Junts arranca al Gobierno el compromiso de desclasificar documentos del CNI sobre los atentados del 17-A

No es la primera vez que el Gobierno cede a las peticiones de los independentistas respecto a documentación del Centro. Cabe recordar que el pasado enero el Consejo de Ministros aprobó la desclasificación parcial de documentos del CNI sobre el espionaje con un 'software' israelí, Pegasus, al entonces presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Será este jueves cuando se reanudarán en la Cámara baja los trabajos de la comisión sobre los atentados que, hasta este martes, llevaba meses paralizada. La propuesta, que se votará mañana, incluye levantar el secreto del registro de visitas en prisión de miembros de los servicios de inteligencia al imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, cerebro de los atentados; así como las transcripciones de las entrevistas mantenidas con éste, entre otros documentos.

Es Satty fue uno de los terroristas que murió en la explosión registrada en la vivienda de Alcanar el 16 de agosto, un incidente que, según la sentencia dictada tras el juicio, llevó a los yihadistas supervivientes a improvisar con el atropello masivo de Las Ramblas de Barcelona al día siguiente y el ataque de Cambrils, el 18.

Tras los ataques del 17-A, sectores del independentismo y algunas víctimas alimentaron teorías de la conspiración, precisamente, en torno a la figura de Es Satty y su relación con el CNI, ya que el Centro contactó con el imán en 2014, cuando éste cumplía una condena en la prisión de Castellón por tráfico de drogas. De ahí que algunos extendiesen la sombra de las sospechosa por una supuesta pasividad de los servicios de inteligencia ante la masacre. También hubo quienes afirmaron que el imán seguía vivo, y no había perecido en la explosión de Alcanar, pese a que el fallecimiento lo corroboraron los informes forenses.

Entre los defensores de esta tesis, un diputado de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, también abogado del padre de una de las víctimas. Los Mossos lo descartaron, y la justicia avaló sus pesquisas, al considerar una «verdad científicamente constatada» que el imán estaba muerto. Sin embargo, el Govern alimentó entonces la teoría de la conspiración sobre el ataque que mató a 16 personas y causó decenas heridos. Enterrado el bulo primigenio con una verdad jurídica –la sentencia de la Audiencia Nacional–, en enero de 2022, el Ejecutivo catalán, entonces comandando por Pere Aragonès (ERC), reclamó investigar qué tenía de cierta la declaración de un imputado, el excomisario José Manuel Villarejo, que por aquellas fechas apuntó a una presunta vinculación entre el CNI, el imán de Ripoll y el atentado.

Esa no fue la primera vez que el independentismo se aferró a esta tesis. El Govern de Quim Torra ya había abrazado la teoría de la conspiración, retorciendo informaciones periodísticas, con el objetivo último de vincular al Estado con al ataque, dada la proximidad del referéndum del 1-O.

También la que que fuera presidenta del Parlament, Laura Borràs (Junts), fue un paso más allá, y anunció que presentaría una denuncia ante la Fiscalía para determinar el papel de los servicios de inteligencia en el ataque. Incluso el consejero de Interior durante los atentados, Joaquim Forn (Junts), reclamó también una «investigación a fondo».

Los Mossos, encargados de investigar los atentados, siempre han cerrado la puerta a cualquier especulación en torno a la masacre. «Fue una célula de Ripoll la que planificó el atentado y ejecutó acciones terroristas como consecuencia de la explosión no esperada en Alcanar. Tenemos claro cómo se produjo porque hemos llevado la investigación». Esas fueron las palabras del comisario Eduard Sallent en vísperas del segundo aniversario del 17-A . Cuando se cometió, estaba al frente del área de análisis e inteligencia del Cuerpo.