Robles, Marlaska y Albares ocultan al Congreso el uso de los fondos reservados

La ley establece que los tres ministros que cuentan con fondos para gastos secretos –Exteriores, Interior y Defensa– deben hacerlo cada seis meses y aunque en la web del Congreso no consta que esta regularidad se haya alcanzado nunca, sí figuran comparecencias específicas sobre este tema en cada una de las legislaturas anteriores a Sánchez, con la única excepción de la fallida de 2016.

La última de ellas data de 2017, su número de iniciativa es el 224/000010, fue registrada por el Gobierno de Mariano Rajoy el 9 de junio de ese año, calificada tres días después, el 12, y se celebró el 22 del mismo mes. «Solicitud de comparecencia, a petición propia (...) ante la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, conforme a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 11/1995, de 11 de mayo, reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados, para informar acerca de la aplicación y uso de estos fondos», reza la petición, calcando a todas las que le precedieron desde 1996.

Desde ese año, la web del Congreso no recoge que el Gobierno haya cursado ninguna petición de comparecencia para explicar el uso de los fondos reservados. Tampoco consta que esa rendición de cuentas se haya producido a petición de algún grupo parlamentario o de la propia comisión competente, la de control de los fondos reservados también conocida comúnmente como la comisión de los secretos oficiales.

Fuentes del Gobierno reconocen que José Manuel Albares –ministro de Asuntos Exteriores desde julio de 2021– no ha acudido nunca a ese órgano para este o cualquier otro asunto, y que tampoco lo hizo su predecesora desde enero de 2020, Arancha González Laya. Pero aseguran que el primer ministro de Exteriores que tuvo Pedro Sánchez, Josep Borrell, acudió a la comisión de secretos oficiales en marzo de 2019 para informar de otros asuntos y ofreció explicaciones sobre fondos reservados a los portavoces.

En la web del Congreso no consta ninguna comparecencia de Borrell en esa comisión aunque esta herramienta presenta muchos fallos desde la renovación encargada por la anterior presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a pesar de que le dedicó 1,6 millones de euros.

En todo caso, y de ser como afirma el Gobierno, el Congreso solo habría tenido conocimiento del uso de los fondos reservados que maneja el Ministro de Exteriores una única vez en siete años, habiendo pasado ya más de seis desde que sucedió. A pesar de que ABC se puso en contacto con este Departamento el pasado jueves por la mañana para conocer por qué no se han producido esas obligadas explicaciones, fuentes oficiales de esa cartera no contestaron a la pregunta.

Tampoco ha dado respuesta alguna el Ministerio de Defensa, cuya titular, Margarita Robles, tiene doble deber porque el Centro Nacional de Inteligencia depende de este Departamento desde 2018. Pese a esta doble responsabilidad, la exmagistrada no pisó la comisión de control de los gastos reservados en 2023, 2024 ni lo ha hecho en lo que va de 2025, como reconoce el Gobierno.

En cuanto a los años anteriores, fuentes del Ejecutivo sí aseguran que Robles ha acudido a ese órgano dos veces hasta la fecha, en diciembre de 2022 y en febrero de 2019, y que en ambas ocasiones dio explicaciones sobre el uso de los fondos reservados, aunque acudiera citada por otros motivos y no conste que se introdujera ningún otro tema en la convocatoria.

En este caso, en la web del Congreso tampoco consta ninguna comparecencia de Robles en la comisión de secretos desde que es ministra. Lo único que figuran son peticiones de grupos parlamentarios para que diera explicaciones por motivos de actualidad pero todas ellas aparecen como caducadas –no celebradas– en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El Gobierno mantiene que sus datos son los correctos y no los del Congreso. De nuevo, aún siendo así, Robles solo habría rendido cuentas sobre el uso de los fondos reservados de Defensa y el CNI dos veces en siete años, la última en 2022 y aprovechando una comparecencia por otro motivo.

En cuanto a Grande-Marlaska, fuentes de este Departamento señalan que acudió una vez a la comisión de secretos oficiales, en la pasada legislatura. «2020 fue un año excepcional y es posible que esa fuera la causa», señalan. «El ministro del Interior está siempre a disposición de las Cámaras. Es uno de los ministros más interpelados y acudirá a la comisión si es requerido para comparecer», subrayan.

Fuentes del Gobierno señalan que las comparecencias de Marlaska ante la comisión de secretos desde que es ministro han sido dos: una en febrero de 2019 y otra en 2022, y que, al igual que Robles, en ambas incluyó explicaciones sobre el uso de los fondos reservados aunque no fuera ése el objeto de la cita ni conste en ninguna parte.

La web del Congreso solo recoge una comparecencia de Marlaska en la comisión de gastos reservados. En 2019, por el caso Kitchen y la falta de fondos en la UCO. En 2022 no consta la comparecencia que señala el Gobierno y lo que figuran son peticiones de explicaciones realizadas por grupos parlamentarios y que terminaron caducando. Pero podría tratarse de otro error de esta herramienta. En todo caso, la versión del Gobierno confirma la ausencia de rendición de cuentas de Interior en los años 2023, 2024 y lo que va de 2025.

Así pues, en lo que sí hay coincidencia es que la única que ha acudido a la comisión de control de los fondos reservados en esta legislatura ha sido la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, que no tiene dinero para gastos secretos. Lo hizo en junio de 2025 y a petición propia para dar información sobre el apagón. La comisión no ha vuelto a reunirse desde entonces y, por ello, sigue figurando como representante del PP su anterior portavoz y actual secretario general, Miguel Tellado, en lugar de Ester Muñoz.

Cabe recordar que Felipe González aprobó la ley reguladora de los fondos reservados tras varios escándalos de corrupción que estallaron en su última etapa (Luis Roldán, Filesa y GAL), y que compartieron el uso delictivo del dinero destinado a secretos. El objetivo de la ley, y de los controles que introdujo, fue intentar evitar que pudieran volverse a repetir.