El PP esquiva el bloqueo de la revisión de las ayudas a Bildu

El 9 de mayo, como adelantó ABC, el PP registró una iniciativa en el Congreso para que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas instase al órgano a completar su informe número 1.612, remitido a las Cortes Generales, antes de que el Parlamento tomase conocimiento del mismo. El motivo, que el Tribunal de Cuentas no se pronunciaba sobre si la coalición de la izquierda vasca separatista podía haber incurrido en uno de los supuestos para dejar de percibir las subvenciones públicas previstas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

Cabe recordar que en aquella cita con las urnas, el 28 de mayo del 2023, Bildu llevaba en sus listas a las elecciones municipales hasta 44 condenados por delitos de terrorismo, siete de ellos por asesinato. Una circunstancia que generó conmoción en las víctimas de ETA y un rechazo generalizado que llevó a la coalición a comprometerse con que ninguno de los siete candidatos con sangre en su historial iba a recoger el acta de concejal en el caso de resultar electo.

Dicho esto, el artículo 127.4 de la Loreg recoge expresamente: «Las subvenciones previstas en este artículo no se devengarán a favor de dichas formaciones políticas cuando en sus órganos directivos, grupos parlamentarios o políticos, o en sus listas electorales incluyan o mantengan a personas condenadas por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo o delitos graves contra las instituciones del Estado, en los términos previstos en la legislación penal, salvo que aquellas hubieran rechazado públicamente los fines y los medios utilizados».

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Siendo conocedores de esta circunstancia, los populares se pusieron manos a la obra, con su secretaria general, Cuca Gamarra, a la cabeza, para intentar forzar la revisión de las subvenciones públicas a Bildu, cuya matriz, Sortu, es el partido heredero de la ilegalizada Batasuna, el antiguo brazo político de la banda terrorista ETA.

El PP ya consiguió que no se incluyese en el orden del día de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas el controvertido informe número 1.612, que menciona el espinoso asunto en una nota a pie de página, pero no entra en el fondo de la cuestión, dejándola en manos de «la autoridad competente», en una clara alusión al Ministerio del Interior; pero la Mesa del Congreso bloqueó inicialmente su estratagema.

El 20 de mayo, el PSOE y Sumar rechazaron calificar la iniciativa del PP alegando que no se le puede reclamar al órgano fiscalizador que rehaga un informe ya presentado ante elParlamento. Los populares, entonces, registraron un nuevo escrito para reclamar al órgano un informe especial sobre las subvenciones a Bildu por las elecciones locales del 28-M, de modo que tenga que pronunciarse. Al tratarse de la petición de un nuevo trabajo, los partidos del Gobierno no tuvieron más remedio que aceptar darle trámite y el órgano rector de la actividad parlamentaria le dio luz verde siete días después, en su siguiente reunión.

La iniciativa del PP se ha incluido definitivamente en el orden del día de la próxima reunión de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el martes 10 de junio, cuando, salvo sorpresa, el Parlamento instará al órgano fiscalizador a elaborar un informe específico sobre las ayudas electorales a Bildu, después de haber incluido a etarras en sus candidaturas. Saldrá adelante porque se trata de una comisión mixta, compuesta por diputados y senadores, y en ella el PP y Vox suman mayoría.

La pregunta que queda por esclarecer es si Bildu, al incluir a etarras en sus listas, puede percibir subvenciones por los comicios municipales del año 2023. La Abogacía del Estado elaboró un informe para el Ministerio del Interior en el que lo desaconsejaba, pero modificó su postura tras las alegaciones presentadas por los aberzales. Estos decían que sus candidatos habían suscrito el código ético de Bildu, pero, como publicó también ABC, esto se limitaba a una afirmación genérica parecida a otras rechazadas por la Audiencia Nacional para el acceso al tercer grado de presos de ETA. «Hago mías las bases ideológicas y objetivos políticos de EH Bildu, rechazando con ello cualquier acto o actividad que suponga agresión o violación a cualquier derecho humano y al uso de la violencia para la consecución de objetivos políticos». Esa era la coletilla suscrita para mostrar el arrepentimiento de los candidatos con pasado terrorista.