El PP reclama a Armengol que paralice la tramitación de la amnistía tras las dudas legales de los letrados

Los populares consideran que es una decisión contraria a Derecho porque «una vez aprobado el dictamen de la Comisión de Justicia en relación con la proposición de ley orgánica de amnistía, se inició la última votación que, por tener carácter orgánico, de conformidad con lo previsto por el artículo 81.2 de la Constitución, exige que su aprobación obtenga mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto de la Proposición de ley».

Tellado recuerda en su escrito, al que ha tenido acceso ABC, que finalizada la votación de conjunto, que se realizó llamamiento, el resultado fue de 171 votos a favor y 179 votos en contra. «Es decir, la mayoría absoluta de la Cámara rechazaba la proposición de ley y, por tanto, decaía completamente, finalizando en ese momento su tramitación», defiende el PP en su escrito de reconsideración.

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Marta Martínez

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En el PP denuncian que automáticamente después de leer el resultado Armengol anunció que «se devuelve a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento». A continuación levantó la sesión «sin dejar opción alguna a este grupo parlamentario para mostrar su oposición a lo manifestado», crítica Tellado.

El PP considera que el citado asrtoculo 131.2 ordena el posible reenvío a la comisión de la que procede una proposición de ley en el caso de que «no se consiguiese el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara en una votación final sobre el conjunto del texto». El PP considera que esta previsión solo es de aplicación de haberse obtenido una mayoría favorable aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. En línea con lo que plantean algunos Letrados, como refleja la información publicada este viernes por ABC. El PP defiende que «lo que arrojó el escrutinio fue una mayoría absoluta contraria en la votación final sobre el conjunto del texto. Y ese resultado inapelable supone que la devolución a la Comisión de Justicia no es aplicable en este caso».

El artículo 79.2 de la Constitución establece que los acuerdos que adopten las cámaras «para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes». Añade el PP que en este caso se trata de un procedimiento de tramitación de una iniciativa legislativa orgánica que afecta «gravemente a derechos y principios fundamentales proclamados en la Constitución Española».

El PP esgrime que los dos únicos precedentes en que una proposición de ley ha vuelta a la comisión. Ambos casos en 1997, en el primer Gobierno de José María Aznar, cumplieron este proceso pero habiendo obtenido en el pleno la mayoría simple de los votos. Ahora el PP insiste en que «la mayoría absoluta de la Cámara rechazó la norma en su conjunto, por lo que no cabe su devolución a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, sino que la voluntad expresada por la Cámara fue su decaimiento». El PP incide en que la proposición de ley no es que no haya sido aprobada por mayoría absoluta, sino que ha sido rechazada por mayoría absoluta en la votación esencial de toda ley orgánica, que es la votación final de conjunto.

Tellado solicita a la Mesa del Congreso que «se reconsidere la decisión unilateral de la Presidenta» de devolver el texto a la Comisión de Justicia y que «se impida cualquier actuación o trámite parlamentario alguno tendente a reactivar o continuar un procedimiento legislativo que el Pleno ha rechazado por las consecuencias irreparables y de extraordinaria trascendencia constitucional que ejecutar una decisión arbitraria y contraria a Derecho comportaría dado que la iniciativa ha decaído».

Por su parte, el Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso también ha solicitado que se proceda a «la nulidad del acuerdo emitido» por la presidenta Armengol. En su escrito aluden al Reglamento de la Cámara Baja e insisten en que debería haberse obtenido, al menos, la mayoría simple para que permitir que la proposición de ley regresara a la Comisión de Justicia.

Argumentan que, además de lo que establece el artículo 131 del reglamento, en el artículo 79.1 se establece que «los acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría simple de los miembros presentes del órgano correspondiente, sin perjuicio de las mayorías especiales establecidas». Por este motivo, aseveran que se declare que la norma ha sido rechazada por el Pleno y que el procedimiento ha terminado.