Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, fue el encargado de presentar la ley en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros aunque el texto también fue firmado por Teresa Ribera (Transición Ecológica); Interior (Marlaska) y Yolanda Díaz (Trabajo). El texto, como informó ABC, deja afuera el llamado 'pago por uso' de la carretera, es decir, al principio según el cual 'quien usa paga' o 'quien contamina paga'. «El mecanismo del pago por uso se eliminó, incluso también el estudio para llevar a cabo ese mecanismo» así como «la mención a su financiación». «El pago por uso está fuera de la ley», insistió.
En cualquier caso, y tal y como informó este periódico, la memoria de impacto normativa de la ley dice que «la futura Ley de Movilidad Sostenible, en relación con este asunto, prevé la realización de un estudio de alternativas para establecer un mecanismo de financiación, pero no se dispone la adopción ni entrada en vigor de un modelo determinado».
Por otro lado, Puente ha recordado que la ley permite a los municipios permite establecer peajes en el interior de sus términos municipales. Pero la ley «habilita, no obliga» a implantar dicho sistema de peajes, insistió el ministro.
En cuanto a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), Puente recordó que estas no forman parte de esta ley pero que aún así su ministerio lleva 1.500 millones de euros invertidos en la implementación de estas ZBE «con un serio disgusto». «Estamos observando una cierta rebelión por parte de algunos municipios en algo que no sucede en ningún lugar de la Unión Europea», es decir, «para ganar espacio al coche y dárselo a la bici hay resistencias; lo que no sucede en ningún país de la Unión Europea salvo en España es que una vez que se ha construido un carril bici se destruya para devolverle ese espacio al coche», se quejó el ministro.
Puente señaló que esto «está pasando» en Valencia, Logroño, Elche o Valladolid. Y esas acciones, para Puente, tienen un nombre: «Se llama coalición PP-VOX, se llama introducir a la extrema derecha negacionista en los gobiernos, se llama convertir la salud en un objeto de disputa política».
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