Unas 3.300 personas tuvieron que vivir escoltadas en el País Vasco entre 1990 y 2011 por la amenaza de ETA

Para la elaboración del estudio, sus responsables no pudieron disponer de un registro oficial en todos y cada uno de los 3.300 casos estimados, por lo que «la explotación de la información se ha basado en los datos del Departamento de Seguridad sobre las 1.619 personas a las que les fue asignado un operativo de escolta con cargo a los presupuestos generales del País Vasco ».

La horquilla de tiempo en la que las personas amenazadas por ETA tuvieron que vivir escoltadas es amplia: osciló entre los 2 y los 14 años . El caso más extremo es el de cinco personas que tuvieron que vivir bajo protección durante 20 años o más. Una quinta parte necesitó que alguien velara porque los asesinos no le arrebataran la vida durante unos 10 años. La mayoría, más de dos tercios, entre 1 y 5 años.

El estudio refleja que el primer «pico» de personas que requirieron la asistencia de escoltas se dio en 2003. A partir de la falsa tregua de 2005 se registra un nuevo y paulatino aumento hasta llegar el punto máximo, registrado en 2010 . Ese año, 826 personas vivían escoltadas a cargo del Departamento de Interior del País Vasco.

Los ámbitos en los que se movían las personas sobre las que pesaba la amenaza asesina de ETA son variados: cargos políticos o personas vinculadas a algún partido político, personas ligadas al mundo de la empresa, la enseñanza, la administración de justicia o a la comunicación. Eran los objetivos de los etarras. A partir de 1998 se da un incremento especialmente acusado en cargos políticos y personas ligadas con el ámbito judicial.

Desde el punto de vista demográfico , predominaron los hombres escoltados (casi el 66%), frente a las mujeres (algo más del 34%). Por provincias, Vizcaya se situó a la cabeza, con un 38%, seguida de Guipúzcoa (29%) y Álava (17%).

Para Fernández, «la clarificación del pasado en materia de vulneraciones de derechos humanos es fundamental para la construcción de la convivencia y la memoria ». Ha añadido que, a través de este informe, queda registrada esta realidad de manera «oficial» con un reconocimiento «público» de la injusticia de su sufrimiento y supone «una expresión de solidaridad con sus víctimas».