El PSOE lleva al Tribunal Constitucional el veto del Senado a la ley que beneficia a presos de ETA

La alarma saltó cuando la reforma estaba ya lista para su aprobación definitiva en el Senado. Fue entonces cuando PP y Vox se dieron cuenta de que habían avalado sin ser conscientes de ello un texto que incluía un punto que permitiría la reducción de condenas de cuatro decenas de etarras.

La oposición puso entonces todos los mecanismos en marcha para intentar frenar su aprobación definitiva. Primero se retrasó su debate en Pleno para ganar tiempo y después, en un movimiento sin precedentes, el presidente del Senado, Pedro Rollán, dio por vetada la ley por no tener el apoyo de la Cámara.

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María Lozano

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Ambas decisiones son las que ahora recurre en amparo el PSOE. En primer lugar, el Grupo Socialista considera que, al aplazarse la votación, se vulneró el derecho de participación política de los senadores que habían solicitado el voto telemático.

A ello se suma la decisión «unilateral y arbitraria» del presidente de la Cámara de dar por aprobado el veto acogiéndose a un informe de la letrada mayor «que no se dio a conocer ni a la Mesa ni a la Junta de Portavoces», ha denunciado el portavoz socialista, Juan Espadas.

Para el PSOE, esto deja sin sentido el conflicto institucional que el PP ha anunciado que presentará al no aceptar el Congreso su veto. «Ha habido vulneración del derecho de participación política, del Reglamento del Senado y del artículo 90 de la Constitución», ha repasado.

Este mismo martes la Mesa del Congreso ha aprobado una respuesta al escrito del presidente del Senado en el que pedía que reconsiderase su decisión de no devolver al Pleno la ley que beneficia a presos de ETA y enviarla al Gobierno para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que sucedió el sábado, por lo que entrará en vigor el 8 de noviembre.

El órgano rector de la Cámara Baja, esta vez apoyado en un informe por escrito de su letrado mayor, Fernando Galindo, ha defendido su criterio y ha contestado que la Cámara Alta en ningún caso aprobó un veto que obligase a que la norma fuese nuevamente discutida en el Congreso.

El Partido Popular, por su parte, anunció la pasada semana que pedirá al Senado que lleve al Tribunal Constitucional la decisión del Congreso de no volver a debatir la reforma legislativa, como ha sucedido. Este paso tiene que ser aprobado en el Pleno del Senado para que envíe un requerimiento al Congreso y, si no contesta satisfactoria, activar entonces el recurso constitucional. Es lo mismo que sucedió con la tramitación de la ley de amnistía, aunque entonces el PP dejó morir el procedimiento en el Senado sin formalizar el recurso ante el Alto Tribunal.

De momento, la Mesa de la Cámara Alta se ha reafirmado este martes en su decisión de dar por vetada la reforma legislativa y así ha contestado a un escrito de reconsideración que había presentado el PSOE, repitiendo los argumentos jurídicos que ya usó Rollán para tomar esta decisión.