La principal empresa de la trama Koldo entra en preconcurso de acreedores
El Gobierno balear reclama a Soluciones de Gestión 3,7 millones por las mascarillas 'fake' de Armengol
La sociedad ha comunicado que se encuentra «en una delicada situación» y necesita «un acuerdo de reestructuración» de deuda
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Javier Chicote y Adriana Cabezas
Madrid
Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., la sociedad pantalla de la trama Koldo que pasó de facturar cero euros a casi 54 millones en mascarillas a distintas administraciones públicas gracias a la pandemia, ha entrado en preconcurso de acreedores. Según ... la documentación de la que ha tenido conocimiento ABC, la sociedad que Koldo García, exasesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, promocionaba para colocar material sanitario contra el Covid-19, ha presentado la Propuesta de Plan de Reestructuración.
Se trata de la figura creada en la nueva ley Concursal, de 2022, equivalente a la presentación del anterior preconcurso de acreedores. Con esta medida la empresa puede reestructurar su pasivo proponiendo a los acreedores quitas y daciones o demoras en los pagos, entre otras herramientas financieras. La sociedad, que tenía como intermediario a Víctor de Aldama, el comisionista de la trama, se ha puesto en contacto con los acreedores para hacerlos conocedores de esta situación. El acuerdo ante notario se habría firmado, según anunció la empresa, el pasado 4 de septiembre.
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Entre los acreedores de Soluciones de Gestión está el Gobierno de Baleares, dado que el anterior gabinete socialista de Francina Armengol -actual presidenta del Congreso de los Diputados- le compró mascarillas por valor de casi cuatro millones de euros que resultaron no ser conformes a las homologaciones. El 'Govern'de la popular Marga Prohens está en trámites de reclamación de esas cantidades a la empresa relacionada con Koldo García. Esto significa que si Soluciones de Gestión no consigue reestructurar su deuda, recuperar ese dinero público sería prácticamente imposible.
El escrito
La empresa se ha puesto en contacto con los acreedores, entre ellos el gobierno insular, mediante un escrito que comienza así: «Como ya conoce, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, S.L. se encuentra en una delicada situación, por lo que, desde hace ya unos meses estamos trabajando para lograr un acuerdo de reestructuración beneficioso para empresa y acreedores y que permita garantizar el pago a todos los acreedores». El documento añade que «por medio del presente le remito la Propuesta de Plan de Reestructuración consensuada con el experto independiente designado».
Cabe recordar que el anterior gobierno balear validó por escrito las mascarillas 'fake' como si fueran correctas. El entonces subdirector de Compras y Logística de IB-Salut, Antonio Mascaró, así lo firmó en un certificado datado el 12 de agosto de 2020. Manifestaba que la sociedad había suministrado el material «de manera satisfactoria», pese a que el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) había advertido a ese mismo gobierno más de dos meses antes que eran defectuosas: «El resultado de dicho análisis es que ninguna de las cuatro referencias cumple con los requisitos de una mascarilla tipo FFP2 y, en consecuencia, de su equivalencia KN95 que fue el tipo ofrecido y recibido por la empresa». El documento lo firma Daniel Sierra, administrador único de Soluciones de Gestión desde junio de 2021, en sustitución de José Angel Escorial. Ambos forman parte de la lista de investigados del caso Koldo en la Audiencia Nacional.
Sierra es considerado por los investigadores un hombre de Juan Carlos Cueto, el responsable de la mercantil en la sombra, también imputado. En su paso por la comisión de investigación de mascarillas en el Parlamento de Baleares optó por acogerse a su derecho a no declarar y aún está a la espera de ser citado por el juez Ismael Moreno, al frente de las pesquisas.
Como publicó ABC, el pasado marzo el Gobierno balear abrió una vía administrativa para recuperar los 3,7 millones de euros íntegros del contrato que Francina Armengol pagó a la empresa ahora investigada en la Audiencia Nacional por cohecho, entre otros presuntos delitos. La dirigente socialista adquirió a esta firma en abril de 2020 un lote de millón y medio de mascarillas defectuosas que nunca se utilizaron y que terminaron caducando sin que el gobierno socialista reclamara indemnización alguna en tres años.
Tuvo que perder las elecciones el PSIB para, justo antes de dejar el 'Govern' abrir una reclamación por 2,6 millones de euros. Esa cantidad es la diferencia entre el precio de las mascarillas encargadas, que eran de tipo FFP2, y las entregadas, sólo quirúrgicas, las más básicas. Sin embargo, el actual Gobierno de las islas considera que el contrato se incumplió y reclama la totalidad. Las mascarillas se encuentran apiladas en un almacén que alquiló el Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-Salut) en Marratxí, localidad anexa a Palma.
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