La Fiscalía apoya la recusación de Garzón contra cinco jueces

Los recusados son el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra Ruiz, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez García, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo. Garzón alegó que su intervención en varios momentos de la instrucción de la causa los inhabilita para juzgarle con la suficiente imparcialidad (artículo 219.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), y les acusó también de tener intereses espúreos (artículo 219.10 de la misma ley).

En un escrito de once páginas remitido este jueves al tribunal, el fiscal Luis Navajas apoya el primero de los motivos y destaca las "innegables similitudes" de este procedimiento con el 'caso Liaño'. Así, recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España a indemnizar al ex juez Javier Gómez de Liaño -que fue condenado por un delito de prevaricación- con 5.000 euros en concepto de "daños morales" debido a que los magistrados que le juzgaron habían intervenido anteriormente en numerosos actos de instrucción del caso. Ello supuso una violación del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

"Este asunto presenta una considerable proximidad y similitud con el que ahora nos ocupa", advierte el fiscal Navajas, que añade en su escrito que en el caso Liaño tres de los magistrados que le juzgaron formaron la Sala del mismo tribunal que admitió la querella contra él y desestimaron los recursos que el ex juez interpuso. Lo mismo ha ocurrido en el caso de Garzón. El TEDH acabó estimando, según recuerda el fiscal, que "la imparcialidad del tribunal podía suscitar serias dudas, en la medida en que todos sus miembros habían participado en varios actos de instrucción y, en particular, en la resolución del recurso de apelación contra la orden de inculpación del demandante".

En el caso de Garzón, los cinco magistrados recusados intervinieron en la instrucción de la causa admitiendo a trámite la primera querella contra el juez; realizando diligencias previas de instrucción antes de decidir la admisión a trámite de la misma; firmando resoluciones denegando de plano la personación de las víctimas de los crímenes franquistas y negándose a resolver sus diversas peticiones, entre otras actuaciones, según acredita la defensa del juez suspendido de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía rechaza, sin embargo, que se de el motivo de recusación previsto en el artículo 219.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre interés directo de los magistrados recusados. "Esta segunda causa de recusación ha de rechazarse de plano por el Ministerio Fiscal, pues no es sólo que no podamos presumir la falta de imparcialidad subjetiva en la Sala recusada sino que, desde este punto de vista, toda su actuación procesal aparece como irreprochable".

El pasado viernes, la Sala de lo Penal del Supremo acordó paralizar la tramitación de esta causa -una de las tres que mantiene abiertas contra el juez suspendido de la Audiencia Nacional-, con el fin de tramitar las recusaciones presentadas por la defensa del juez contra los cinco magistrados. La acusación popular, ejercida por Manos Limpias, rechaza apartar a estos jueces al considerar que Garzón busca "politizar" el caso. La última decisión adoptada por los recusados -a los que hay que sumar los otros dos magistrados que completan la sala que juzgará a Garzón, que son Andrés Martínez Arrieta y Miguel Colmenero-, fue el rechazo de la práctica totalidad de las pruebas solicitadas para el juicio por la defensa de Garzón.