Por qué es falso que el delito de sedición tenga un castigo más duro en España que en el resto de Europa

El jefe del Ejecutivo afirmó anoche en una entrevista en La Sexta que el nuevo tipo penal -que pasará a llamarse de «desórdenes públicos agravados»- será «más o menos homologable» con otras democracias europeas como Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Suiza, y las penas por ese delito serán las que rigen en los códigos penales de los citados países.

La inmensa mayoría de códigos penales de las principales naciones europeas castigan, aunque el término con el que se identifique al delito pueda variar, conductas como las que llevaron a los líderes del procés a ser condenados a entre nueve y trece años de prisión por los magistrados del Tribunal Supremo.

En España, las penas por sedición están reguladas en virtud del artículo 545 del Código Penal, que especifica lo siguiente: «Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad». Además, la norma estipula que se impondrá a los condenados la «inhabilitación absoluta por el mismo tiempo» de condena. La rebelión, por su parte y entre todos los supuestos, lleva aparejadas penas que comprenden entre cinco y 25 años de prisión y también contempla la inhabilitación .

Al comparar el fondo de estos delitos, en algunos países de la Unión Europea (UE) las penas por comportamientos similares al delito de sedición español -entre ocho y quince años- son incluso mayores. En Alemania, por ejemplo. se contempla la cadena perpetua para intentos violentos de alterar el orden constitucional. En Italia, por su parte, los atentados contra la unidad del Estado están penados con condenas de prisión superiores a doce años. Y en Francia, los condenados por sedición también reciben severas penas de privación de libertad que pueden llegar hasta los quince años.

Si finalmente el Gobierno lleva a cabo esta reforma y las condenas por rebelión o sedición terminan reduciéndose, cabe esperar que ocurra lo mismo con las penas de inhabilitación. Este hecho facilitaría la reactivación de las carreras políticas de todos los líderes del procés condenados después de orquestar el golpe del 1 de octubre en Cataluña.

Por Rosalía Sánchez (Berlín)

En Alemania, los equivalentes a rebelión y sedición son los delitos de alta traición contra la federación o contra un Estado. La primera consiste en intentar perjudicar la existencia de la Federación o cambiar el orden constitucional; la segunda, considerada menos grave, incluye una modalidad destinada a perseguir los intentos de agregar o separar un territorio o un Estado. Ambas modalidades exigen violencia o intimidación.

El artículo 81 del Código Penal germano prevé penas de entre 10 años y cadena perpetua para los intentos con «violencia o amenaza de violencia» de «perjudicar la existencia» o «cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución del Estado». Menciona expresamente el «castigo de por vida» para esta violación del orden establecido. El artículo 83 también recoge el delito de «preparación» de una operación de alta traición, que no haya sido consumada y con penas de entre tres meses y cinco años.

En 2017, el Tribunal Constitucional dictaminó que el Land de Baviera no tiene derecho a celebrar un referéndum de independencia porque su secesión vulneraría la Ley Fundamental de Alemania. Los magistrados emitieron una providencia de inadmisión a raíz de la petición de un ciudadano que había preguntado a la máxima instancia judicial germana si sería legal la convocatoria de una consulta de autodeterminación.

«En la República Federal de Alemania, que es un Estado-nación basado en el poder constituyente del pueblo alemán, los estados no son dueños de la constitución. Por lo tanto, no hay espacio bajo la Constitución para que los estados individuales intenten separarse. Esto viola el orden constitucional», sostiene el dictamen del alto tribunal germano.

Por Juan Pedro Quiñonero (París)

En Francia no hay partidos independentistas, pero los delitos de rebelión y sedición están severamente castigados. El delito de rebelión está definido por el artículo 433-6 del Código Penal , en estos términos: «Constituye un delito de rebelión el hecho de oponer resistencia, por la fuerza, a una persona depositaria de la autoridad pública o encargada de una misión de orden público, en el ejercicio de sus funciones, para ejecutar leyes, cumplir órdenes o ejecutar decisiones o sentencias de justicia».

El legislador no da una definición precisa de la noción «resistencia violenta», dejando a los jueces la aplicación de la jurisprudencia. El castigo y la represión del delito de rebelión están definidos por el artículo 433-7 del Código Penal y pueden oscilar de dos a tres años de cárcel y de 30.000 a 45.000 euros de multa. Cuando el delito de rebelión se ha cometido en grupo «con circunstancia agravantes», puede castigarse con cinco años de cárcel y multas de 75.000 a 150.000 euros.

