Leire Díez también pidió al fiscal Stampa datos de Anticorrupción

ABC, que tiene constancia documental de que Stampa dio cuenta a sus superiores en un escrito del extraño episodio vivido con Díez y Pérez Dolset, se puso en contacto el pasado sábado con Ignacio Stampa para conocer todos los detalles que rodean este delicado asunto, pero el fiscal declinó hacer cualquier comentario al respecto.

Se trata del segundo caso de un presunto intento de soborno a un miembro de la carrera fiscal por parte de Díez y Pérez Dolset, después de la denuncia en el mismo sentido que fue presentada el pasado 27 de febrero por el fiscal Anticorrupción José Grinda. Llama la atención que en ambos casos los objetivos del soborno estén relacionados con esa fiscalía especial, que además es la que ejerce la acusación contra el empresario y entiende de los casos de corrupción que afectan al PSOE.

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Pablo Muñoz

Según el relato recogido en el escrito de Ignacio Stampa -la Fiscalía lo califica denuncia, aunque otras fuentes señalan que simplemente se trata de un escrito para dar cuenta de unos hechos que investigaba-, el pasado 7 de mayo asistió a una reunión con la 'fontanera del PSOE' y el polémico empresario tras ser citado a la misma por un tercero, al que no se identifica, pero que fuentes de la investigación consultadas por ABC aseguran que es una «persona muy importante». La excusa para ese encuentro era que le querían «transmitir disculpas de instancias gubernamentales» por el trato que se le había dado en su última etapa en la Fiscalía Anticorrupción.

No hay que olvidar que este fiscal y su compañero Miguel Serrano impulsaron las investigaciones del caso del excomisario Villarejo y que cuando debía renovarse su comisión de servicios se le abrió un expediente, luego archivado, por una supuesta revelación de secretos a Podemos, que en ese caso ejercía la acusación popular.

La existencia de esa inspección fue la excusa para que la entonces fiscal general, Dolores Delgado, de acuerdo con el actual, Álvaro García Ortiz, en aquella etapa número 2 de la anterior, no le renovara la comisión de servicios que tenía en Anticorrupción, lo que provocó su salida de forma un tanto abrupta. Desde entonces Stampa lucha en los tribunales para que se le de acceso al contenido de ese expediente y ya ha obtenido dos victorias en el Tribunal Supremo. Además tiene otro procedimiento abierto en la Audiencia Nacional en el que acusa a la Fiscalía General de desviación de poder.

A pesar del señuelo, Ignacio Stampa no debía fiarse mucho de las verdaderas intenciones de los asistentes a la cita -son muchas las personas que se le han acercado a raíz de publicar su libro- porque acudió a ella con un dispositivo de grabación, con el que registró la conversación. En ese encuentro, según explica en su denuncia, «le pidieron información sobre investigaciones sensibles de la Fiscalía, así como sobre supuestas irregularidades de varios funcionarios públicos». A cambio, como ya se ha señalado, obtendría ayuda gubernamental para ganar sus litigios.

El exfiscal Anticorrupción, que en la actualidad presta sus servicios en la Fiscalía de Madrid, esperó hasta el 3 de junio para presentar un escrito ante el fiscal superior de la Comunidad de Madrid en el que daba cuenta de estos hechos, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC. Sin embargo otras fuentes insisten en que ese dato es erróneo y que ya bastante antes de esa fecha había puesto los hechos en conocimiento de sus superiores. Añaden adsemás que en todo momento actuó como representante del ministerio público. Con fecha 10 de junio, según los documentos, «el fiscal denunciante ratificó su escrito y puso a disposición de la investigación la grabación de las conversaciones cuando fuera requerido».

La comunicación de los hechos por parte de Stampa sí es posterior a las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación en el sentido de que su excompañero en Anticorrupción José Grinda había denunciado un intento de soborno por parte también de Leire Díez y Javier Pérez Dolset. Y por supuesto también al escándalo desatado por la reunión de ambos, el abogado de Cerdán Jacobo Teijelo y el empresario Alejandro Hamlyn, en el que los primeros pidieron a éste información para destruir al teniente coronel de la UCO Antonio Balas. A cambio, según le dijeron, saldría bien parado de sus problemas judiciales.

