El presidente del CGPJ tacha la ley de amnistía de «transacción política» para investir a Sánchez

Así consta en un documento de nueve páginas hecho público este lunes, en el que Guilarte justifica su voto en blanco en el pleno que abordaba la legalidad de la proposición de ley de la amnistía. Encima de la mesa había dos informes opuestos: uno redactado por la vocal Mar Cabrejas, del sector progresista, a favor de avalar la medida y otro en contra, del vocal del sector conservador Wenceslao Olea.

En su escrito, Guilarte detalla que consideró «prudente mantener cierta neutralidad», pues insiste en que el Poder Judicial debe «abstenerse de intervenir en cuestiones políticas».

Noticia Relacionada

Aplazada la reunión de este miércoles con el comisario Reynders para renovar el CGPJ

ABC

Estaba previsto que Félix Bolaños y Esteban González Pons abordaran la renovación del órgano de gobierno de los jueces

Con su abstención, el CGPJ -por nueve votos a favor y cinco en contra- avaló el dictamen que concluía que la ley es inconstitucional y vulnera la separación de poderes y el principio de igualdad. Hubo un segundo vocal, Enrique Lucas, que también se abstuvo, como el presidente interino del CGPJ.

En ese documento, Vicente Guilarte, quien pone de relieve que ocupa la presidencia del órgano de gobierno de los jueces «aún de forma tan accidental como accidentada», incide en que no existen precedentes de la norma, ni en España ni en el resto de naciones en las que se han acordado medidas de gracia similares.

«A diferencia de cuantas leyes de amnistía hemos conocido, la que nos ocupa no es una mera medida de gracia otorgada unilateralmente por el Poder Legislativo, sino que tiene contrapartidas políticas de gran relevancia a cargo de los amnistiables», expone. En este sentido, niega que la amnistía pueda ser una «moneda de cambio de la consecución de una mayoría parlamentaria para la investidura, pues implica convertir la medida de gracia, por definición unilateral y gratuita, en algo bilateral y oneroso».

«Puede donarse gratuitamente un riñón, pero no a cambio de precio, de igual manera que no cabría indultar, menos aún amnistiar, a cambio de una contraprestación onerosa», insiste. Y continúa haciendo la siguiente reflexión: «Habrá que preguntarse, y no soy capaz de dar respuesta adecuada, si desde una perspectiva constitucional la extinción de la acción penal puede ser prestación correlativa a la obtención de una importante contrapartida política», apunta Guilarte.

Entre las razones por las que emitió un voto en blanco, destaca otro de sus argumentos. No cree que la norma tenga como finalidad alcanzar la «pacificación política y convivencial de Cataluña», dado que la misma «nunca fue esbozada previamente en el programa electoral» del PSOE. Es por ello que, a su juicio, la ley aprobada en el Congreso de los Diputados tiene su origen en una «causa relativamente simulada».

En el escrito, el presidente del CGPJ dedica también un espacio a analizar las comisiones de investigación que contempla la ley, que abren la puerta a que jueces y magistrados desfilen por el Congreso de los Diputados, «por resultar flagrantemente contrario al principio de autonomía e independencia judicial, así como a la necesaria separación de poderes».

Con todo, explica que con su abstención ha pretendido, «de cara al exterior, ofrecer un posicionamiento neutral pues, queramos o no, el planteamiento de constitucionalidad tiene sin duda fuertes connotaciones políticas a las que debiéramos intentar ser ajenos». Era consciente de que su decisión podía no gustar a todos. Y, en este sentido, Guilarte aclara que asume «los riesgos de no contentar con ello a unos y a otros, sobre todo a algunos».