Sánchez potencia la presencia en el Ejecutivo del núcleo duro del PSOE

No es una papeleta fácil la de trasladar el mensaje gubernamental, ante la convulsa legislatura que viene, cuya clave de bóveda para que eche a andar es la ley de amnistía pactada con Carles Puigdemont y ERC a cambio del apoyo a la investidura, que se sustanció la semana pasada en el Congreso con 179 votos a favor del candidato Sánchez, que incluyeron también a los nacionalistas e independentistas vascos del PNV y Bildu.

Un proyecto, el del olvido legal a quienes perpetraron en 2017 el golpe secesionista, cuya idoneidad, adecuación jurídica e incluso oportunidad negaba hasta el 23 de julio todo el Gobierno y el PSOE al unísono. También ella. Y menos fácil aún es defender el entendimiento con los independentistas catalanes para una dirigente de la región vecina y siempre tensionada con Cataluña, que además ha hecho carrera en su tierra. Alegría fue en 2019 la candidata socialista a la alcaldía de su cuidad natal pero, pese a ganar las elecciones, el popular Jorge Azcón, hoy presidente autonómico de Aragón, le arrebató el bastón municipal merced a un acuerdo para gobernar en coalición con Ciudadanos (CS).

De esa condición de ganadora en aquellos comicios municipales ha presumido en innumerables ocasiones, sobre todo cada vez que ha tratado de zaherir políticamente al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al que el PSOE acusa de defender de manera incoherente el apoyo a la lista más votada para gobernar pero sólo, sostienen, cuando a él le interesa. Pero Alegría tiene 'pegada' de sobra, creen en el cuartel general de Moncloa y Ferraz, para cumplir con creces el cometido. Y lo cierto es que desde la sala de prensa del partido hay bastante consenso, entre los medios de comunicación e incluso entre los adversarios políticos, de que superó con creces a su antecesor.

Un acierto que Sánchez espera repetir ahora. El mismo presidente dejó claro en su comparecencia de este lunes para dar a conocer el nuevo Gobierno que apostaba por dirigentes que sean, por este orden, buenos gestores, buenos negociadores y buenos comunicando los acuerdos alcanzados. Para el jefe de filas, Alegría cumple a la perfección esos tres requisitos.

Es además es de las dirigentes que tienen información de lo que se cuece en las alturas y eso se nota. Rara vez muestra contrariedad por una pregunta por dura que sea y es difícil que pierda su semblante risueño tanto en comparecencias ante la prensa como entrevistas en televisión y radio, donde es de las personas del Gobierno que ya más se prodigaba, algo que obviamente aumentará ahora de manera exponencial. Tan solo agria el gesto cuando se trata de cuestiones muy de principio, de las que no duda en hacer bandera, como su oposición a la gestación subrogada. Un asunto sobre el que se tuvo que pronunciar, al hilo de la actualidad, con motivo de la polémica suscitada en abril por Ana Obregón.

El relevo en el estratégico puesto de comunicación se produce después de que para muchos Isabel Rodríguez -que ahora pasará de la cartera de Política Territorial a la de Vivienda, que se separa de Transportes para que la exalcaldesa de Puertollano (Ciudad Real) siga en el Gobierno- no haya estado a la altura. Recientemente tuvo que afrontar una rebelión de los corresponsales que siguen al información gubernamental, que de viva voz le reprocharon que el número de turnos de pregunta que se concedía se hubieran reducido hasta un 30%. No encajó bien Rodríguez, aduciendo que se trataba de una reivindicación «laboral» y no de libertad de prensa, como a la que apelaban los periodistas.

María Jesús Montero se mostraba particularmente eufórica el pasado jueves después de que el Congreso hubiera aprobado la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno con 179 votos a favor y 171 en contra. A la salida del hemiciclo saludó a los medios gráficos allí presentes apretando los dos puños y con visible entusiasmo, en un gesto que recordaba el de los futbolistas al celebrar un tanto. En realidad, era como si ella hubiera anotado un gol, pues es uno de los pocos miembros del Gobierno junto a Félix Bolaños y tal vez Yolanda Díaz que puede presumir de haber tenido una participación directa en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Su protagonismo ha tenido premio. María Jesús Montero mantendrá como pretendía la cartera de Hacienda y Función Pública, con la que se garantiza un protagonismo político fundamental durante el tiempo que dure esta legislatura, y además es promocionada dentro de la estructura de Gobierno a una de las cuatro vicepresidencias que respaldarán la acción política de Sánchez, las cuatro ocupadas, al menos de momento, por mujeres: Nadia Calviño -en situación de semiinterinidad-, Yolanda Díaz, Teresa Ribera y ella.

