El PSOE puede representar a Vox en la acusación popular del caso Montoro

De acordarlo, esto supondría que todos los partidos, sindicatos y asociaciones personados, incluido por tanto Vox, quedarían bajo la batuta del primero que se personó como acusación popular: El PSOE. Si bien la consultora Equipo Económico, fundada por el exministro e investigada en la causa, se ha adherido a la posición de la Fiscalía, algunas de las acusaciones consultadas por ABC indican que esto no es más que un intento por «diluir la pluralidad, controlar el procedimiento y domesticar la justicia».

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Lo cierto es que, en caso de aglutinar a todas, en ese 'paquete acusatorio' coexistirían y se coordinarían -a la fuerza- el PSOE, Vox, Podemos, Iustitia Europa, el sindicato Manos Limpias, la Asociación Defensa de Integral Víctimas de Delito Especializada, Sociedad Humana, la Confederación General del Trabajo (CGT) y el particular Luis José Sáenz de Tejada.

Esa variedad de intereses políticos, explican algunas de las acusaciones consultadas, hace difícil que puedan llegar a ponerse de acuerdo a la hora de diseñar la estrategia procesal a seguir, y por eso, varias avanzan que se opondrán por escrito a esa unificación.

El primero que lo ha hecho ha sido el partido de Santiago Abascal, que sostiene que esa unificación supondría una limitación al ejercicio de la acusación porque «la dirección (del PSOE) tiene la exclusividad decisoria de la estrategia y de la acción procesal». Por eso, entienden que quedarían «al arbitrio» del partido de Gobierno, que tendría la última palabra para aceptar o rechazar propuestas.

Indican al magistrado Rus que hasta la fecha, y desde que se levantara el secreto de las actuaciones en julio, «no ha existido ninguna circunstancia, hecho o actuación que suponga siquiera el riesgo de que pudieran producirse dilaciones». Y recuerdan que hasta ahora, y en esta fase tan primaria de la instrucción, se ha seguido un buen «ritmo» procesal a pesar de la complejidad de la investigación.

Al margen, desde Vox ponen el acento en que existe una «notoria falta de convergencia de intereses» entre las acusaciones populares, algo con lo que coinciden con Manos Limpias, desde donde señalan que cada una tiene una finalidad e intereses distintos.

Desde Iustitia Europa, que también están en contra de la unificación, advierten de que no están en esa acusación «para ser correa de transmisión ni del PSOE ni del PP». Apuntan que ambas formaciones «son responsables de décadas de corrupción y redes clientelares», por lo que ahora no les sorprendería que se vean beneficiados por una «operación procesal» de este tipo. «Quieren reducir a la acusación popular a un trámite burocrático sin capacidad procesal real», lamentan.

En cualquier caso otras fuentes jurídicas consultadas explican que el hecho de que el PSOE dirigiera al resto ni siquiera le convendría a los de Pedro Sánchez habida cuenta que deberían entenderse o tratar de coordinarse con el partido de Abascal, del que reniegan y al que tachan de formación de ultraderecha. Así, en caso de que el juez estime la petición de la fiscal Anticorrupción Carmen García Cerdá, los letrados de los socialistas estarían obligados a ponderar, valorar y discutir propuestas de Vox en esa investigación que afecta al PP por cuanto Montoro fue ministro de los 'populares' en los gobiernos tanto de José María Aznar como de Mariano Rajoy.

Otras fuentes jurídicas consultadas reconocen que nueve acusaciones populares más las representaciones legales de todos los encausados pueden ser difíciles de digerir para un juzgado de las dimensiones del de Tarragona, y entienden que la unificación es razonable. Por eso, otra opción que se baraja es agrupar las acusaciones por intereses.

Es previsible que el juez resuelva sobre esto antes de poner fecha a las declaraciones de los imputados en esta causa en la que se investiga si hubo pagos a Equipo Económico a fin de obtener modificaciones legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales.