El PNV reclamó al Gobierno en 2020 que rindiera cuentas por el gasto de los fondos reservados

La reclamación fue cursada de manera formal ante el registro de la Cámara Baja, el 3 de febrero y solicitaba la «comparecencia de los titulares de los departamentos ministeriales que tengan asignadas partidas de gastos reservados, ante la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, para informar sobre la aplicación y uso de los correspondientes fondos presupuestarios».

A pesar de que como denunciaba el PNV ninguno de los tres ministros con fondos para gastos secretos había rendido cuentas, tampoco atendieron la petición del Grupo Vasco, que acabó caducando al finalizar la pasada legislatura, a pesar de que fuentes del Gobierno aseguraban estos días estar «siempre a disposición de las cámaras» y prometían acudir a la comisión de secretos si ésta les requería.

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Ante la opacidad del Gobierno, Esteban pidió otras dos cosas: las normas de cada ministerio sobre el uso de los fondos para gastos reservados y la comparecencia de la directora del CNI, entonces Paz Esteban, para que explicara la Directiva de Inteligencia para el año 2020. Sin embargo, su condición de socio parlamentario de los socialistas no le sirvió y, cinco años después, los tres ministros siguen sin explicar a la Cámara el uso que están haciendo de los fondos reservados.

La petición de Esteban respondía estrictamente a la obligación que la ley de los fondos reservados impone al Gobierno. «Los créditos destinados a gastos reservados estarán sujetos al control del Congreso de los Diputados a través de una comisión parlamentaria compuesta por el presidente de la Cámara, que la presidirá, y aquellos diputados que, de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales», reza el artículo 7. Y a continuación añade: «Los titulares de los departamentos que tengan asignadas partidas de gastos reservados informarán semestralmente a la comisión sobre la aplicación y uso de los correspondientes fondos presupuestarios».

A partir de aquí, la legislación establece el carácter secreto de esas sesiones -de las que solo consta el día de su celebración y quién la solicitó- y que esas comparecencias deben servir para que «con carácter anual» la citada comisión «pueda elaborar un informe para su remisión a los presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas».

El último día del que hay constancia que se cumpliera ese mandato es el 22 de junio de 2017, cuando, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, comparecieron ante el Congreso a petición propia la entonces vicepresidenta primera de la que dependía el CNI, Soraya Sáenz de Santamaría, y los titulares en ese momento de Exteriores, Alfonso Dastis; Interior, Juan Ignacio Zoido, y Defensa, María Dolores de Cospedal.

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Desde entonces, el Ejecutivo ha aguantado la presión para no rendir cuentas utilizando diversos argumentos que justificarían que en algunos años no se produjeran esas explicaciones pero que no sostienen que no se hayan producido de manera formal desde 2017. Entre ellas, el Gobierno aduce el adelanto electoral y repetición de los comicios de 2019 o el bloqueo de la constitución de la comisión de gastos reservados entre 2020 y 2022. Este episodio se produjo porque al inicio de la legislatura pasada, el PSOE exigió la entrada de EH Bildu en esa comisión, algo que los dos grandes partidos habían evitado hasta ese momento. Los populares lo vetaron hasta que el PSOE -en plena polémica por el caso Pegasus- decidió rebajar la mayoría para constituirla. Así se constituyó el órgano incluyendo a Bildu, ERC, Junts e incluso la CUP.

El desbloqueo dejó al Gobierno sin impedimento formal para rendir cuentas por el uso que estaba haciendo de los fondos reservados -en ese momento se acumulaban ya casi cinco años sin hacerlo de manera específica-, pero optó por aguantar el tirón y no comparecer. El adelanto electoral de 2023 hizo el resto haciendo decaer la petición del PNV sin haberse celebrado.

El Gobierno, por su parte, insiste en que aunque no haya constancia de que ninguno de los tres ministros con partida para gastos reservados haya dado explicaciones sobre estos gastos al Congreso, tanto Robles como Grande-Marlaska lo hicieron dos veces, una en 2019 y otra en 2022, durante comparecencias para otros asuntos secretos. Aún siendo así, llevarían tres años sin dar explicaciones por esta cuestión. Albares, por su parte, no lo ha hecho nunca y tampoco lo hizo su predecesora, Arancha González Laya. Hasta la llegada de Sánchez al poder hay constancia de esta rendición de cuentas por parte de todos los gobiernos sin excepción y a petición propia.