Diez años de mandato, tres presidentes, cuatro bajas y tres intentos de acuerdo

El primer intento se llevó a cabo en agosto de 2018, cuando con vistas al cumplimiento del mandato del Consejo, Lesmes comunicó al Congreso y al Senado la apertura de plazo para presentar candidaturas, pues los veinte vocales son elegidos a partes iguales por ambas cámaras: diez cada una (cuatro juristas y seis jueces). Poco después les remitía la lista con los 51 candidatos elegidos por las asociaciones sobre la que ambas cámaras tendrían que elegir a esos doce jueces.

El 12 de noviembre se dio a conocer el acuerdo por el que PSOE y PP pactaban un CGPJ de 11 vocales progresistas y 9 conservadores con el presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, en la cúspide del órgano. El acuerdo descarriló tras trascender un mensaje de whatsapp del entonces portavoz del Senado Ignacio Cosió a los 146 senadores 'populares' del momento para apaciguar los ánimos ante las críticas internas por el pacto.

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I. Pereira

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«Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional, (...) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y 'auctoritas' para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la Sala Segunda desde detrás», decía Cosidó.

La reacción de Marchena no se hizo esperar y en una carta que hizo pública inmediatamente después de conocer ese mensaje del senador anticipó públicamente su «decidida voluntad de no ser incluido, para el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial«. »Mi trayectoria como Magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional«, señaló.

El acuerdo saltó por los aires y el tiempo fue pasando sin que se vislumbrara ninguna posibilidad de pacto. Hasta cuatro cartas envió el entonces presidente del CGPJ a las Cámaras urgiéndoles a la renovación del órgano y al cumplimiento del mandato constitucional. Su peticiones no fueron escuchadas hasta el punto de que se vio obligado a presidir cuatro aperturas del Año Judicial en funciones llamando en todas ellas a la responsabilidad institucional. La última, el del 7 de septiembre de 2022, supuso un punto de inflexión porque ahí deslizó una amenaza de dimisión que cumplió un mes después para forzar sin éxito el acuerdo PSOE-PP.

Pero antes de que eso sucediera hubo otro intento de acuerdo motivado por la amenaza del Gobierno de reformar la ley para rebajar las mayorías en la elección de los vocales del CGPJ y la prohibición de que el CGPJ pudiera hacer nombramientos estando en funciones. Ante las críticas de Bruselas, de la oposición y de las asociaciones judiciales, el Ejecutivo retiró la primera, pero mantuvo la segunda, que se aprobó en marzo de 2021.

La maniobra propició que los negociadores volvieran a sentarse a la mesa. Esta vez Félix Bolaños y Teodoro García Egea. Pactaron renovaciones pendientes como la del Tribunal Constitucional (TC) y dejaron el CGPJ para más adelante. Pero dos nombres volvieron a dinamitar el acuerdo: Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, los dos candidatos que Podemos quería promocionar al Consejo y que el PP se negó a aceptar. Repuestos de ese revés, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró que las conversaciones seguían y que la lista estaba hecha, a falta de que el PP quisiera hacerla pública.

Pero el devenir político se impuso de nuevo a la 'hoja de ruta'. El 22 de junio de ese año el Gobierno indultó a los condenados por el 'procés' y la renovación volvió a naufragar. En medio hubo elecciones en Andalucía, donde el PP salió victorioso y trazó un línea clara: el cambio en el modelo de elección de los doce vocales jueces, en el sentido de que fueran elegidos por la carrera.

La renuncia de Lesmes al menos sirvió para reanudar las conversaciones entre socialistas y populares hasta el punto de que ese otoño de 2022 perfilaron un acuerdo global que contemplaba la renovación del CGPJ y la plaza vacante de Alfredo Montoya en el Tribunal Constitucional. Pero todo volvió a desmoronarse cuando el Gobierno ocultó al PP que iba a suprimir el delito de sedición y reformar el de malversación. El acuerdo saltó por los aires el 27 de octubre y desde entonces no ha vuelto a haber más acercamientos hasta este año, en los que, a petición del PP, la Comisión Europea ha ejercido de mediadora. Hoy, 25 de junio, el acuerdo ve por fin la luz.