Es llamativo que a pesar de conocer esa información, haber trabajado durante años en la misma fiscalía, y de ser muy consciente de que Grinda era objeto desde hace años de los ataques tanto del excomisario Villarejo y su entorno mediático y jurídico como de Pérez Dolset, Ignacio Stampa no consideró conveniente hablar con su compañero del episodio que había vivido con la 'fontanera del PSOE' y el empresario. Sin embargo, fuentes de la investigación lo consideran «normal», porque «el cómo discurre un asunto nada tiene que ver con la forma en que lo hace en el otro. En el primero no hay pesquisas detrás, sino una denuncia ante un intento de soborno, al contrario que en el segundo caso».

Además, en la actuación de uno y otro fiscal se aprecia alguna diferencia. Mientras Stampa, con toda seguridad incrédulo y con el objetivo de averiguar qué había detrás de la maniobra, accedió a mantener esa reunión del 7 de mayo cuando ya habían trascendido muchas de las andanzas de la 'fontanera del PSOE' y el empresario, Grinda lo descartó de plano a pesar de que el intermediario era un periodista, Pere Rusiñol, con el que tenía cierta confianza.

El recorrido de las denuncias -o escritos- de los fiscales es igualmente llamativo. Como adelantó ABC, la de Grinda se archivó el 19 de mayo por decreto de la Fiscalía. Las razones eran, en el mejor de los casos, soprendentes: «Dado que Pere Rusiñol era presentado como amigo por el denunciante y pese a haberse intentado reiteradamente contactar con el (...) se mostró absolutamente renuente a comparecer, todo quedaba en una conversación privada, sin otro dato probatorio». Es decir, como el que puede estar implicado en un delito no quería declarar, el fiscal vio oportuno cerrar la investigación sin citarle formalmente...

Eso sí, para guardar las apareciencias –el malestar del fiscal jefe Anticorrupción por la deriva de estas pesquisas era muy importante– se consignó que el asunto se archivaba «sin perjuicio de que de aparecer nuevos hechos se pueda retomar la investigación». Precisamente, como ya se ha señalado, esos nuevos hechos fueron el escrito del fiscal Stampa, que por decreto del fiscal superior de Madrid se acordó acumular a las diligencias de investigación abiertas por la denuncia de Grinda al «entender que hay una conexión entre los hechos denunciados por ambos fiscales».

Con posterioridad, el 20 de junio se decretó la reapertura de oficio de las diligencias de investigación que ya abarcaban los dos intentos de soborno y se acordó tomar declaración a Grinda para que ratificase la denuncia, lo que se finalmente concretó en una comparecencia la mañana del 26 de junio.

Tras estos movimientos, el fiscal de este asunto, Juan Pablo Nieto, decidió enviar las diligencias al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que investigaba ya la mencionada reunión de Leire Díez, Javier Pérez Dolset, el abogado de Santos Cerdán Jacobo Teijelo y el empresario Alejandro Hamlyn, arrestado en abril de 2019 e investigado por la Audiencia Nacional.

La fiscalía entiende que los dos intentos de soborno a los fiscales y este asunto están conectados y por tanto deben investigarse de forma conjunta, algo sobre lo que sin embargo el titular del Juzgado de Instrucción de Madrid aún no se ha pronunciado. Según algunas fuentes consultadas por ABC explican que el magistrado tiene serias dudas de que tenga que ser él quien también entienda de este asunto. Dicho de otro modo, no tiene tan clara esa conexión.

En todo caso la Fiscalía pide que este asunto se transforme en diligencias previas, que se incorpore al juzgado toda la documentación remitida y que se requiera a Ignacio Stampa para que «aporte la grabación de las conversaciones mantenidas con los investigados Leire Díez y Javier Pérez Dolset, así como la transcripción que, en su caso, haya realizado de las mismas, sin perjuicio de que se encargue su cotejo a la policía judicial». Asimismo, solicita que se tome declaración como investigados a Pere Rusiñol, a la 'fontanera del PSOE' y al empresario.