Iñaki Urdangarin, a un paso de ser imputado por «apoderarse» de fondos públicos

El instructor, a pesar de no haber dudado en imputar al socio y subordinado del duque de Palma en el polémico 'Instituto Nóos', todavía no acusa formalmente al yerno del Rey de ningún delito, a la espera de que Anticorrupción, a la vista de la documentación incautada en los registros del pasado lunes, decida sobre el grado de implicación del marido de la Infanta Cristina en este asunto.

Fuentes de la Fiscalía explicaron que, antes de acusar, quieren aclarar hasta qué punto Urdangarin estaba al tanto de las irregularidades de Diego Torres, el gerente de 'Nóos' cuando el exbalonmanista del Barcelona presidió esa supuesta ong. El Ministerio Público, que se anda con pies de plomo en este sumario, sigue apuntando a que el 'cerebro' de la trama era Torres y no descarta que éste pudiera haberse aprovechado de la imagen del miembro de la Familia Real. En cualquier caso, explicaron, la citación judicial del yerno de Rey para que aclare esas irregularidades, habida cuenta de que durante la comisión de esos presuntos delitos era el máximo responsable de 'Nóos', es casi inevitable y lo hará en condición de imputado por su propia garantía procesal.

Sea como fuere, tras cinco años de rumores sobre los polémicos negocios del yerno del Rey, Castro lo ha puesto por primera vez 'negro sobre blanco' en un auto. El instructor asegura que el marido de la Infanta Cristina y Torres, convirtieron desde 2003 la 'Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada', una supuesta ong sin ánimo de lucro, en un instrumento para "apoderarse" de fondos públicos a base de "servicios" a administraciones con "precios totalmente desproporcionados". Para ello, no dudaban en hacerse con adjudicaciones presuntamente amañadas en "conversaciones extraprocedimentales", sin ningún reparo en "conculcar los principios básicos de la contratación pública".

Y no solo eso. Siempre de acuerdo a la investigación de Castro, el duque de Palma, como presidente del instituto, y su socio, como gerente del mismo, también se dedicaron a supuestamente "simular servicios ficticios" a 'Nóos' y a emitir facturas falsas e hinchadas de mercantiles que ellos mismos controlaban con el fin de llevarse directamente a su bolsillo el dinero que salía de las arcas públicas con destino al polémico instituto.

Las resoluciones judicial de Castro y los informes de la Fiscalía y de la Policía Judicial apuntan ya más allá de los negocios con el Gobierno de Jaume Matas en Baleares, que fue el origen de la actual investigación y que ahora se extiende a los delitos de "falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos". Anticorrupción y la policía, de acuerdo con los informes judiciales, también indagan los contratos ganados por la fundación de Urdangarin en, al menos, otras dos comunidades autónomas: Valencia y Cataluña.

Los atestados y resoluciones ya señalan a al menos cuatro organismos públicos y el instructor Castro ha ordenado a la Policía que recopile todos los datos que pueda sobre trece empresas diferentes, entre ellas las seis que supuestamente usaban el exdeportista y la familia de Torres para emitir facturas sobredimensionadas o por servicios ficticios.

El listado de sospechosos en poder de la Policía, que encabezan Urdangarin, Torres y Matas, incluye ya otras once personas, entre ellas exaltos cargos del Gobierno balear o la mujer y los dos cuñados de Torres, que eran los socios de Urdangarin en el 'Instituto Nóos', fundado en 1999, solo dos años después de la boda del duque de Palma con la Infanta Cristina y un año antes de que Iñaki Urdangarin se retirara definitivamente del balonmano.

Según los informes policiales y judiciales, en sus cuatro primeros años de vida 'Nóos' no tuvo ninguna actividad destacable.

El 'boom' de la empresa fue en 2003 cuando el entonces ya yerno de Don Juan Carlos entró como "administrador" a la firma, convirtiéndose en su presidente en noviembre de 2004, puesto que ocupó hasta junio de 2006. Fue precisamente en ese año y medio largo cuando se produjeron las principales presuntas irregularidades en Nóos, en particular los contratos por valor de 2,3 millones de euros con dos organismos del Gobierno balear (Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo) para la celebración durante dos años de unas conferencias deportivas, que en realidad eran una "réplica exacta" de 'Valencia Summit', tres reuniones internacionales de expertos en la gestión de acontecimientos deportivos contratadas con el Gobierno de Francisco Camps, por las que 'Nóos' ya se había embolsado más de 1,3 millones de euros.

Precisamente, el lunes la Policía Judicial reclamó a la Generalitat copia de esos contratos y de otros convenios del Gobierno autonómico con 'Nóos' por valor de tres millones de euros para la promoción de los Juegos Europeos. En principio -explicaron mandos del caso- no se investiga a los poderes públicos valencianos, sino el manejo que de ese dinero hizo la fundación, que al parecer usó facturas de Valencia por valor de 90.000 euros para intentar cuadrar las desproporcionadas minutas que se pasaron al Gobierno de Matas. Unos "presupuestos ficticios que se realizaron sin analizar coste alguno", según Anticorrupción.

Si el juez y la policía están hilando muy fino en el caso de Urdangarin, más aún en la investigación sobre el dinero supuestamente desviado desde 'Noos' a 'Aizoon S.L.'. Según la investigación, al menos 116.000 euros de los 2,3 dinero recibidos de Baleares acabaron en esta sociedad en concepto de 'gestión de logística' por los congresos antes incluso de que éstos se realizaran. Se da la circunstancia que Urdangarin es el presidente 'Aizoon', mientras que la Infanta Cristina es la secretaria del Consejo de Dirección.