Óscar Puente incumple la normativa europea que obliga a la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla

«Los Estados Miembros deben, a menos que existan limitaciones geográficas específicas o físicas de peso que lo impidan, asegurar la conexión de los aeropuertos de la red transeuropea de transporte con un volumen de tráfico de más de doce millones de pasajeros a la red ferroviaria transeuropea, en particular a la red ferroviaria de alta velocidad cuando sea posible, al objeto de ofrecer servicios de larga distancia, o, en el caso de los aeropuertos con un volumen total anual de tráfico de más de cuatro millones y menos de doce millones de pasajeros situados en un nodo urbano de la red ferroviaria transeuropea o en sus proximidades, la conexión del aeropuerto al nodo en cuestión por ferrocarril, metro, tranvía ligero, teleférico o, excepcionalmente, otras soluciones de transporte público de cero emisiones». Así se recoge en el punto 58 del preámbulo del reglamento, que entró en vigor en julio del año pasado.

Pero la falta de acción por parte del departamento de Óscar Puente para sacar adelante el proyecto de conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto no se limita a obviar las directrices comunitarias. A esto hay que añadir que el plazo (24 meses) para la realización del estudio informativo sobre las distintas alternativas para la conexión entre la estación de Santa Justa con el aeropuerto de San Pablo expiró el pasado 15 de marzo. Y cinco meses después nada se sabe de sus conclusiones ni de cuando estará listo.

El propio Óscar Puente, con exceso de optimismo, expresó en abril de 2024 que confiaba en que la licitación del proyecto se abordase en dicho año. En marzo de 2025, ante el evidente incumplimiento de los plazos aseguró a un usuario en la red social X, donde más se pronuncia el ministro, que estaría «pronto».

En cambio lo único que se sabe de la Administración central es el anuncio subido a la plataforma de contratación del sector público por el que se modifica el contrato del estudio informativo para pagar 48.000 euros más a la UTE Ardanuy SA y Geocontrol SA., la adjudicataria de este análisis. Este importe hay que sumarlo a los 690.442 euros (IVA excluido) por los que se adjudicó el estudio informativo en marzo de 2023.

A los 150 días que se alcanzan ya del incumplimiento del periodo de ejecución de dicho estudio informativo encargado por el Gobierno central se suma que el Ministerio de Transportes tiene guardado en un cajón desde hace quince meses el estudio informativo sobre la conexión entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo que encargó la Consejería de Fomento con el propósito de acelerar los plazos de este proyecto, vital para la movilidad de la capital de Andalucía, a pesar de que no es competencia autonómica. Hasta tal punto es de trascendencia este proyecto que un grupo de empresarios del sector de la construcción e ingenierías de Sevilla han mantenido ya contactos para ofrecerle al ministro financiar ellos mismos la infraestructura.

Este acuerdo realizado a petición de la Junta de Andalucía y pagados con fondos autonómicos (300.000 euros aproximadamente) fue fruto de un acuerdo entre Marifrán Carazo, la predecesora de Rocío Díaz al frente de la Consejería, y el hoy denostado por el socialista y exministro del ramo, José Luis Ábalos.

El Ministerio, entonces, se comprometió a asumir las conclusiones del estudio elaborado por encargo de la Consejería, pero la realidad es que desde Madrid se ha obviado este estudio hasta el punto de no contestar en ningún sentido. El estudio de la Junta propone un Cercanías con paradas en Sevilla Este-Parque Alcosa y en la ya existente del Palacio de Congreso y Exposiciones, antes de llegar a San Pablo.

Es la propuesta más viable económica y factible desde el punto de vista constructivo: unir Santa Justa con el aeropuerto por una línea de Cercanías de unos cinco kilómetros, aprovechando el trazado de la actual línea C4, con una estación intermedia a construir en el Parque Alcosa-Sevilla Este. Su coste se estima en 113 millones, pero es la más factible de por razones de demanda, de rentabilidad y es la única de las alternativas que estima la recuperación de la inversión en menos de diez años.