El PSOE tapa la enmienda de ERC que amnistía el 'procés' con un delito nuevo de apropiación

La propuesta, incorporada junto a Unidas Podemos, persigue castigar con entre seis meses y tres años de cárcel e inhabilitación de dos a siete años a los cargos públicos que durante el lustro siguiente a su salida del puesto, incrementen su patrimonio o cancelen deudas de más de 250.000 euros y no los puedan justificar. La introducción de este tipo penal es una reivindicación clásica de los juristas para facilitar la lucha contra la corrupción, que en el Código Penal español se articula con herramientas como el cohecho, la apropiación indebida o los delitos contra la Hacienda Pública.

Aunque el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, insistió en rueda de prensa en que su iniciativa no guarda relación con la que afecta a la malversación, el hecho es que en los últimos días el malestar en las filas socialistas por un acuerdo con ERC sobre ese cambio que en la práctica sería amnistiar a todos los implicados en el ‘procés’, estaba siendo muy fuerte.

De ahí que este viernes, cuando además se conmemoraba el Día Internacional contra la corrupción, los socialistas encontrasen en este nuevo tipo penal la vía para poder hacer un discurso más digerible en el partido. «No es para contrarrestar nada. Es para seguir avanzando en la lucha contra la corrupción», subrayaría López.

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Isabel Vega

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Más relevancia tendrá la posición que adopte el grupo parlamentario respecto del texto que ha propuesto ERC. La enmienda sobre la malversación se avanzaba «quirúrgica» y al final, según diversos expertos, ha resultado «un traje a medida» de los implicados en el proceso soberanista de 2017.

Se propone una modificación de la redacción actual del delito de malversación, que abarca la administración desleal de los caudales públicos, para acotarla, con distintos agravantes, a dos supuestos clave. Uno, que «la autoridad o funcionario» con «ánimo de lucro», se apropie o consienta que otro se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo. La pena, de dos a seis años de prisión o de cuatro a ocho si son más de 50.000 euros o piezas de valor artístico o patrimonial.

El otro supuesto clave, introducido con un artículo ‘bis’, persigue a esa autoridad o funcionario que «sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas». La pena ahí va de seis meses a tres años.

Ninguno de estos supuestos concurre en el caso de los implicados en el ‘procés’, pues ni mediaba ánimo de lucro personal ni tampoco iba a usos «particulares y ajenos a la función pública» desde la que convocaron un referéndum ilegal costeado por el erario público.

Aquello era una malversación, según la sentencia del Supremo, entendida como administración con deslealtad de lo que es de todos y en su caso, para la comisión de un delito, el de sedición. Este decaerá si finalmente prospera el proyecto de ley y el de malversación para ellos también si prospera el texto de ERC. La reforma abre además la puerta a revisiones de sentencias de otros condenados que no entrasen en esos dos supuestos, pero no está claro que vaya a cuajar.

En el PSOE avanzan ya su intención de modificar la propuesta para limitar su alcance porque no aceptarán «ningún retroceso» en la lucha contra la corrupción y que «cualquier uso irregular o arbitrario de los fondos públicos tiene que estar penado». La vocación de los socialistas es minimizar daños de una rebaja que saben que puede tener un enorme coste por estar pensada para complacer a los independentistas. El plan es limar el texto para que casos en los que no hay enriquecimiento personal pero sí desvío de fondos públicos a terceros o financiación de partidos no se vean favorecidos por esta reforma.

Así las cosas, el debate sobre la malversación sigue vivo. El texto registrado por ERC será la base para seguir negociando. Para los socialistas, hay dos líneas rojas claras. Las modificaciones no pueden beneficiar «a procesados y condenados por corrupción» y el uso indebido de los fondos públicos no puede quedar sin reproche penal.

En la práctica, el texto que propone ERC devolvería el Código Penal a un escenario previo a 2015, el que impidió perseguir penalmente a Artur Mas por los fondos que empleó en el conato de referéndum del 7-N. También permitirá revisiones de condenas por malversación, aunque con resultado incierto, porque cabe margen de interpretación judicial sobre las premisas que pauta respecto de los fines «particulares y ajenos» a la función pública.

Aunque este viernes terminó el plazo de enmiendas a la proposición de ley, el PSOE prevé articular esa iniciativa para ‘limar’ la de ERC con una transaccional, de manera que puede presentarse incluso el día de la votación en el Pleno, fijado ya para el 15 de diciembre.

El margen es ajustado porque todo este potente paquete de medidas para reformar artículos distintos del Código Penal se está tramitando por la vía de urgencia y después además de haber optado por una proposición de ley de los grupos parlamentarios y no por un proyecto de ley del Gobierno, una fórmula con la que se elimina el requisito de solicitud de informes a los órganos consultivos. Estará aprobado antes de que finalice 2022.

El portavoz socialista, Patxi López, justificaba así que se vayan a usar enmiendas a una proposición de ley para modificar asuntos tan nucleares: «Abrir el Código Penal no es fácil, no se hace todos los días. Una vez que lo hemos hecho, aprovechamos».

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, lo hacía en la misma línea: «Se podía haber hecho mejor y con más tiempo. Pero llegamos a final de año y son deberes pendientes que habían quedado ahí. No podíamos empezar el nuevo año sin cerrar esas carpetas».