El sector conservador del CGPJ propone que los vocales jueces sean elegidos por la carrera sin intervención parlamentaria

La propuesta tendría que ser aprobada por mayoría cualificada, es decir, por 13 de los vocales, pero todo parece indicar que no va a ser así porque ante la imposibilidad de consensuar un único texto, el bloque propuesto por el PP lleva al debate de mañana su propio texto, un documento de 38 folios al que ha tenido acceso ABC y que firman José Antonio Montero, José Luis Costa, Gema Espinosa, Pilar Jiménez. Alejandro Abascal, José Eduardo Martinez, José María Paz, Pilar Rojo, José Carlos Orga e Isabel Revuelta. Los dos últimos forman parte del grupo de trabajo creado el pasado 25 de septiembre para avanzar en los trabajos de esta propuesta, grupo en el que representaban al sector progresista Argelia Queralt y Bernardo Fernandez.

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El texto que los conservadores llevarán al Pleno de este miércoles para su debate considera que la participación directa sin intervención parlamentaria es escrupulosa con la Constitución y es la que realmente se ajusta a los estándares europeos, después de las objeciones que año tras año ponen al actual sistema de elección los distintos informes sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea, la Comisión de Venecia o el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), entre otros.

La propuesta de este sector prevé que cualquier juez, de cualquier categoría y en servicio activo, pueda presentar su candidatura individualmente con 25 avales o el de una asociación judicial. La votación se llevaría a cabo a través de listas abiertas en las que se podrán votar hasta ocho candidatos de los doce a elegir.

El texto prevé una circunscripción electoral única para todo el territorio nacional. En este sentido, los vocales recuerdan que «la Constitución consagra un Poder Judicial único». En palabras del Tribunal Constitucional, «no existe poder judicial de las Comunidades Autónomas, en las que, de acuerdo con el artículo 152 de la Constitución, un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad».

El texto señala que serán inelegibles quienes en los cinco años anteriores hayan sido nombrados titulares de un Ministerio o de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un Gobierno autonómico, o elegidos titulares de una Presidencia de Corporación local; o hayan tenido la condición de Diputado, Senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma.

Y para evitar situaciones como a la que llevó la incapacidad de los PSOE y PP para renovar, los vocales sugieren que el CGPJ pueda echar a andar con una parte renovada: la que corresponde a los doce vocales jueces. «Si el día de la sesión constitutiva del nuevo Consejo General del Poder Judicial, el Congreso de los Diputados o el Senado, o ambos, no hubiesen procedido aún a la elección de los vocales del turno de juristas que les corresponde, se constituirá el Consejo General del Poder Judicial con los vocales del turno judicial elegidos por los jueces y magistrados y, en su caso, con los elegidos por una de las Cámaras y con los vocales del Consejo General del Poder Judicial saliente que hubieren sido elegidos en su momento por la Cámara que haya incumplido el plazo de elección, pudiendo desde entonces ejercer todas sus atribuciones, con la excepción de la elección de la persona titular de la Presidencia, que, en este caso, solo podrá ser elegida transcurridos treinta días hábiles desde la celebración de la sesión constitutiva, sin que se hubiese producido la elección por las Cámaras de la totalidad de los vocales correspondientes al turno de juristas».

En su escrito, los vocales explican que el grupo de trabajo se ha reunido con distintas autoridades del ámbito europeo así como con los presidentes y/o portavoces de las cuatro asociaciones judiciales españolas, cuyos miembros integran al 57,82 % de los miembros de la carrera judicial. También con el presidente de la Audiencia Nacional y de su Sala de Gobierno.

Además, se acordó oír, dicen, a todas las Salas de Gobierno de los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia de España y a la del Tribunal Supremo. Por último, la propuesta es fruto de la colaboración de los letrados del CGPJ.