Invierte en un piso para jubilarse y ahora tiene dos trabajos para mantener a los okupas: «Estamos en tratamiento psiquiátrico»

«Nos hemos dedicado a trabajar toda la vida, hemos contribuido a que este país salga adelante, y no hay derecho a que nuestros últimos años los pasemos así», declara Anabel en una entrevista concedida al programa 'En boca de todos', revelando que la situación no solo les ha causado problemas económicos, sino también de salud. «Estamos en tratamiento psiquiátrico y de verdad que ya no podemos más», añade.

Como muchos otros propietarios desesperados, Anabel ha buscado ayuda a través de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. No obstante, los okupas, que cuentan con un informe de vulnerabilidad, se resisten a abandonar la vivienda tras cuatro años sin pagar, pese a las múltiples facilidades ofrecidas por Anabel y su esposo, como perdonarles la deuda, buscarles una vivienda más económica y hasta ofrecerse a pagar la fianza y el primer mes de alquiler. «Es más fácil engancharse a la rueda de las ayudas y vivir de las rentas, y esto hay que cortarlo como sea», manifiesta Anabel.

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Inés Romero

La pesadilla de Anabel comenzó a finales de 2018, cuando decidió alquilar su piso en Pamplona a una pareja de inmigrantes que presentaron un contrato de trabajo. Al principio, los pagos fueron puntuales, pero con la llegada de la pandemia, los problemas comenzaron. Conscientes de la situación, Anabel y su esposo ofrecieron flexibilidad en los pagos a los inquilinos, pero eventualmente dejaron de pagar por completo.

A pesar de intentar resolver el problema amistosamente, Anabel y su esposo no tuvieron más remedio que llevar el caso a juicio. En enero de 2023 se celebró el juicio y en mayo debería haberse producido el desahucio. Sin embargo, alegando vulnerabilidad por tener dos niños pequeños y, supuestamente, no tener trabajo, los okupas lograron frenar el desalojo. Una situación que se repitió en octubre y diciembre del mismo año. «Como el Gobierno ha ido alargando el decreto antidesahucios, es imposible echarles y, mientras tanto, somos nosotros los que les mantenemos desde hace casi cuatro años», denuncia Anabel.

Ante la falta de alternativas, Anabel intenta descubrir por sus propios medios si sus inquilinos realmente son vulnerables o si trabajan de forma ilícita. «Tenemos sospechas de que ganan dinero empadronando a gente en mi piso, pero todavía estamos intentando demostrarlo. Lo que está claro es que si no trabajan es porque no quieren, porque aquí en Navarra es imposible que no encuentren algo. Es que no me lo creo, porque, al margen de otros trabajos más cualificados, aquí hay mucho temporero, se puede trabajar en conserveras… Hay trabajo. Y si no, siempre se puede cuidar a gente mayor o trabajar limpiando casas, pero claro, es mucho más fácil vivir así», concluye.

Tras años de lucha, la desesperación de Anabel es palpable. «Alquilamos el piso para poder jubilarnos antes y ahora mismo tengo que trabajar en dos sitios para llegar a fin de mes. Tengo que hacer frente a dos hipotecas, y no solo no puedo retirarme, sino que no podemos ni pensar en vacaciones ni ayudar a nuestras hijas», lamenta. Además, «mi marido tiene 80 años y está desquiciado. Estamos en tratamiento psiquiátrico. Vivimos crisis de ansiedad, apatía, desidia, angustia… No hay derecho a que el final de su vida sea este», enfatiza la propietaria afectada por los okupas.

Por último, Anabel critica la gestión del Gobierno, que, en su opinión, ha creado una ley social que en realidad perjudica a los particulares. «Esta situación la ha generado el Gobierno. Han hecho una ley social para ayudar a ciertas personas, pero, en realidad, el peso de la ayuda recae sobre los propietarios que tenemos un piso», concluye Anabel, pidiendo al Ejecutivo que derogue el decreto antidesahucios y cambie una legislación que perjudica a quienes han contribuido al progreso del país.