El Tribunal de Cuentas certifica que Murcia cumple el objetivo de deuda

Así ha quedado refrendado por el Tribunal de Cuentas en su último balance sobre esta Comunidad Autónoma, que se acaba de hacer público, y en el que se indica que otros aspectos de la gestión deben mejorarse y, globalmente, queda aprobado el “Informe de fiscalización anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), ejercicio 2015”.

En la fiscalización se ha verificado si la rendición de las cuentas por todas las entidades que componen el sector público de la Comunidad Autónoma se ha hecho respetando las normas que les son de aplicación respecto a plazo, estructura y contenido y si se han presentado de acuerdo con los principios y normas definidos en los planes de contabilidad. Además, se han analizado las liquidaciones de presupuestos, las cuentas patrimoniales, diferentes áreas de gestión (avales, endeudamiento, personal, gasto sanitario y subvenciones) y se ha comprobado si se han seguido las previsiones legales para la determinación y cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

La Cuenta General de la Comunidad y las cuentas anuales individuales de sus entidades públicas se han adaptado, en términos generales, a los principios y normas contables contemplados en los planes de contabilidad que les son de aplicación, sin perjuicio de las observaciones y salvedades señaladas en el informe.

La fiscalización ha observado que la Comunidad incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria del 0,7% de su PIB regional fijado para 2015, al haberse registrado en el mismo un déficit del 2,44% del PIB regional, e incumplió la regla de gasto en dicho año al haber sido la variación del gasto computable (6,4%) superior a la tasa de referencia de crecimiento del PIB para 2015, fijada en el 1,3%.

Como consecuencia de estos incumplimientos, la Comunidad presentó un plan económico financiero (PEF 2016-2017 ) que, una vez informado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, fue remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MHAP); si bien, no llegó a aprobarse al no haberse reunido para ello el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El aspecto de la deuda fue subsanado al tiempo que los gastos de personal de la Administración General y de las entidades del sector público de la Comunidad han representado el 52% del gasto consolidado del conjunto del sector público de la Región en 2015, siguiendo la tendencia creciente iniciada en 2010 .

La deuda comercial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al 31 de diciembre de 2015 se ha incrementado, en un 31%, respecto al cierre del ejercicio anterior; asimismo, el periodo medio de pago acumulado de las deudas, por operaciones comerciales del conjunto del sector público regional, ha superado el plazo máximo de 30 días establecido en Ley 3/2004 y el Real Decreto 635/2014, situándose en 87 días.

En cuanto a la gestión sanitaria , al igual que en el resto de Comunidades Autónomas, sigue observándose una enorme rigidez del gasto corriente , lo que representa una clara preocupación, de cara a la sostenibilidad financiera en la prestación, de los servicios sanitarios. El déficit total acumulado del Servicio Murciano de Salud, al cierre del ejercicio 2015, ascendía a 1.656 millones de euros.

No obstante, por lo que se refiere al seguimiento de las recomendaciones puestas de manifiesto en el Informe de Fiscalización de ejercicios precedentes, se han apreciado avances especialmente respecto a alguna de las medidas señaladas en el Servicio Murciano de Salud . Con todo, se mantienen otras recomendaciones para las que no se han apreciado cambios, por lo que se reiteran en el presente informe.

En el ejercicio fiscalizado la sociedad Desaladora de Escombreras, S.A. ha continuado presentando pérdidas significativas por importe de 17.325.000 euros, lo que ha determinado que la sociedad se encuentre nuevamente incursa en la causa de disolución prevista en el art. 363.1.c de la Ley de Sociedades de Capital. A la finalización de la fiscalización, seguía sin alcanzarse una solución para la planta desaladora, no teniéndose evidencia de la adopción de acuerdo alguno entre la empresa titular de la planta, las entidades prestamistas y la Administración de la Comunidad.

Respecto a la situación del contrato de concesión administrativa para la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia , a la finalización de la fiscalización, persisten una serie de incertidumbres y riesgos, entre los que destacan: los resultados finales de las negociaciones con el Ministerio de Fomento referidas al posible cierre del Aeropuerto de San Javier y los efectos derivados del traspaso de todas las operaciones al nuevo aeropuerto, la resolución final de la liquidación del contrato de concesión y las posibles contingencias derivadas de la eventual reclamación del lucro cesante y daño emergente por parte de la anterior sociedad concesionaria, así como la forma en que se va a instrumentar y asumir, en su caso, por la Administración Regional el pago de las expropiaciones pendientes que correspondía abonar a dicha concesionaria.

El contenido del presente Informe (nº 1.239) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es)