El Gobierno vasco obligará a los colegios concertados a publicar en su web las cuotas por servicios no educativos

Se trata de garantizar que todos los centros financiados con dinero público no cobran a las familias por servicios educativos. Por lo tanto, tendrán que detallar cuánto cuestan servicios como el comedor o el transporte, los únicos conceptos por los que estos centros tienen permitido cobrar a las familias. «Quien matricule a su niño o niña deberá saber qué tipo de cuota se le cobra y cuál es su finalidad», ha asegurado el lehendakari. «Serán cuotas voluntarias por servicios no educativos», ha precisado.

El Ejecutivo vasco es consciente de que conseguir ese ejercicio de trasparencia de la noche a la mañana no será una tarea sencilla. Según ha explicado, la medida, que ya se recogió en el pacto educativo que firmaron todos los partidos excepto PP y Vox el pasado 7 de abril, se incluirá en la futura Ley de Educación vasca que el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar próximamente.

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Además, el departamento de Educación ya ha comenzado a realizar un inventario para identificar qué tipo de cuotas se están cobrando a las familias con el objetivo de «autorizar únicamente aquellas que sean no educativas». «Somos conscientes de la complejidad del proceso y queremos establecer un marco de confianza, compromiso y corresponsabilidad con los centros educativos.

Iñigo Urkullu se expresaba en estos términos en respuesta a la pregunta formulada por la formación Elkarrekin-Podemos en el Pleno de Control celebrado este viernes en el Parlamento vasco. Su portavoz, Miren Gorrotxategi, ha recordado que el cobro de cuotas por servicios educativos está prohibido en el País Vasco desde los años 80. De hecho, así se contempla en la Ley vasca de Educación de 1985, el Decreto de Conciertos vasco de 1987 y la LOMLOE.

El lehendakari no ha tenido más remedio que reconocer que a pesar de que la prohibición se recoge en la ley desde hace décadas, aún hoy existen centros educativos que realizan cobros irregulares. En concreto ha explicado que el Gobierno vasco está estudiando el caso de una familia de Bilbao que ha denunciado el cobro de cuotas ilegales en la capital vizcaína.

La portavoz de Podemos ha ido más allá y ha señalado el caso de la «ikastola Begoñazpi», también en Bilbao. Según ha asegurado Gorrotxategi, el centro exigió a los padres el pago de cuotas «obligatorias» porque, según ha asegurado, «la financiación del Gobierno vasco no cubre la totalidad de los gastos».

Urkullu ha pedido tiempo y ha asegurado que se están «reforzando los sistemas de seguimiento, de control y de evaluación» para detectar y atajar el cobro de cuotas ilegales. «El Departamento de Educación tomará las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del marco normativo vigente», se ha comprometido.