García-Castellón pide a Suiza una reunión sobre Tsunami que deje al margen al Ministerio de Justicia español

«Debemos participar a las autoridades suizas la oportunidad de realizar las comunicaciones a través Eurojust, a fin de poder dotar a la reunión de coordinación a la que se emplaza de la formalidad y agilidad necesaria, evitando la participación de la autoridad central española (el Ministerio de Justicia) para una cuestión de naturaleza estrictamente judicial«, dice la resolución, notificada este miércoles.

Enlaza este mensaje a las autoridades helvéticas con otro movimiento que ha acometido en la causa. El juez ha abierto una pieza separada para investigar la revelación de secretos que se podría haber producido precisamente, con la respuesta de Suiza a la comisión rogatoria, de la que tuvo conocimiento por la prensa antes de recibirla en el juzgado y que había llegado al Ministerio de Justicia el 29 de diciembre, pero no se movió hasta este martes.

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«Se acuerda, incoar pieza separada que se tramitará con carácter reservado, con la finalidad de esclarecer la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por parte de las autoridades o funcionarios que hayan podido tener conocimiento de la respuesta por las autoridades suizas a la comisión rogatoria remitida por este Juzgado Central», dice otra resolución. Oficia a la Guardia Civil «la investigación y esclarecimiento de estos hechos» y les indica que deben abstenerse de reportar a ninguna otra autoridad distinta de él sobre sus averiguaciones.

Entre tanto, insiste en esa reunión con las autoridades de Suiza, que, según revela la resolución, pidió ya el magistrado en noviembre de 2023 a través del enlace en Eurojust «con la voluntad de aclarar cualquier cuestión relativa» a la petición de cuentas bancarias que había elevado meses antes había sido rechazada. En enero de 2024 el representante de España en ese organismo de coordinación jurídica europea le confirmó que no había recibido ninguna respuesta a su petición.

«Esta situación resulta particularmente extraña, atendido la confianza recíproca que suele caracterizar la cooperación entre ambos Estados. Se desconoce la razón por la que no se ha efectuado hasta el momento la reunión solicitada por este instructor, pero debe recordarse que la experiencia demuestra que la mejor manera de obviar comunicaciones reiterativas, referencias a noticias de prensa o equívocos es la comunicación directa entre las autoridades competentes», dice García-Castellón.

Insiste en este asunto y menciona directamente al responsable de la Oficina Federal de Justicia de Suiza que firmaba la negativa de sus autoridades a colaborar, para aclararle «de forma personal» y «urgentemente», las «dudas de carácter estrictamente jurisdiccional suscitadas».

Esta expresión va subrayada en la resolución porque entre las aclaraciones que pedía Suiza constaba una reclamación de explicaciones sobre el impacto que tendrá la ley de amnistía en la causa sobre Tsunami Democràtric, algo sobre lo que el juez responde ya que no es ni su función ni su competencia pronunciarse por tratarse de un asunto estrictamente político.

«Corresponde a los jueces la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, juzgado e interpretando las leyes que aprueban los órganos legislativos competentes. No es función de los jueces ni elaborar leyes ni participar en el proceso de su redacción, como tampoco lo es del poder legislador o el ejecutivo inmiscuirse en la función de juzgar, calificar o sentenciar», señala.

Y de motivación política hablaba la respuesta de Suiza, que paralizaba la petición del juez argumentando que podía concurrir una intencionalidad de ese tipo en su reclamación de colaboración jurídica. García-Castellón, tras recordar que los convenios internacionales de lucha contra el terrorismo que ha suscrito también ese Estado le impiden rehusar la colaboración con esos argumentos, deja caer que quizá «el sesgo político más bien atiende a la voluntad del responsable que recibe la comunicación«.