Rajoy, Sáenz de Santamaría y Cospedal, llamados a comparecer en el Congreso sobre la 'Operación Cataluña'

Tras unas semanas agónicas y varios reveses parlamentarios, el Ejecutivo ha tomado durante los últimos días algunas decisiones que parecen encaminadas a contentar a sus socios de investidura e intentar aflojar la tensión. A la retirada a inicios de semana de la senda de estabilidad presupuestaria para intentar iniciar una nueva negociación, ayer se formalizó la reanudación de los trabajos de las comisiones de investigación demandadas por los independentistas catalanes. En un pacto con sus aliados parlamentarios, el PSOE aceptó una lista de veinte personas que deberán comparecer en la Cámara Baja para dar cuentas del supuesto espionaje a políticos catalanes.

Los interrogatorios comenzarán el 15 de octubre con el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex número dos de la Policía Eugenio Pino. Y el ambiente irá subiendo hasta llegar a los últimos comparecientes: Artur Mas y Mariano Rajoy. En medio, por sede parlamentaria tendrán que pasar también otros miembros de la cúpula de Interior de Jorge Fernández Díaz, ministro incluido, y destacados dirigentes del Gobierno del PP como Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal o Cristóbal Montoro. También están incluidos los políticos Xavier Trias u Oriol Junqueras.

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En cuanto a la comisión que investigará los atentados del 17A, el Ejecutivo, como ya había sugerido, cedió a las presiones de Junts y dio el visto bueno a un plan de trabajo que incluye la petición de desclasificación de todos los documentos relacionados con los ataques, sobre todo los que afectan a la relación entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty. El acuerdo de PSOE, Sumar y Junts –y que contó también con el apoyo de Bildu y PNV– reclama también detalles sobre las reuniones que tuvieran miembros de los Servicios de Inteligencia con el imán en la cárcel de Castellón y la transcripción de las entrevistas que mantuvieran con él.

Los de Carlos Puigdemont, sin embargo, no parecen dispuestos a caer rendidos ante estos guiños que les lanza el Palacio de la Moncloa. Para ellos, todo entra dentro de la normalidad y el Gobierno tendrá que esforzarse en conseguir su apoyo en cada una de las iniciativas que quiera sacar adelante.

«Cada tema tiene su carpeta», repetían ayer desde Junts como metáfora del famoso partido a partido futbolístico. La delegación de los neoconvergentes en el Congreso sostiene que su postura nunca ha cambiado: si el Gobierno negocia con ellos, podrá contar con sus mágicos siete votos; si les ignora, tumbarán sus propuestas. Es lo que aseguran que sucedió con la primera votación de la senda de estabilidad presupuestaria, con la reforma de la ley de extranjería en el mes de julio o la pasada semana en la toma de consideración de la ley registrada por Sumar para limitar el precio del alquiler de temporada.

Lo que está claro es que el Gobierno no tiene despejado el camino de la legislatura pese a estos intentos de contentar a sus socios y Sánchez tendrá que seguir batallando cada iniciativa que presente. Desde Junts se incide en que ellos no están «en ningún bloque» y quien quiera su apoyo tendrá que negociar. «Solo hay una pregunta para definir nuestro voto, ¿beneficia a Cataluña?». Y todo ello sin que aún haya comenzado la negociación de los Presupuestos.