acude a la reunión con Bolaños «con el mejor ánimo» y descartó que la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE debiera ser un palo en la rueda para no renovar el CGPJ.

«Estamos en un momento que partimos de cero. No soy agente realmente para provocar la renovación pero voy a intentar ayudar. He ofrecido algunas ideas porque se debería renovar, no en esta legislatura, sino en este año. Hay que desenquistar las posiciones opuestas», añadió.

Bolaños, por su parte, repitió que "el objetivo que tengo como ministro de Justicia es que el CGPJ recupere su prestigio y devolverle la normalidad institucional que nunca debió perder. A nadie se le puede ocurrir que si esta situación persiste no esté haciendo daño a la Justicia y al país. Por lo tanto, lo que voy a hacer es el mayor esfuerzo posible con el máximo diálogo y respeto por todos los profesionales de la Justicia".