Letrados del Congreso dudan sobre la legalidad de devolver la amnistía a la comisión

Al regular la tramitación de una devolución de una iniciativa orgánica, el Reglamento del Congreso se refiere siempre al resultado de «una votación final sobre el conjunto del texto» sin hacer alusión alguna al resultado que pueda tener la votación sobre el dictamen aprobado en la comisión. Fuentes socialistas descartan las dudas que expresan los letrados subrayando que el Reglamento «no exige» que la votación en conjunto deba obtener «una mayoría en el Pleno para no entenderse rechazada». Pero no explican por qué esa ausencia de mayoría no chocaría con la exigencia de la Constitución.

Al respecto, los citados letrados apuntan que, al exigir la Constitución mayoría para cualquier acuerdo en las Cortes, esa disposición del Reglamento fue redactada presuponiendo la existencia de esa mayoría «por que si no, no podría continuar la tramitación». «El sentido de las votaciones fue diferente: en una se alcanzó el umbral de la mayoría, pero en la otra no», subrayan, apuntando que «al menos» esta situación requiere de un dictamen jurídico.

En el Congreso solo existen dos precedentes de devolución de un texto orgánico a comisión después de haber llegado al Pleno y, a diferencia de lo sucedido con la amnistía, la votación arrojó en ambos casos más votos a favor que en contra. Es decir, existió una mayoría simple a favor de que la iniciativa se aprobara, pero fue devuelta a la comisión al no alcanzarse el requisito de la mayoría absoluta exigido para cualquier ley orgánica (176 votos).

Ambos precedentes se produjeron durante el primer Gobierno de José María Aznar ante dos propuestas de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El primero de ellos, en 1997, logró 169 votos a favor por 15 en contra y 139 abstenciones. El texto fue devuelto a la Comisión de Justicia, donde se elaboró un segundo dictamen que sí obtuvo la mayoría absoluta del Pleno. El otro precedente se produjo en 1999, cuando un nuevo intento de reforma de la misma ley cosechó 154 votos a favor, 141 en contra y 28 abstenciones. Pero, a diferencia del primer caso, la Comisión de Justicia no fue capaz de aprobar un nuevo dictamen con mayoría absoluta y la iniciativa caducó al concluir la legislatura.

Dentro de las «dudas razonables» que existen en el cuerpo de letrados del Congreso, el jurista que ha sido públicamente crítico con la amnistía, Manuel Fontecha, va más allá y apunta con convencimiento a un «defecto grave de procedimiento». «Para que un proyecto vuelva a la comisión necesita mayoría simple en el Pleno, porque con mayoría absoluta pasaría al Senado y sin mayoría quedaría rechazado». En su opinión, si el PSOE y Junts siguen adelante con esta proposición, «la ausencia de mayoría en la votación de conjunto del Pleno del Congreso tendrá que ser analizada por el Senado porque es un problema regulatorio que afronta y un elemento recurrible por defecto de procedimiento». En este sentido, también sostiene que esta circunstancia puede ser «examinada en los futuros recursos de inconstitucionalidad».

El PSOE, entretanto, sigue adelante. El Reglamento del Congreso concede una segunda oportunidad a las iniciativas que son devueltas a comisión y el nuevo calendario pasa porque la Mesa que preside la socialista Armengol fije el próximo martes quince días de plazo para que la Comisión de Justicia alcance una nuevo dictamen. En ese caso, este texto sería elevado al Pleno donde se enfrentará al dilema de obtener mayoría absoluta o ser definitivamente rechazado. Ya no habrá una posible vuelta a la Comisión de Justicia aunque obtenga mayoría simple.