Moncloa contesta al juez de Pegasus que «no hay ningún secreto que desclasificar»

El instructor de la causa, José Luis Calama, que trata de esclarecer la infección de sus teléfonos móviles con la herramienta informática Pegasus en junio del año pasado, creía que sus testimonios podían afectar a asuntos reservados. Por ello, antes de fijar la fecha de su declaración como testigos, había dirigido un suplicatorio al Consejo de Ministro para que desclasificaran aquellos «actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos», relacionados con el presunto espionaje.

La petición del juez llegaba «a la vista del contenido» de las declaraciones de otros testigos a los que ya escuchó en la Audiencia Nacional como la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban y un funcionario de este organismo, que fue el encargado de firmar los informes preliminares que la Abogacía del Estado incorporó junto a su denuncia en el juzgado.

También, una vez que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños remitiera a Calama su declaración por escrito en calidad de testigo. En ella contestaba a un cuestionario que el instructor le envió, tras su negativa a comparecer de manera presencial en el juzgado.

Como ya hiciera Bolaños, está previsto que Robles y Marlaska declaren también por escrito. «La ley nos permite esta posibilidad», recordó la ministra hace unas semanas. Sin nada que desclasificar, el siguiente paso sería que el juez les remitiera un cuestionario con las preguntas a responder formuladas tanto por la Fiscalía de la Audiencia Nacional como por él mismo. Una vez den su versión de los hechos, los últimos afectados a los que podría llamar el juez serían el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el titular de Agricultura, Luis Planas, quienes también habrían sido víctimas de Pegasus. El primero padeció la sustracción de casi tres gigabytes en dos incursiones detectadas en mayo del año pasado; el segundo, sufrió un intento fallido aquel junio, según el estudio inicial del Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al CNI, y que se aportó al juzgado. El espionaje habría coincidido con la crisis migratoria con Marruecos.

En este tiempo además el juez ha solicitado los informes definitivos de los teléfonos. También ha pedido a Israel interrogar al CEO de la empresa que fabrica Pegasus.