Sánchez no comparecerá por la crisis migratoria hasta octubre, pese a exigirse hace una semana

El martes de la semana pasada, la Junta de Portavoces aprobó la comparecencia urgente de Sánchez por la crisis migratoria, a petición del Grupo Parlamentario Popular, pero desde la Mesa del Congreso dijeron que se iba a pactar una fecha con el Gobierno en función de la disponibilidad del presidente. Entonces, el portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, reclamó que el socialista acudiese esta misma semana a dar las pertinentes explicaciones, porque era esa la celeridad que se le imponía.

No obstante, desde que lo reclamó la Junta de Portavoces hasta que se produzca la comparecencia transcurrirán cuatro semanas. Fuentes cercanas a la Mesa del Congreso consultadas por ABC explican que se ha acordado que Sánchez acuda a la Cámara Baja en el primer pleno sin ordenar que se celebre. Según ha dicho después, en rueda de prensa, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, no acude la semana que viene porque estará de viaje en Nueva York, representando a España en la Asamblea de Naciones Unidas.

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Fuentes de la Mesa del Congreso, para justificar que Sánchez no haya comparecido ya esta semana, como exigía el PP, apuntan: «Para la aprobación de comparecencias se establecen dos condiciones reglamentarias: la aprobación en Junta de Portavoces o Diputación Permanente, ratificada en la Junta de Portavoces de la semana pasada, y el señalamiento de fecha y hora, acordada en la Junta de este mediodía». Estas explicaciones no convencen en absoluto al PP. Tellado, tras la reunión del órgano, ha llamado en rueda de prensa «cobarde» a Sánchez por, según él, esquivar estas comparecencias.

Según fuentes cercanas a la Junta de Portavoces, durante la reunión diputados de Sumar, ERC y Bildu han pedido que se aprovechase la comparecencia de María Jesús Montero por la senda de déficit el jueves de la semana que viene, el 26 de septiembre, para que explique también en qué punto está la reforma del sistema de financiación autonómica, tras el pacto fiscal entre el PSC y ERC para, a cambio de investir a Salvador Illa, establecer una suerte de cupo catalán.

El debate de la financiación se hará separado del de la senda de déficit, en el que Montero volverá a pedir al Congreso su apoyo para el mismo reparto que llevó ya en julio a la Cámara Baja y que tumbaron PP, Vox y Junts. Desde el partido independentista ya han dado muestras de su voluntad de votar de nuevo en contra, aunque desde el Gobierno responden que, en tal caso, las perjudicadas serán las comunidades autónomas, porque dispondrán de aproximadamente 5.000 millones de euros menos para déficit. El Ejecutivo ya ha advertido que presentará las cuentas estatales, si es necesario, con la senda de estabilidad vigente.