El peligro del efecto llamada en las ayudas sociales del País Vasco

El caso gozó de fuerte repercusión, si bien no es el primero de esta naturaleza que se investiga en el País Vasco. A finales de julio, un paquistaní fue condenado por la Audiencia de Vizcaya a indemnizar a Lanbide con 7.873 euros por otro delito de fraude. A lo largo de los últimos dos años, más de 600 de sus compatriotas han tratado de acceder a las ayudas públicas de la Comunidad Autónoma utilizando documentos irregulares. Una sucesión de estafas que no solo ha logrado sembrar dudas sobre el sistema, sino que además ejerce un peligroso efecto llamada.

De hecho, las estafas a Lanbide se han convertido en un suculento negocio para organizaciones criminales como la que desarticuló a finales del pasado año la Policía Nacional, la cual proveía de documentación falsa a extranjeros a cambio de 350 o 400 euros . La red consiguió defraudar de esta forma casi cuatro millones de euros al sistema de ayudas públicas del País Vasco y de sus territorios históricos. Por otro lado, dueños de viviendas trataron de sacar provecho de la situación alquilándolas «sin derecho a vivir» para que los supuestos inquilinos pudieran inscribirse en el registro vasco y cobrar así la prestación.

Lances «puntuales» que por el momento no preocupan al Gobierno vaco. Desde el PSE, grupo que sustenta al Ejecutivo en asociación con el PNV, hacen hincapié en que los casos de fraude son mínimos - ni siquiera afectan al 1% del importe que desembolsa la administración -, de forma que no ponen en riesgo el sistema de ayudas públicas. Fuentes de la formación socialista argumentan que sucesos como la detención del ciudadano nigeriano del pasado jueves ni siquiera son «propiamente» un «problema de Lanbide», sino que se deben a un fallo de «documentación»: « El problema de la RGI no son las estafas , sino el hecho de que no llega a determinadas realidades que se están produciendo y que la actual Ley excluye», sostienen.

Las mismas fuentes subrayan que todo fraude «tiene que ser atajado» como en cualquier escenario en el que se pongan en juego los fondos públicos: «El dinero tiene que llegar a quien lo necesite» , sentencian. Sin embargo, subrayan que el sistema es «modélico», algo que han «constatado» administraciones «de todo el mundo». Las demás «disfunciones» de la Ley tratarán de ser pulidas con la reforma que PNV y PSE tienen previsto acometer en los próximos meses . Un proceso que por el momento ha frenado en seco la oposición, que obligó a los grupos del Ejecutivo a aplazar sus planes al menos hasta este septiembre.

Uno de los partidos más críticos con la actual RGI es el PP vasco, que hace hincapié en que son ya varios años los que lleva «poniendo de manifiesto la necesidad de mejorar los controles de acceso » a las ayudas públicas. En este sentido, la parlamentaria popular Laura Garrido destacó que si bien confía en que no se produzca un efecto llamada, es necesario tomar medidas para que Lanbide «funcione adecuadamente»: «Nosotros decimos que sí a las ayudas para cubrir situaciones de necesidad, pero solo durante el tiempo que sea necesario -explicó-. El Gobierno tiene que hacer esfuerzos para conectarlo con la consecución de un trabajo».

Al respecto, advirtió de que los fraudes en el sistema de ayudas constituyen una «realidad» innegable que puede «generar una clara alarma social». Por ello, reclamó a PNV y PSE soluciones para una una Ley cuya reforma tildó de «insuficiente»: «Hay que modificarla en profundidad, con un itinerario de formación para que la gente pueda incorporarse al mercado de trabajo», sentenció.