El PP estudia llevar al Constitucional la falta de Presupuestos por tercer año consecutivo

Fuentes del partido reconocen que se trata de un procedimiento complejo, que no se ha hecho antes y que requiere mucho rigor jurídico. En el PP hace tiempo que pisaron el freno a la hora de plantear recursos ante el Tribunal Constitucional, conscientes de que las probabilidades de éxito cada vez son más escasas. En ese sentido, hay dirigentes que apuestan por acudir lo menos posible para impedir fiascos que luego el Gobierno puede utilizar en su contra. Sin embargo, el debate sobre buscar la manera para actuar y rebelarse ante el flagrante incumplimiento constitucional de presentar Presupuestos también lleva mucho tiempo encima de la mesa. Hay otros cargos que consideran que el PP no puede dejar de atender su responsabilidad como oposición, con todos los movimientos que sean necesarios, por miedo a que el TC no les de la razón.

Y en este contexto la vía que gana peso es la de presentar otro conflicto de atribuciones desde el Senado, en esta ocasión dirigida contra el Gobierno. El grupo parlamentario del PP lo impulsaría y tendría que ser aprobado en el pleno de la Cámara donde, en realidad, los populares tienen mayoría absoluta.

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A menudo el partido de Feijóo ha hecho uso de su influencia parlamentaria en la Cámara Alta para promover recursos similares y plantear conflictos con el Congreso, donde se impone la mayoría del PSOE y Sumar. Sin ir más lejos, Feijóo avanzó este martes una nueva iniciativa, también ante el Tribunal Constitucional, contra el Congreso por las 34 leyes que mantiene bloqueadas y que ya se han aprobado en el Senado. El PP entiende que no es admisible evitar que sean debatidas cuando, además, muchas de ellas –17– tienen el apoyo de otros partidos en la Cámara Alta, lo que permitiría aprobarlas definitivamente en el Congreso si no cambiaran su voto.

A este conflicto de atribuciones se sumaría entonces uno nuevo relativo a los Presupuestos más adelante. Y ya serían nueve en esta legislatura. El artículo 73 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional define la capacidad que tienen los órganos constitucionales para actuar si estiman que alguno de ellos está asumiendo atribuciones que la Constitución o las leyes orgánicas le confieren a otro. Una vez comunicado y si no se produce una rectificación en el plazo de un mes, el órgano que ve indebidamente asumidas sus atribuciones puede plantear el conflicto ante el TC. Y según expertos constitucionalistas consultados y fuentes del PP, el hecho de que a las Cortes Generales (Congreso y Senado) se les impida celebrar el debate del proyecto presupuestario –tal y como también establece la Constitución– serviría para plantear ese conflicto contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

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Esa es la línea de trabajo que ahora mismo tiene el partido encima de la mesa para mover ficha ante la ausencia de cuentas públicas, y que no podía comenzar formalmente hasta el 30 de septiembre cuando ya el Ejecutivo confirma el tercer incumplimiento de la Carta Magna. A partir de ahora, fuentes populares explican que seguirán avanzando en este recurso, aunque al mismo tiempo reconocen «complejidades técnicas».

Y mientras tanto, lo que sí hará el primer partido de la oposición es llevar al Constitucional el bloqueo de todas sus leyes aprobadas en el Senado y que el Congreso mantiene en un cajón. Entre ellas hay una ley antiokupación que propone poder desalojar a los okupas en 24 horas y que ya acumula 60 ampliaciones de plazos para la presentación de enmiendas. Los populares denuncian que Francina Armengol no permite continuar la tramitación en la Cámara Baja porque saldría adelante e implicaría un nuevo varapalo para la política de Vivienda del Gobierno, que no tiene el apoyo de sus propios socios.

Hay otras iniciativas legislativas que también tuvieron un amplio consenso en el Senado como la bajada del IVA a los servicios de peluquería o mejoras en las condiciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de los funcionarios de prisiones, para los que proponen la categoría de «agentes de autoridad».

Con este movimiento el PP ahonda también en su enfrentamiento contra Francina Armengol, a la que acusa de «pensar más en su partido que en la propia institución» y estar al servicio del Gobierno, hurtando al Senado su propio papel legislativo.

La advertencia sonó casi como una amenaza. Feijóo, en presencia de los senadores del PP y tras anunciar el movimiento ante el TC para que el Congreso desbloquee las leyes aprobadas en el Senado, envió este martes un mensaje a la presidenta de la Cámara Baja y al resto de miembros de la Mesa (de PSOE y Sumar). «Deben ser conscientes de que sus decisiones son arbitrarias, partidistas, injustas y que incurren sistemáticamente en fraude», afirmó el líder del PP.

Y continuó: «Es decir, existen responsabilidades individuales contra las que también actuaremos con contundencia si esto no se corrige de inmediato», espetó, para reiterar su malestar por la decisión de impedir la tramitación de más de una treintena de normas que tienen el sello del PP y que podrían ser aprobadas con algunos socios del Gobierno.