La ley vasca de Abusos Policiales comienza a tramitarse ante la indignación de los sindicatos de policía

La ley de PNV y PSE generó controversia desde su misma aprobación, que tuvo lugar en julio de 2016. Ninguno de los grupos de la oposición la respaldó, aunque por motivos muy diferenciados. Mientras EH Bildu la consideraba insuficiente, PP y Podemos advirtieron de que era «insegura jurídicamente». La mayoría de las críticas se centraba en la «comisión de valoración» a la que aludía la norma, destinada no solo a reparar a las víctimas de abusos policiales sino también a investigar a aquellos agentes que hubieran cometido delitos de «motivación política» entre los años 1978 y 1999.

El Ejecutivo de Rajoy presentó un recurso de inconstitucionalidad al considerar que dicha comisión era un «órgano extrajudicial» con «funciones de averiguación y fijación de hechos ilícitos», labor que corresponde «al Estado y no a la Comunidad Autónoma» . Es decir, que sobrepasaba las competencias del Gobierno vasco e invadía las de los jueces y los tribunales, los únicos capacitados para decidir qué personas son víctimas de violencia.

La situación cambió tras la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez, cuyo gabinete levantó el recurso de la ley a cambio de introducir una serie de modificaciones que clarifiquen que su objetivo no es el de buscar responsabilidades sino el de resarcir a los damnificados. De esta forma surgió la «Proposición de Ley de Modificación de la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el Contexto de la Violencia de Motivación Política en la CAE entre 1978 y 1999», el cual a juicio del Gobierno vasco «refuerza las garantías jurídicas» de la norma original. Solo PP y EH Bildu se han interpuesto hoy en la votación sobre la tramitación de la ley, que ahora entrará en el trámite de enmiendas.

La ley se encontró desde el primer momento con la firme oposición de centrales de Policía y organizaciones de víctimas del terrorismo, cuya indignación se ha incrementado en las últimas fechas. Ayer, sindicatos de la Policía Nacional y la Ertzaintza, asociaciones de la Guardia Civil y colectivos de damnificados por ETA se concentraron frente a las puertas del Palacio de Justicia del País Vasco para condenar una norma que a su parecer favorece el «blanqueamiento» de la banda criminal y «desprestigia» a quienes la combatieron .

«Solamente corresponde a un juez, con las garantías legales, decidir quién es víctima», declaró Luis Mariano Rodado , secretario general del SUP en el País Vasco, que añadió que la «injerencia en la Justicia» es «una perversión moral y, en el caso de los poderes públicos, hasta una prevaricación».

La tensión era máxima después de que el pasado martes jóvenes de la izquierda proetarra realizaran pintadas insultantes en varias sedes de sindicatos de la Ertzaintza. «No consiguieron imponer sus ideas totalitarias ni con bombas ni con pistolas ni con “cócteles Molotov”, y les volvemos a decir, una vez más, que no lo van a conseguir porque no lo permitiremos », subrayaron desde Si.P.E , que recriminó al Gobierno vasco que haya «dado alas» a los radicales mediante una «aberrante e indignante ley» como la de Abusos Policiales: «Déjense de condenas de cara a la galería y retiren ese esperpento», puntualizó la central.