El fiscal investiga si Urdangarin se apoderó de dinero público

La operación se ha saldado ya con el registro de varias de estas sociedades y también de la vivienda de Torres, a quien el fiscal tomó declaración anoche. Fuentes de la investigación han explicado que el juez deberá ahora examinar toda la documentación para estudiar la posible citación como imputado de Urdangarin en el juzgado de Palma.

Según refleja el juez en su auto, Anticorrupción investiga al duque de Palma y a Torres por supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos en dos convenios suscritos en 2005 y 2006 entre el Govern balear, presidido entonces por Jaume Matas (PP), y el Instituto Nóos por 2,3 millones.

Relata que Urdangarin entró en 2003 como administrador de esta entidad sin ánimo de lucro y al año siguiente ostentó el cargo de presidente, momento en que era gerente Torres, quien pasó a dirigirla cuando el duque de Palma dejó su presidencia en 2006. "La única finalidad perseguida con la asunción o toma de control del Instituto Nóos era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro (una especie de ONG dedicada a proyectos sociales)", afirma el fiscal. Añade que de esta manera conseguían varios objetivos: aparentar que no querían lucrarse, rodearse "del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas" de la asociación y "evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos".

Simultáneamente, afirma Anticorrupción, organizaron un "entramado societario" para desviar los fondos públicos y privados que recibían del Instituto Nóos y "apoderarse" de ellos. "La operativa consistía en que por el Instituto Nóos se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba", narra el fiscal, que añade que luego la Administración "simulaba" la contratación de "servicios ficticios" o inflados, de manera que los fondos públicos acababan "en manos de mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarin".

Estas empresas, registradas esta semana en Barcelona en el marco de la operación, son la inmobiliaria Aizoon (propiedad de Urdangarin), así como Nóos Consultoría, el bufete Tejeiro, Virtual Estrategies, Intuit, Shiriaimasu y De Goes Center for Stakeholder Management, estas últimas vinculadas a Torres y familiares suyos y que, en muchos casos, comparten sede social. Este supuesto proceso de desvío de fondos públicos se produjo, según Anticorrupción, en el caso de dos convenios por valor de 2,3 millones de euros suscritos entre el Govern balear y Nóos en 2005 y 2006 para organizar dos congresos de turismo y deporte.

En el caso del primero, por 1,2 millones, el fiscal afirma que Urdangarin y Torres "se concertaron" con el expresidente Matas y el ex director general de Deportes José Luis "Pepote" Ballester para "beneficiar de forma fraudulenta" al instituto usando un procedimiento administrativo irregular y fijando un precio "totalmente desproporcionado". El contenido del segundo convenio, añade, es "prácticamente idéntico" y su cantidad, 1,1 millones, se estipuló sin responder a la realidad y se justificó con facturas que, en muchos casos, "responden a conceptos ajenos a los eventos contratados".

En el auto, el juez dispone los registros llevados a cabo en esta operación y manda analizar todas las operaciones de estas empresas con Torres y Urdangarin, así como con varios políticos baleares: el expresidente Jaume Matas; el que fuera conseller balear de Turismo con este último en la legislatura 2003-2007, Joan Flaquer; la consellera de Presidencia y Deportes en ese periodo, Rosa Puig, y el ex director general de Deportes José Luis "Pepote" Ballester.

También manda que se examinen las operaciones que guardan relación con varios familiares de Torres supuestamente implicados en el entramado empresarial, como son Ana María Tejeiro (esposa de Torres), y Marcos y Miguel Tejeiro (hermanos de Ana María).