El Gobierno esconde el informe del Greco sobre corrupción hasta el éxodo vacacional de agosto

El informe es negativo para el Ejecutivo de Pedro Sánchez porque concluye, como ya adelantó ABC, que España siguió sin avanzar en esta materia pese a haber entrado en procedimiento de incumplimiento en el año 2023 por unas recomendaciones que desoye desde 2019. «No cumple suficientemente», recoge el documento respecto a España y las directrices de la llamada Quinta Ronda de evaluación, referida a la prevención de la corrupción tanto en los Gobiernos centrales como en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Entre las recomendaciones que nuestro país ha intentado no implementar, el Consejo de Europa viene reclamando un mayor control sobre los miembros del Gobierno, señalando específicamente a los asesores -cargo que desempeña Koldo García sobre José Luis Ábalos-. Otra recomendación ignorada ha sido dar mayor poder a la Oficina de Conflictos de Intereses, cuyo papel ante la actuación de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa ha sido muy controvertido.

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Más allá de la conclusión de que España volvió a desoír en 2024 las recomendaciones para prevenir la corrupción en el Gobierno, el contenido íntegro de la evaluación no se conoce porque el Ejecutivo no autorizó su publicación a primeros del pasado mes de junio.

La luz verde del Estado evaluado es condición indispensable para que un dossier de estas características sea difundido. Y no ha sido hasta ahora, acuciado por las críticas por inacción frente a la corrupción lanzadas por sus socios, el propio Consejo de Europa e incluso la Comisión Europea, cuando el Gobierno ha asumido que no tiene más remedio que rebajar los argumentos en su contra.

Además, no era coherente que el presidente del Gobierno presentara su último plan de medidas frente al escándalo Cerdán ante el Congreso de los Diputados asegurando que había incluido las recomendaciones del Greco y que, al mismo tiempo, bloqueara la publicación del último informe de este órgano.

Así las cosas, el Ejecutivo ha autorizado la publicación del dosier pero pactando la fecha que menos daño puede hacerle. El 1 de agosto, al iniciarse el mayor éxodo vacacional del año, no solo cae el seguimiento de las noticias por parte de los ciudadanos sino que la presión de los medios de comunicación también baja al menguar sus plantillas. Algo que incluye a los principales locutores y presentadores de debates de actualidad en radio y televisión. La fecha elegida permitirá al Gobierno minimizar los daños de la difusión pública del informe ante la previsión de que su contenido sea muy contundente.

De hecho, en la misma reunión de junio en la que Greco aprobó este dossier, las conclusiones de los ponentes le parecieron tan inaceptables que decidió dar un paso más en el procedimiento abierto contra España. El movimiento acordado fue pedir al secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, que enviara una carta al ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, sobre «la necesidad de que se adopten medidas decididas para lograr avances tangibles lo antes posible» para prevenir la corrupción en el Gobierno y fomentar su «integridad». También se le pedía que invitara al Ejecutivo español a autorizar la difusión del informe «a la mayor brevedad posible».

Según ha podido saber ABC, la misiva fue enviada y redirigida por Exteriores al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Fuentes de este Departamento explican que la carta ya ha sido respondida a Berset «informándole de nuestro compromiso con la lucha contra la corrupción, que ya conocen». También señalan que Bolaños le ha trasladado que el Gobierno aprobará «el plan de medidas contra la corrupción más potente de la historia de nuestra democracia». No obstante, no especifican si este paquete comprende lo que ya ha presentado Pedro Sánchez ante Ferraz y ante el Congreso o si el Gobierno está preparando más medidas que aún no ha hecho públicas.

Con todo, estos dos meses de negativa a autorizar la publicación del informe no han sido inocuos para el Gobierno. Hace tres semanas provocó un toque de atención público del secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, ante el pleno de este organismo. «La corrupción es una amenaza grave para la confianza democrática», subrayó, antes de recordar que «apoyo, y siempre he apoyado, una mayor transparencia, incluida la publicación automática de los informes de Greco. Creo que sería un paso importante», pidió, tras una pregunta acerca de la corrupción en España formulada por el presidente de los populares europeos en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Pablo Hispán.

El bloqueo de España a la publicación de los informes también fue uno de los argumentos esgrimidos por la senadora popular Carmen Leyte para defender que el Consejo de Europa debía elaborar un informe específico sobre los casos de corrupción estallados en torno del Gobierno y el PSOE. La iniciativa fue aprobada por la Comisión Presidencial y la misión se pondrá en marcha el próximo mes de septiembre con la elección de los ponentes de la Comisión Legal que deberán realizar este informe.

Y es que llueve sobre mojado, porque el Gobierno ha retrasado la publicación de todos los dosieres anteriores de Greco sobre sus incumplimientos en materia de corrupción. El informe que se publicará el 1 de agosto es el cuarto -el tercero de seguimiento- y acabará viendo la luz prácticamente dos meses después de que fuera aprobado. Pero este retardo es menor que el sufrido por los anteriores. El Gobierno tardó seis meses en autorizar el informe global de evaluación y recomendaciones; otro tanto con el primer informe de seguimiento ante el incumplimiento de las medidas; y tardó 16 meses en dar vía libre a la difusión del segundo informe de seguimiento. No es de extrañar que Greco haya establecido un seguimiento más estrecho de lo que está sucediendo en nuestro país.