Sánchez anula la sedición por la vía rápida y sin los órganos consultivos

En una entrevista en La Sexta, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que el objetivo es «reemplazar» el delito de sedición e incluso «renombrarlo» por otro que pasaría a denominarse de «desórdenes públicos agravados», justificando que se trata de hacer algo «más o menos homologable» a las democracias del entorno. Sánchez ha citado entre ellas a Alemania, Francia, Italia, Bélgica o Suiza.

Sánchez ha negado que se trate de una exigencia de ERC para aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado, porque él lo lleva defendiendo desde 2018- «desde siempre», ha dicho en la entrevista-. Además ha recordado que en el lado independentista no se quería esta reforma sino que se demandaba una amnistía, algo que ha asegurado que no concederá. Aunque la clave de que todo se haya acelerado es que desde hace semanas ERC ya ha manifestado que estaría de acuerdo en abordar una rebaja.

El presidente del Gobierno cumple así con el calendario que ABC desveló hace dos semanas: iniciar la modificación del Código Penal «cuanto antes» pero después de los Presupuestos. Por entonces se estaban sustentando el debate de las enmiendas a la totalidad a las cuentas públicas. Ahora, con el proyecto presupuestario habiendo iniciado ya su tramitación y habiendo superado el momento parlamentario en que los independentistas podrían haberlo hecho fracasar (como ocurrió en 2019 con su primer proyecto de Presupuestos, lo que le obligó a convocar elecciones) Sánchez decide lanzar la reforma.

Y lo hace, como estaba previsto, a través de una proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios. Que se presentará este viernes en el Congreso de los Diputados. La elección de esta vía legislativa no es casual. Porque implica que se podrá aprobar de forma más rápida. Se tratará de una tramitación más rápida ya que no necesitará de los informes de los órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial.

Sánchez negó en la entrevista televisiva que la reforma pudiese servir, eventualmente, para que el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no rinda cuentas ante la Justicia española, ya que, explicó, «los delitos que se cometieron en el año 2017 son delitos que continúan estando presentes en nuestro Código Penal, no ya como delitos de sedición, que es un delito que nos viene de doscientos años atrás, sino como una nueva tipología de delitos, que se llama desórdenes públicos agravados» concluyó el jefe del Ejecutivo.

Las reacciones al anuncio no tardaron en llegar. ERC celebró lo que considera una iniciativa «muy positiva», lo que vaticina una posible entente con los independentistas para llevar adelante la iniciativa. Todo lo contrario que el PP, ya que fuentes de la dirección nacional de los populares aseguran que el presidente del Gobierno «ha confirmado hoy que el Código Penal de nuestro país es la moneda de cambio con el independentismo para facilitar su permanencia en el Palacio de la Moncloa un año más». Las mismas fuentes añaden que «las leyes de España no pueden redactarse en la sede de ERC por la conveniencia política de Pedro Sánchez. Ni la Constitución ni el Estado de derecho pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político, y menos a las de aquellos que se levantaron contra nuestra nación. En ningún país europeo se tocaría el delito de sedición de la mano de los sediciosos».

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, se limitó a publicar un lacónico y críptico mensaje en su perfil de Twitter, donde escribió «traidor», refiriéndose inequívocamente a Sánchez. Más palabras empleó la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien en la misma red social señaló que el presidente «desguaza el Código Penal a medida de los condenados por sedición», algo que para la líder de los liberales supone «un antecedente muy peligroso y una cesión arbitraria al separatismo solo para seguir en Moncloa. No tiene límites» concluyó.