El PP contempla «todas las acciones» contra Armengol si persiste en devolver la amnistía a la Comisión de Justicia

Los populares ya tienen conocimiento que el letrado mayor, Fernando Galindo, cuyo nombramiento Tellado definió como «la mayor cacicada perpetrada por Armengol, ha preparado un informe que avala la decisión de la presidenta del Congreso de que la ley de amnistía vuelva a la Comisión de Justicia para elaborar un nuevo dictamen. El PP, por contra, considera que la norma ha decaído al haber cosechado el rechazo de la mayoría absoluta del pleno.

Tellado denunció que Galindo es «un señor que viene del Gobierno» y que trabaja junto a Armengol, a la que definió como la ministra número 23 de Sánchez, solo en interés del Gobierno y abandonando cualquier responsabilidad institucional. Bajo su mando, dijo, el Congreso se ha convertido en cuna del «antiparlamentarismo», una especie de «teatrillo» porque «nada se decide allí» y simplemente se ratifican acuerdos que se adoptan a «miles de kilómetros».

No quiso Tellado anticiparse y afirmar que en caso de Armengol y la mayoría de izquierdas en la Mesa apuesten por tramitar el texto estaría incurriendo en un supuesto de prevaricación. Pero sí entiende el PP que sería una decisión contraria a Derecho que añadiría un nuevo episodio a un proceso de tramitación parlamentaria «plagado de irregularidades». Tellado insistió en que el texto decayó al ser rechazado «por la mayoría absoluta» del pleno. Y sostiene que el artículo 131.2 por el cual se mandata que una proposición de ley vuelva a la Comisión si el texto ha obtenido la mayoría simple del pleno. El PP se apoya en la opinión de varios letrados del Congreso y en dos precedentes de 1997.

Sostienen además que el artículo 79 de la Constitución, que Galindo no menciona en su informe, deja claro que los acuerdos de las Cámaras para ser válidos «deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes». La previsión del PSOE y sus socios es enviar el texto de nuevo a la Comisión de Justicia para que en un plazo de entre 15 y 30 días eleve un nuevo dictamen al pleno.

El PP está defendiendo que, una vez aprobado por el Congreso, el Senado no tiene la capacidad legal de bloquear la tramitación de la ley en la Cámara Alta, como le reclama Vox. Pero este nuevo episodio en el Congreso, irregular a juicio del PP, introduce un nuevo interrogante: ¿Si la ley que sale del Congreso se ha tramitado de forma irregular a ojos del PP eso no cambia su concepción sobre lo que puede hacer el Senado? No quiso en ese punto comprometerse Tellado, que compartía mesa con el presidente del Senado, Pedro Rollán. Pero sí consideró que el conjunto de irregularidades que a juicio del PP están caracterizando la tramitación en el Congreso sí puede condicionar «el futuro del texto».