Sumar ve «encaje» constitucional a la amnistía para el golpe secesionista

Si Sánchez ya recorrió un camino importante el pasado martes después de su entrevista con el Rey en la ronda de contactos para la investidura, cuando dijo que «no me corresponde a mí decir lo que es constitucional, para eso ya está el Tribunal Constitucional», los de Díaz hablan cada vez más a las claras de cuál es su plan al respecto.

Ernest Urtasun, portavoz de Sumar y hombre de la máxima confianza de la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, se ha explayado este jueves al respecto en una entrevista en Radio Nacional de España donde, curiosamente sin que se le haya preguntado de forma específica por la amnistía que reclaman Carles Puigdemont y los suyos, no ha dudado en sacar el asunto a colación.

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Urtasun, un hombre con amplia experiencia en la política de la que no en vano es su comunidad de origen, ha expuesto el asunto refiriéndose en primer lugar a que «el diálogo con Junts per Catalunya va a ser una cuestión muy importante». Y a continuación ha detallado todo un arsenal argumental dedicado a demostrar que esa figura tiene «encaje constitucional», en contra de lo explicado por muchos expertos en la materia e incluso hasta hace bien poco por dirigentes del Gobierno y del propio PSOE.

De entrada, Urtasun ha distinguido entre la amnistía y la figura del indulto, la medida de gracia que ya concedió Sánchez en 2021 al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al resto de cabecillas del procés condenados por sedición y malversación en octubre de 2019 por el Tribunal Supremo (TS). Una medida también negada por los socialistas anteriormente y que fue seguida luego de la supresión del delito de sedición en el Código Penal y de la rebaja sustancial de las penas por malversación también por exigencia de ERC.

Para Urtasun,la amnistía «es un concepto jurídico que es distinto al del indulto, son dos cosas distintas. Las amnistías, digamos, lo que pretenden es superar los efectos penales de algún tipo de proceso político que se haya producido en un determinado momento». Todo ello para «devolverlo a la política y que sea la política la que pueda gestionarlo».

Urtasun admite que sobre esta cuestión existe «un debate doctrinal», sobre su adecuación al ordenamiento vigente, pero lo contrapone a la «voluntad política» de su propia formación, que es, subraya, «clara» y que aboga por «ponerse a trabajar» dado que, estima, «puede salir adelante». Es lo que transmiten desde hace tiempo desde la formación a la izquierda del PSOE, donde algunos de sus más altos dirigentes creen que «en Derecho cabe todo» y que los visos para negociar con los independentistas son buenos, empezando por la aceptación de las lenguas cooficiales, como el catalán, el euskera y el gallego, en el Congreso.

A ello se refirió por primera vez el pasado día 2 agosto en Bayona (Pontevedra), cuando quedaban quince días para la constitución de las Cortes Generales, y en parte posibilitó el acuerdo para que todos los separatistas y nacionalistas sumasen sus votos e hicieran presidenta de la Cámara Baja a la socialista Francina Armengol, quien en su primer discurso en el Hemiciclo se comprometió a permitir el uso de esas lenguas por los diputados que así lo deseen. Aunque esta es una cuestión aún por concretar y por llevar a la práctica, y el Partido Popular como ya ha hecho saber en la Mesa, cree que precisa de una reforma del reglamento.

Pero si el hito para la Mesa del Congreso fue el uso de lenguas oficiales, que el Gobierno también peleará porque se reconozcan a nivel de la UE en la reunión del Consejo Europeo —cuya presidencia rotatoria recae en España hasta final de este año— del próximo 19 de septiembre, tal y como anunció el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, la semana pasada, el de la investidura es esa amnistía que reclaman los separatistas.

El primer paso de calado, anunciado también por Urtasun hace unos días, es la creación de un grupo de juristas, hasta una veintena, que ya exploran las vías para hacer posible ese borrón y cuenta nueva penal para quienes aún arrastran causas del golpe secesionista de 2017, cuando las autoridades catalanas aprobaron sin garantías en el Parlament, en contra del Estatuto autonómico y haciendo caso omiso al criterio de los letrados de esa cámara, las llamadas «leyes de desconexión», sin permitir siquiera que los partidos constitucionalistas de la oposición pudiesen enmendarlas.

La presidenta del Parlament era entonces Carme Forcadell, de ERC, una de las condenadas luego por el Supremo. Fue el preludio del referéndum ilegal del 1-O y de la declaración unilateral de independencia de unas semanas después, en una crisis que terminó con la aplicación, por primera vez en la historia de la democracia, del artículo 155 de la Carta Magna para Cataluña.

Seis años después, y como explicó en la citada entrevista en la radio pública Urtasun, las causas penales derivadas de todo ello no solo afectan a Puigdemont, al exconsejero Toni Comín y, precisó el portavoz de Sumar, «al resto de personas que están en Bélgica», donde ha residido durante todo este tiempo el expresidente de la Generalitat. Urtasun recordó que entre ellos hay «desde alcaldes a militantes de la sociedad civil, que también necesitan de alguna manera que se les dé una respuesta». Es decir: que se les exonere de sus causas pendientes.

La reflexión de Urtasun, en forma de interrogación retórica, no deja lugar a dudas: «Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿nosotros hemos llegado ya a una situación en España, en Cataluña, en la cual podemos dar un paso adelante, normalizar la situación política, volver al diálogo político y dejar atrás todas las causas penales derivadas de lo que fue el 1 de Octubre, que fue fundamentalmente un conflicto político? Yo creo que sí, que en estos momentos ya estamos en esta situación para poder dar un paso adelante y por lo tanto creemos que es la manera más amplia y más rápida, que no solo afecta a las personas que están en Bélgica, sino al conjunto de personas que están en la sociedad civil, que están afectadas, pues sería avanzar hacia la vía de una amnistía», sentenció ayer.

Sobre estas bases doctrinales se asienta la negociación de las fuerzas de la coalición de izquierdas con los partidos independentistas. En el caso de ERC, ya hizo el camino de permitir en enero de 2020, entonces con su abstención, la investidura de Sánchez, una relación que luego consolidó con su 'sí' a todos y cada uno de los proyectos de Presupuestos Generales del Estado que aprobó el Ejecutivo ahora en funciones.

Aunque la legislatura también dejó roces y en el caso de los republicanos singularmente con Yolanda Díaz, con motivo de la reforma laboral que impulsó como titular de la cartera de Trabajo y que no contó con el apoyo de los de Gabriel Rufián, quien nunca ha ocultado en público su pésimo concepto de la vicepresidenta segunda.

En el caso de Junts, el camino que abrió con el 'sí' de sus siete diputados a la presidencia socialista del Congreso el pasado día 17 es casi inédito y sólo tiene el precedente de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy a mediados de 2018, en la que votaron a favor, ayudando así a aupar al líder del PSOE a La Moncloa.

Fuentes de Sumar confirman que están negociando con los dirigentes de Juntsy que lo están haciendo «al más alto nivel». En esas negociaciones, como es ya de dominio público, está teniendo un papel importante el dirigente catalán Jaume Asens, la pasada legislatura presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos (UP) y uno de los integrantes de los comunes más próximos a las tesis nacionalistas en general y a la figura de Carles Puigdemont muy en particular.