Pablo Iglesias: si el Gobierno de Sánchez espió a Aragonès sería «extremadamente grave»

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Un día después de conocer que el Tribunal Supremo avaló, con Sánchez e Iglesias en el Gobierno, el espionaje del CNI a Aragonès ante la sospecha de que lideraba los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), cuando entonces era vicepresidente de la Generalitat y negociaba, en nombre de ERC, con el PSOE una «nueva etapa de diálogo», según señalaron fuentes que han accedido a los documentos desclasificados por el Ejecutivo, Iglesias ha cargado contra el PSOE, especialmente contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, la Corona, los jueces y la democracia en España.

El exvicepresidente, en una comparecencia por videoconferencia en la comisión que se celebra en Barcelona, ha dicho que «se está convirtiendo en algo habitual en España, por desgracia» el uso de «mecanismos ilegales por parte del Estado» para combatir a los rivales políticos. Pero se ha desmarcado del espionaje que el Supremo autorizó a Aragonès: «Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. No podría relevar (su contenido) en la comisión. Pero no se produjo ninguna deliberación en las que yo participé».

En esta línea, Iglesias ha defendido que «el espionaje es un mecanismo que debe ser excepcional, cuando se produce con autorización judicial, y para prevenir delitos», pero no para un uso que sea en beneficio político. Así, sobre el caso de Aragonès ha apuntado que «sería extremadamente grave» que se le hubiera espiado con este fin; y ha añadido: «Si esto fuera así (que el Ejecutivo autorizó el espionaje mientras negociaba con ERC), estaríamos ante algo enormemente grave».

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El dirigente político que lideró Podemos entre 2014 y 2021 ha cargado (durante su comparecencia de poco menos de una hora) contra la ministra Robles porque, en su opinión, «no fue capaz de evitar que le instalasen Pegasus al presidente del Gobierno y a ella misma»; y esto la invalida, desde su punto de vista, para seguir siendo ministra y, especialmente, de Defensa. Pero ha insistido en que él «no era consciente de que se estuviera espiando a dirigentes políticos» mientras estuvo en el Consejo de Ministros. En esta línea, ha cargado contra la Corona, que ha calificado de «artefacto político de relevancia superlativa»; los jueces; el «sistema mediático» y, en general, «la democracia española». «España está lejos de ser una democracia consolidada. La nuestra es una democracia limitada», ha añadido.

Además, de Iglesias también estaban convocados por la comisión, que preside Josep Maria Jové (ERC), imputado por su participación en el proceso ilegal de independencia de 2017 y que se vería beneficiado por la amnistía que su formación política negocia con el PSOE en el Congreso, el que fue director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre 2018 y 2021, Iván Redondo; el subdirector general del Centro Criptológico Nacional, Luis Jiménez; y el secretario general de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos, Jesús Torres. Los tres han rechazado intervenir en sede parlamentaria.

Curiosamente, los dos de los tres que ahora tienen cargo público se pidió su comparecencia con el apoyo y la iniciativa del PSC, un hecho que este viernes lo han recordado los grupos que han participado en la sesión (todos menos Vox, CS y el PP). Por su parte, Redondo, a pesar de que actualmente no forma parte del Ejecutivo y que mantiene una actividad regular pública sobre los asuntos políticos, tanto de lo que sucede en Cataluña como de lo que hace referencia al conjunto del país, también ha rechazado intervenir.

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En este sentido, Iglesias rechazó comparecer en el Parlamento de Cataluña en 2020, cuando fue citado en la comisión que investigaba la gestión de las residencias de mayores durante el mayor pico de la pandemia. Se acogió, como ahora los dos altos cargos del Gobierno y Redondo, a un dictamen del Consejo de Estado que recoge que los parlamentos autonómicos no tienen «potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes, actuales o pretéritos del Estado».

En los últimos años, los grupos independentistas han utilizado el Parlamento autonómico y su mayoría, excediéndose de sus competencias, para pedir las comparecencias de personas para que den explicaciones sobre asuntos que no son materia de la propia Cámara catalana. Así, por ejemplo, el presidente del Gobierno y el expresidente Mariano Rajoy, y otros exmiembros del Ejecutivo ya han rechazado comparecer en comisiones de investigación vinculadas a la denominada operación Cataluña o a la de las consecuencias de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La Fiscalía siempre ha archivado las denuncias que el Parlamento catalán ha presentado sobre este asunto.