El delito de sedición está tipificado por el artículo 412-3 del Código penal y es definido de este modo: «Constituye un movimiento insurreccional toda violencia colectiva de naturaleza a poner en peligro las instituciones de la República o amenazar la integridad del territorio nacional». El artículo 412-5 del Código Penal castiga los delitos de sedición con quince años de cárcel y 225.000 euros de multa. Los artículos 412-5, 412-6 y 412-8 elevan las multas hasta los 300.000 y 750.000 euros, para quienes se consideran culpables de armas, dirigir u organizar un movimiento insurreccional.

Ángel Gómez Fuentes (Roma)

El Código penal italiano -reformado en el año 2006- condena (artículo 241) «los atentados contra la integridad, la independencia o la unidad del Estado, con penas no inferiores a 12 años de cárcel. La pena se agrava si el hecho es cometido con violación de los deberes inherentes al ejercicio de las «funciones públicas».

En el artículo 655 se especifica que «debe considerarse sediciosa la conducta que revela rebelión hacia los poderes públicos y hacia los órganos del Estado». Antes del año 2006, esos delitos contra la unidad del Estado se castigaban con cadena perpetua. Las penas por malversación de dinero público (artículo 316 ) son de cárcel entre 6 meses y 4 años.

Los movimientos autonomistas, independentistas y secesionistas en Italia son viejos y jamás han constituido un peligro desde la unidad de Italia, que se produjo el 17 de marzo de 1861. Las pretensiones de independencia de Cataluña y su campaña del referéndum hizo que en algunas regiones se desempolvaran ligeramente sus antiguas aspiraciones, alimentadas por un referéndum de autonomía en Véneto y Lombardía.

Francisco Chacón (Lisboa)

En Portugal no existen los nacionalismos ni, por tanto, los partidos independentistas. Las dos únicas regiones autónomas vigentes corresponden a los archipiélagos de Madeira y de Azores , pero con un número muy limitado de competencias y sin tensiones separatistas. Su objetivo es la búsqueda de soluciones para su día a día insular, no canalizar sentimientos contra Lisboa.

Partiendo de ahí, no se contemplan los delitos de sedición ni de rebelión en el Código Penal del país vecino, aunque se mencionan algunos tipos de conducta que pueden perjudicar al Estado (más por cobertura teórica que otra cosa). El primero de los delitos que más se aproxima es «la alteración violenta del Estado de derecho o incitación a la desobediencia colectiva o a la guerra civil». Para ello, tendría que darse el caso de un hipotético «tumulto» que atentase contra la integridad de Portugal. Después figura el delito «contra la paz pública» o «instigar a otros a tener comportamientos violentos con el fin de perjudicar a una provincia del territorio nacional». Igualmente se tipifican las amenazas a un funcionario o a un policía, como también «la desobediencia a la notificación en una protesta».

Ivannia Salazar (Londres)

El Reino Unido tiene tres jurisdicciones: Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Aunque todas comparten como legislador al Parlamento de Westminster, cada una tiene sus propios parlamentos y cortes. Más que por las leyes, su sistema es jurisprudencial y se basa en el llamado «common law», es decir, un conjunto de leyes no escritas basado en precedentes legales establecidos por los tribunales. Dicho esto, las leyes británicas no recogen el delito de rebelión. Lo más parecido es el delito de traición y la sedición fue abolida como tal y lo más parecido es un delito contra el orden público, cuya proporción punitiva con la legislación española es diferente. No existe legislación en el Reino Unido sobre el delito específico de malversación, que puede juzgarse bajo los paraguas de robo, fraude o lavado de dinero. Pueden ser penados con un máximo de diez años de cárcel.

Por otra parte, los partidos independentistas no solo son legales, sino que el más importante, el Partido Nacional Escocés (SNP) es el tercero en número de diputados en la Cámara de los Comunes, e incluso consiguió que se celebrara en el 2014 un referéndum de independencia en el que ganó el no a la separación de Reino Unido. Este año han vuelto a solicitar permiso para una nueva consulta, que les ha sido denegado, pero la independencia de Escocia, sobre todo tras el Brexit, será el tema central de su legislatura.