Óscar Puente pide aprobar la amnistía para «ahorrar trabajo a la Justicia» y evitar juicios que acaben en indulto

La idea la explicó este viernes el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una visita a Cataluña, donde inauguró el nuevo tramo de la B-40 entre Olesa de Monserrat y Viladecavalls (Barcelona). A su juicio, según expresó, «no tiene sentido» que exista un proceso judicial para que finalmente los responsables de determinado delito reciban el indulto, lo que ocurrió con el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de cabecillas del golpe secesionista de 2017 condenados por el Tribunal Supremo en 2019 y luego perdonados dos años después por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así, y tal y como manifestó, la norma para conceder el olvido legal a quienes están encausados por los sucesos de hace siete años en Cataluña evitaría «un peregrinaje judicial que acabe en indulto». Por ello, el exalcalde de Valladolid apeló a la «responsabilidad y el sentido común» para que la norma, que la semana que viene llegará de nuevo a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, salga adelante. Según desgranó: «Una ley de amnistía evitaría todo lo que supone para el sistema judicial español proseguir con todo esto. Hombre, ahorrémosle el trabajo a la Justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está. Si lo que vamos a hacer es someter a las personas a un procedimiento judicial para acabar indultándolas... Pues ahorrémonos ese esfuerzo y ahorrémosle a la Justicia también ese esfuerzo», concluyó.

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Con sus palabras, Puente –miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y hombre de la más estrecha confianza de Pedro Sánchez– daba continuidad a lo dicho el día anterior en una entrevista en Radio Televisión Española (RTVE) por el consejero de la Generalitat Carles Campuzano, antiguo dirigente de CiU, quien dio por hecho que los dirigentes independentistas que no se viesen beneficiados por la amnistía terminarían siendo indultados. Una manera de presionar a Junts para que acepte la amnistía en los mismos términos que la rechazó hace unas semanas, que sin embargo no parece surtir efecto en la formación separatista, cuyo secretario general, Jordi Turull, no tardó en arremeter contra Campuzano, antiguo compañero de filas y hoy consejero independiente del gobierno que preside el republicano Pere Aragonès.

Para Puente, lo dicho por Campuzano «no es ningún disparate». El ministro expresó –en línea con lo sostenido por el Ejecutivo desde hace meses– la voluntad de conceder el olvido legal a quienes violentaron la Constitución y el Estatut para proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña como forma de «devolver a la política» el llamado 'conflicto catalán'.

Las palabras del titular de Transporte se producen antes de que la comisión de Justicia del Congreso retome la próxima semana los trabajos sobre la proposición de ley de amnistía que registró en noviembre en solitario el Grupo Socialista y que, tras superar las enmiendas a la totalidad del Partido Popular (PP) y de Vox, se le añadieron las parciales de los separatistas para incluir entre los amnistiados a todos aquellos encausados por delitos de terrorismo.

El PSOE sigue tratando de convencer a Junts de que acepte el texto tal y como está, algo que volvieron a hacer el miércoles en Barcelona el biministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Organización de la Ejecutiva socialista, Santos Cerdán, en una reunión con Turull y con la portavoz de Junts en Madrid, Míriam Nogueras. Ir más allá en la redacción de la norma, consideran en Moncloa y en Ferraz, supondría traspasar las eventuales líneas rojas que el Tribunal Constitucional aceptaría para validar la ley. A cambio, el Gobierno ha pretendido convencer a los de Puigdemont con ofertas fuera de la negociación propia de la amnistía. Así ocurrió con la propuesta verbalizada por el propio Sánchez en una entrevista en La Sexta de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar el margen de maniobra de los jueces de instrucción. Una iniciativa que no ha tenido buena acogida y que incluso se permitió desautorizar la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz.