El Congreso hace dejación de funciones con el CNI y no cita a su directora desde 2022

La ley le adjudica esta tarea con carácter anual pero desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, el máximo responsable del CNI solo ha comparecido dos veces ante el Congreso, y las dos por polémicas de actualidad, no por el control regular de la actividad del Centro que establece la ley. La primera de ellas, el 25 de julio de 2018, cuando su responsable entonces, Félix Sanz Roldán, fue llamado por el caso Corinna. La segunda y última, el 5 de mayo de 2022, cuando Paz Esteban, la sucesora de Sanz Roldán, fue citada por el presunto espionaje ilegal a independentistas. Esteban fue sustituida ese mismo mes de mayo de 2022 por Esperanza Casteleiro que no ha sido convocada por la Cámara Baja.

Como sucede con el control de los fondos reservados a cargo de Exteriores, Defensa e Interior, el año 2017 fue el último en el que consta que el Congreso controlara los objetivos de inteligencia fijados por el Gobierno. El Ejecutivo estaba entonces en manos de Mariano Rajoy y el PNV registró una «solicitud de comparecencia del Director del Centro Nacional de Inteligencia, ante la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, para informar sobre la 'Directiva de Inteligencia' para el año 2017».

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La iniciativa está fechada el 31 de enero y la Mesa de la Cámara la calificó el 14 de febrero de ese año. Sanz Roldán compareció el 22 de junio después de que el Gobierno registrara una solicitud con el mismo objeto. Paz Esteban no realizó nunca este trámite. Desde 2028, la ministra responsable del CNI es la de Defensa, Margarita Robles.

La ley que regula la actividad del CNI sitúa el control parlamentario como uno de los cuatro que deben operar de forma cruzada y, en concreto, encarga al Congreso la supervisión de las directrices de inteligencia que marca el controlador político del Centro, el Gobierno, cada año.

La encargada de la tarea es la comisión de control de los fondos reservados, conocida popularmente como comisión de los secretos oficiales, que está presidida por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, e integrada desde la pasada legislatura por los portavoces de cada grupo parlamentario. En este momento la componen Miguel Tellado (PP y pendiente de cambio por Ester Muñoz), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Enrique Santiago (Sumar), Gabriel Rufián (ERC), Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Maribel Vaquero (PNV), Míriam Nogueras (Junts) y Néstor Rego (Mixto). El letrado es el secretario general del Congreso, Fernando Galindo.

La ley es muy clara y establece que el Centro Nacional de Inteligencia «someterá al conocimiento del Congreso» y a través de la comisión de secretos «la información apropiada sobre su funcionamiento y actividades». Y después especifica: «la comisión a que se refiere este artículo conocerá de los objetivos de inteligencia establecidos anualmente por el Gobierno y del informe que, también con carácter anual, elaborará el Director del Centro Nacional de Inteligencia de evaluación de actividades, situación y grado de cumplimiento de los objetivos señalados para el período anterior».

Sin embargo, el máximo responsable del CNI no puede registrar una petición de comparecencia para dar cuenta al Congreso de la actividad y objetivos de la institución sino que debe ser la propia Cámara quien lo haga, bien a petición del Gobierno, bien a petición de alguno de los grupos parlamentarios. Si esa llamada no se produce, Esperanza Casteleiro no puede comparecer.

A quién sí ha llamado la Cámara Baja en esta legislatura ha sido a su número dos, el secretario general del Centro, Luis García Terán, pero a la comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils. Esta comparecencia se produjo el pasado mes de junio, en sesión abierta y grabada, no teniendo nada que ver con el control que se venía realizando al CNI en la comisión de secretos hasta la llegada de Pedro Sánchez al poder.

Para que el Congreso pueda realizar su tarea de control, la ley establece que «tendrá acceso al conocimiento de las materias clasificadas» aunque establece como excepción la información relativa «a las fuentes y medios» del Centro y a «aquellas que procedan de servicios extranjeros u organizaciones internacionales». Eso sí, la ley obliga a los miembros de la comisión a guardar secreto sobre toda la información y documentos que reciban y en el caso de estos deben devolverlos «sin que se puedan retener originales, copias o reproducciones».

Junto al control parlamentario (Congreso) y el político (Gobierno), los otros dos controles que intervienen en la actividad del CNI son el judicial previo (el Tribunal Supremo) y el económico (los Presupuestos Generales del Estado, la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas).