ERC, Bildu y PNV blindan a Pedro Sánchez y le permiten esquivar al Congreso

Da igual que la comunidad internacional clame contra el posible fraude electoral en Venezuela, que Canarias sufra otro verano más una crisis migratoria ante la que no se ofrecen soluciones o que el prófugo Carles Puigdemont entrase y saliese de España –participación en un mitin incluida– con total impunidad. Para la mayoría de socios de Sánchez ninguno de esos asuntos es merecedor de adelantar el regreso del presidente al Congreso para que rinda cuentas por ellos esta semana.

El PP acudía a esta cita de la Diputación Permanente con diez peticiones de comparecencia, pero ninguna ha prosperado tras cerrar filas con el Gobierno la izquierda separatista y el nacionalismo vasco. Solo Junts y Podemos se han desmarcado en ciertos aspectos –los neoconvergentes de manera más evidente–, pero la abstención de los de Ione Belarra en dos de las cuestiones ha sido insuficiente para obligar al Ejecutivo a ofrecer ya explicaciones.

El PSOE, Sumar, ERC, Bildu y el PNV se han posicionado en contra de todas las solicitudes del PP y en ningún caso los populares han cosechado apoyos para superar esa entente. Junts ha votado a favor de que Sánchez acuda al Congreso por la crisis migratoria, en el punto que más cerca ha estado de salir adelante. Podemos ha dudado si forzar la comparecencia del presidente, pero finalmente ha optado por la abstención para no unirse a las formaciones de derechas.

El partido de Puigdemont se ha abstenido en todos los asuntos relacionados con Venezuela y en la petición de comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, mientras que Podemos ha hecho lo propio con la solicitud para que el titular de Transportes, Óscar Puente, respondiese por el «caos ferroviario» que se está viviendo en España durante este verano.

En ese último caso, de nuevo el sí de Junts ha provocado un empate, insuficiente para que prosperasen las comparecencias. Los neoconvergentes también han votado a favor de que Sánchez explicase la fuga de Puigdemont, pero, en su caso, para que aclarase por qué no se le aplica de forma inmediata la ley de amnistía –el Tribunal Supremo descarta aplicarla al delito de malversación–.

Vox sí ha respaldado las diez peticiones de comparecencia –pese a sus críticas a los populares por su «incoherencia» en materia migratoria–, pero, al contrario de lo que sucede en el Pleno, donde PP, Vox y Junts superan la mayoría absoluta, los votos de estos tres partidos en la Diputación Permanente no alcanzan esa barrera. La solicitud de comparecencia de Sánchez por la inmigración y de Puente por los problemas ferroviarios habrían salido adelante en el Pleno, pero no en el órgano que se reúne fuera del calendario de sesiones.

Así, el Pleno del Congreso no se citará en principio hasta la segunda semana de septiembre, en la que se dará comienzo al próximo periodo de sesiones. La Diputación Permanente ha rechazado este martes citar esta semana a Sánchez por la crisis migratoria, Venezuela y «el tema Puigdemont» –como ha dicho coloquialmente la presidenta del Congreso, Francina Armengol–; al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por dos asuntos relacionados con el régimen de Nicolás Maduro; a la presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, y al de la Agencia Efe, Miguel Ángel Oliver, en ambos casos por la cobertura de los medios públicos sobre los comicios venezolanos; al ministro de Transportes, Óscar Puente, por la situación de los trenes españoles; a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el error en la ley de paridad que permite que no sea causa de despido nulo haber solicitado una reducción de jornada; y a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, por el cupo catalán.

Esta petición de comparecencia ha permitido precisamente que el debate sobre la «financiación singular» de Cataluña llegara por primera vez al Congreso desde que los socialistas y ERC anunciaran su acuerdo hace ya un mes. Y, como era de esperar, ha puesto en evidencia la división de la Cámara Baja sobre un asunto que, a falta de que se conozcan sus detalles, requeriría la aprobación parlamentaria de una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).

La solicitud del PP de comparecencia de la vicepresidenta Montero ha sido rechazada pese a que a primera hora de la mañana la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, había calentado el ambiente anunciando que la iban a apoyar. Eso sí, lo ha hecho desde el municipio barcelonés de Cardedeu y ha dejado que la posición de su grupo la explicase en el Congreso la diputada Marta Madrenas, que reveló que están «desconcertados» por el futuro de la financiación catalana y quieren que el Gobierno la explique.

De hecho, ellos ya habían registrado solicitudes de comparecencia de la propia Montero y también del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. En cualquier caso, sea como sea el acuerdo de socialistas y republicanos, siempre será insuficiente para Junts: «En Cataluña no estaríamos ni siquiera de acuerdo con un concierto, queremos la independencia», ha avanzado Madrenas.

El diputado del PP Juan Bravo ha expuesto toda su batería argumental contra el concierto catalán –«¿No hay ningún diputado socialista que diga basta ya?», ha preguntado–, igual que Juan José Aizcorbe, de Vox, que ha tildado de «engendro» un acuerdo que ve fruto del «Estado fallido de las autonomías». Siguiendo con lo esperado, el PSOE ha rechazado todos estos argumentos, aunque lejos de dar explicaciones o detalles sobre el contenido del acuerdo lo ha hecho atacando a los populares; y ERC también ha defendido el pacto y ha asegurado que ellos no tienen dudas y se trata de un concierto que permitirá a la hacienda catalana recaudar sus impuestos.

La incertidumbre la puso la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha dudado de la consistencia del PSOE para cumplir lo prometido e incluso ha avisado que pueden haber dado «gato por liebre» a ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa.