El mundo jurídico alerta de una «mutación constitucional»

Su coloquio lo moderó Manuel Marín, adjunto al director de ABC, que acompasó las intervenciones de los ponentes con la facilidad de quien lidia con buenos toros. Marín preguntó al término si está España ante una «mutación constitucional», palabra después agregada a la doctrina de los tres comparecientes, y el debate arrancó con sendas reflexiones sobre la vigencia de la Constitución; de la ley de leyes que se dieron los españoles en 1978 para dejar atrás una dictadura.

Esta era la primera de dos mesas convertidas en un brindis de este periódico en homenaje a la Carta Magna. Un espacio de reflexión en un momento particularmente delicado, con el PSOE impulsando en el Congreso una ley de amnistía a los encausados por el 'procés' que, hace meses, antes de las elecciones generales del 23 de julio, ese mismo partido tachaba de «inconstitucional».

Cabe el riesgo de que el Gobierno, por la necesidad de Pedro Sánchez de sumar los siete votos de Junts per Catalunya -el partido del prófugo Carles Puigdemont- en su investidura, celebrada en noviembre, desdibuje los límites entre lo legal y lo ilegal. Los tres ponentes, dos hombres y una mujer de prestigio, expresan un temor mayor, en distintos grados, sobre la pérdida de influencia de los órganos de contrapeso en la democracia española: el Tribunal Constitucional (TC), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal de Cuentas, etcétera.

De la Nuez es la secretaria general de la Fundación Hay Derecho, responsable a su vez del recurso contra el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. La semana pasada, el Tribunal Supremo dio la razón a la asociación y anuló la designación al frente del máximo organismo consultivo nacional.

En el foro organizado por ABC, la abogada del Estado lamentó que hoy día se adivine cuál será el posicionamiento del TC antes siquiera de que una ley esté aprobada. «Se da por hecho que el Constitucional debe reproducir las mayorías parlamentarias», apunta, señalando esa concepción como algo «iliberal». Lo que antes se hacía «bajo cuerda», dice, ahora se asume como algo normalizado. «Estamos pasando a esa democracia iliberal donde el poder político no está sujeto a límites (...). Nos estamos deslizando a un modelo distinto con la anuencia y tolerancia del partido que ha sustentado la institucionalidad desde el 78».

Zapata, que ocupó un asiento en el TC entre 2002 y 2010, fue quizás el más pesimista en una mesa coral que no se caracterizó por sus buenos presagios. «Estamos pasando de una democracia liberal a una democracia de partidos», denunció, y achacó el rumbo del país a la negativa de PP y PSOE de llegar a grandes acuerdos entre ellos, incluido el de gobernar en coalición: «Los dos grandes partidos viven aislados en su propia crisis», dijo, y puso como ejemplos la incapacidad de alcanzar un pacto para renovar el CGPJ o para completar la vacante en el TC. Entre los errores cometidos, citó el nombramiento de Juan Carlos Campo como magistrado del órgano de garantías: «No se puede nombrar a un ministro de Justicia magistrado del Tribunal Constitucional».

«Estamos llegando a un punto en el que parece que la Constitución tolera su propio incumplimiento», proclamó por su parte Zarzalejos, que añadió: «Más que hostilidad hacia la Constitución empiezo a ver indiferencia: da igual lo que diga la Constitución porque hay una mayoría para aprobar leyes». «Hay un intento de sustituir la democracia constitucional por una especie de 'mayoritarismo' parlamentario. Hay una serie de pactos que son inconstitucionales si no se modifica la Constitución». De fondo, cómo no, la amnistía flotaba en el ambiente.

¿Hay mimbres para una reforma de la Constitución?, preguntaba Marín. «La oportunidad ha desaparecido», sentenció De la Nuez, quien evocó a la memoria lo sucedido en Cataluña cuando el Parlamento autonómico empezó a funcionar como «soberano» y terminó deslizándose por la pendiente en 2017, cuando declaró unilateralmente la independencia. «Estamos en ese marco. La ley de amnistía se fundamenta en una mayoría de la mitad más uno», sostiene.

Al doctor en Derecho Procesal le preguntaba Marín si es constitucional lo que el Tribunal Constitucional dice que es constitucional. «En la práctica sí. No tengo otra respuesta como jurista», dijo, aunque apuntó que existen «mecanismos de corrección extranacionales». «Ya es triste que tengamos que poner nuestras esperanzas fuera», ahondó, con la certeza de que, en su opinión, la ley de amnistía «no encaja» en la Carga Magna.

Sánchez, la rama socialista del Gobierno y el PSOE, hasta el 23-J, decían que esa medida de gracia era «claramente inconstitucional». Lo cierto es que la Constitución no recoge la amnistía, pero prohíbe expresamente los indultos generales, que, en cualquier caso, y a diferencia de la amnistía, se deben conceder una vez ya han sido juzgados los delitos cometidos. La amnistía borra los hechos juzgados y las causas judiciales pendientes sin dejar rastro en los antecedentes penales de los beneficiados. Va más allá.

«Creo que esta amnistía tiene una presunción fortísima de inconstitucionalidad», defendió De la Nuez, que remarcó dos cuestiones: la proposición de ley del PSOE tiene once páginas de exposición de motivos para justificar por qué la norma es constitucional y «está hecha -como ha admitido el propio Sánchez- para conseguir los votos de una investidura». «Es un pecado original imposible de salvar», sentenció, antes de lanzarse a apostar como si se tratase el asunto de una carrera de caballos: «Estamos ante una enorme presunción de inconstitucionalidad, aunque creo que el TC la va a avalar por seis votos a cuatro si el ministro Campo -como dijo- se abstiene».

El magistrado emérito del Tribunal Constitucional teorizó al aseverar que ni siquiera una sentencia unánime del órgano de garantías puede modificar la Constitución. El último refugio que queda, afirmó, reside en la doctrina del propio organismo, en la que habría que bucear. De forma «inquietante», subrayó, se mantiene esa diferencia entre magistrados progresistas y conservadores. «Es un órgano representativo. Y si el TC es un órgano representativo, sobra y habría que suprimirlo», llegó a decir.

«La mutación de la vida constitucional -aventuró Zarzalejos- empezó cuando el discurso político incorporó la revisión de la Transición». Esas palabras pueden achacarse a los dos mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero o a la irrupción de Podemos en la política nacional, aunque no todos estuvieron de acuerdo en esa suerte de 'de aquellos barros, estos lodos'. De la Nuez, por ejemplo, cree que el actual escenario tiene una sola explicación: la «carambola electoral» de la noche del 23-J, cuando una izquierda sumida en el pesimismo encontró la llave de la victoria en un prófugo de la derecha independentista catalana. «Es un movimiento de huida hacia delante de las élites políticas», concluyó.

En un marco más teórico, Zapata cerró la última de sus intervenciones recordando que los ponentes de los debates constituyentes ya descartaron enmiendas que planteaban incorporar a la Carta Magna la amnistía. «La amnistía no cabe en la Constitución. Para que cupiese, la propia Constitución debería decir quién te amnistía, con qué procedimientos y con qué mayorías». Por último, hizo alusión al 'lawfare' -la supuesta guerra judicial para perseguir a adversarios políticos- que el PSOE ha aceptado investigar en el Congreso como exigencia de Junts. «Significa que el Poder Legislativo va a entrar en el control del Judicial». «Hay motivos para estar asustados. España puede dejar de ser una democracia y entrar en el terreno dictatorial».