Montero ha ido incrementando su peso político en el gabinete de Pedro Sánchez, según ha ido avanzando la legislatura. La eficacia con la que ha encarrilado las negociaciones de los Presupuestos tanto con los socios de Unidas Podemos, con los que ha actuado de enlace permanente, como con el resto de formaciones cuyo apoyo necesitaba el Gobierno para sacar adelante las cuentas públicas, la han posicionado como un valor seguro para el presidente, que primero le encomendó la portavocía del Gobierno en el crítico año y medio en que hubo que lidiar con la pandemia y luego la hizo vicesecretaria general del Partido Socialista. Su promoción a la condición de vicepresidenta del Gobierno confirma su peso específico en el gobierno más político de cuantos ha configurado Sánchez.

Los flancos de sombra y las dudas asoman en torno a su gestión de las cuentas públicas. Durante los últimos cuatro ejercicios Montero ha dejado bien claro que los presupuestos han estado supeditados a las necesidades de gasto público desencadenadas primero por la pandemia y posteriormente por el episodio inflacionista que todavía afecta a la economía española. En ese contexto de escudos sociales, políticas de gasto e incentivos fiscales, Montero ha construido sin grandes dificultades las mayorías necesarias para sacar adelante las cuentas públicas, dejando por el camino además una serie de apuestas fiscales de corte muy ideológico e impacto presupuestario limitado como la subida de IRPF a las rentas altas, el tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, el incremento de las cargas fiscales a las rentas del capital o, últimamente, la conversión en permanente del Impuesto de Patrimonio, los gravámenes a las energéticas y a la banca o el impuesto sobre las grandes fortunas, todas ellas recurridas .

El aval del Tribunal Constitucional (TC) al llamado impuesto a los ricos no enmascara la creciente litigiosidad en que ha derivado el sistema fiscal, ni las dudas de seguridad jurídica por la inestabilidad del sistema tributario que ha generado este activismo fiscal, cuyo episodio más demoledor haya sido probablemente la histórica salida de Ferrovial rumbo a los Países Bajos.

Los efectos de la guerra abierta que Montero ha planteado a las grandes empresas del país son impredecibles. Tras la salida de Ferrovial, que el Gobierno asumió como un daño colateral de esta guerra fiscal al atribuirla a motivos fiscales, ha habido otras grandes empresas como Repsol que han condicionado sus inversiones en España a un marco fiscal más estable y otras grandes en sectores como la energía y la banca que han advertido del impacto que pueden tener tanto sobre sus inversiones para el despliegue de las energías renovables como sobre la financiación al sector privado. Desde las organizaciones que representan a la gran empresa se desliza ya sin ambages que estas tienen cada vez menos incentivos para quedarse.

El otro gran flanco de incertidumbre es el estado de las cuentas públicas. Hasta ahora María Jesús Montero ha gestionado la abundancia, gracias a un flujo de ingresos fiscales sin precedentes, en parte gracias a la inflación y en parte gracias al fenomenal desempeño del empleo tras la pandemia. Todos los analistas coinciden en que ese caudal irá desapareciendo progresivamente en los próximos meses -ya ha empezado a hacerlo- y eso va a suceder cuando España aún arrastra un déficit público en el entorno del 4% (las estimaciones de cierre para este año oscilan entre el 3,9% y 4%) y la deuda pública en el 110% del PIB, y se van a reimplantarlas nuevas reglas fiscales que exigen reducciones permanentes de la deuda y un déficit público por debajo del 3%.

La ministra de Hacienda se comprometió el pasado mes de abril con Bruselas a reducir el déficit al 3% del PIB en los Presupuestos de 2024. Bruselas y los analistas han advertido ya estos últimos días que para lograrlo no será suficiente con retirar las medidas discrecionales puestas en marcha para combatir el impacto de la inflación, sino que se deberá ir más allá, en un ajuste extra que debería oscilar entre 3.000 y 6.000 millones de euros el año que viene. El Gobierno está convencido de que se puede lograr sin recortes presupuestarios, pero la experiencia indica que estas nunca han sido suficientes.