Mayores de 18 años se cuelan en el reparto de inmigrantes como falsos menores

Los servicios sociales de la comunidad según ha podido saber ABC, han notado en los últimos meses un incremento de mayores de 18 años que se han 'colado' en el sistema de protección por culpa de «la falta de diligencia del Estado en el momento de filiarles a su llegada». Un fraude que «supone un gasto importante de decenas de miles de euros» por niño y que genera más tensión a unos servicios de asistencia ya de por sí colapsados.

Iniciado ya octubre, mes en el que las condiciones del mar facilitan que más personas traten de hacer el recorrido entre el continente africano y Canarias, en el gobierno autonómico temen que las llegadas aumenten de forma considerable en las próximas semanas. Algo que de rebote, indican, puede provocar que incremente el número de adultos que pasan como niños por la ausencia de esos controles.

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La mecánica para ser protegidos como menores, disfrutando así de beneficios como que se les impida una orden de expulsión o poder solicitar un permiso de residencia una vez cumplida la mayoría de edad, consiste en decir a su llegada a los puertos canarios que van «indocumentados» y que son «menores». 

En la gran mayoría de casos, según revelan esas mismas fuentes, «vienen con las directrices sobre como deben actuar» en origen. Es decir, que las propias mafias que gestionan los viajes en patera desde Argelia o Marruecos «les indican como hacerse pasar por menores» para gozar de una mayor protección, en línea con los tratados internacionales sobre los derechos de los menores.

Ante este escenario, el gabinete que preside el nacionalista Fernando Clavijo, al que el Estado les obliga a hacerse cargo de todos los que dicen ser menores cuando llegan a Canarias, exigirá al Gobierno de España que se les haga una prueba ósea que permita determinar su edad biológica antes de que tengan que asumir su tutela.

De esta forma, explican fuentes de la consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, pretenden dilucidar quienes de los niños a los que atienden cumplen con los requisitos para estar bajo su tutela. Con este cribaje extra, indican, podrían «destensionarse los centros» al no tener que recibir a adultos que en realidad no deberían ir a esos recursos.

Fuentes del Gobierno de Canarias admiten que «por su propio comportamiento, en muchos casos, al tiempo de estar en los recursos de protección se puede observar que la edad que dijeron tener no se corresponde con la real». Ahí entran en juego también las ONG que se encargan de su manutención que, en la mayoria de casos, lejos de poner ese hecho en conocimiento de las autoridades, «lo callan», ya que «ganan mucho dinero por cada plaza ocupada».

Un supuesto menor de edad que llegó a Órzola (Lanzarote) a principios de septiembre, iba a ser el primero en estrenar el procedimiento de reubicación exprés tras el decreto de la contingencia migratoria. De hecho, hasta este miércoles, fecha en la que se iba a proceder al traslado, todo estaba preparado para cumplir con el decreto aprobado el 28 de agosto por el Gobierno.

Pero las alegaciones presentadas por la comunidad de destino, que tal como avanzó ABC era Extremadura, solicitando una prueba de edad para garantizar su vulnerabilidad, destapó un nuevo fraude.

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Joan Guirado

Llegó a bordo de un atunero robado, con otros adultos, a la isla de Lanzarote

El joven, al que la delegación del Gobierno en Canarias le había asignado una plaza en un centro extremeño, dijo ser menor de edad cuando llegó junto a cuatro mayores más en un atunero robado.

Pero esa prueba de edad solicitada por la Junta de Extremadura antes de asumir su tutela, determinó que el supuesto menor de edad había mentido a su llegada a Canarias. Que en lugar de los 17 años que dijo tener, para gozar de los beneficios de protección, en realidad tenía 19 años, lo que le dejaba fuera de la protección que tienen los menores de edad. Un hecho que ha frenado en seco su reubicación a la espera de ser trasladado a la Península en un futuro, en condiciones muy distintas, junto a un grupo de mayores de edad.

Otro caso llamativo y del que se ha tenido conocimiento ahora, tras una lucha de recursos cruzados entre su defensa y la subdelegación del Gobierno en Gran Canaria, es el de Said R.

Llegó a las islas, según la última sentencia que ordena su expulsión del país y a la que ha tenido acceso ABC, «mediante la declaración falsa como menor de edad», hecho, según rezan los magistrados, que le permitió «obtener determinados beneficios».

Pero un tiempo más tarde, cuando supuestamente ya habría cumplido los 18 años, por lo que dejó de estar bajo la tutela de los servicios sociales, la documentación que aportó para solicitar los beneficios como menor extutelado dejó al descubierto la mentira que había sostenido desde su llegada a territorio español. Entre otros documentos oficiales aportó el pasaporte de Marruecos que dijo haber perdido para evitar conocer su edad real al llegar a Canarias.

Said R., que según su propio testimonio en los archivos para solicitar la residencia temporal aseguró haber llegado en patera a España, un hecho que para los magistrados supone «un dato negativo por haber entrado por puesto no habilitado», dijo al pisar tierra firme en un puerto de Canarias que todavía no había cumplido los 18 años, de tal forma que automáticamente pasó a estar bajo los servicios sociales del Gobierno de Canarias.

Los tribunales apuntan, en la sentencia que da la razón a la subdelegación del Gobierno en su lucha para expulsarle del país, que al asegurar que era menor de edad «se activaron los mecanismos de protección propios de los menores extranjeros no acompañados». «Así ha permanecido hasta que ha solicitado autorización de residencia como menor extutelado», prosigue el relato, para sentenciar que «solo en ese momento ha aportado su pasaporte que ha puesto de manifiesto la falsedad cometida en su edad, que ha llevado a la denegación de su autorización de residencia con la advertencia de obligación de salida de España en el plazo de 15 días desde su notificación». Una medida que nunca se llegó a ejecutar en el plazo fijado.

De hecho, el incumplimiento de esa orden de expulsión por parte de Said R., provocó su detención meses más tarde tras un altercado en la localidad grancanaria de Telde. A partir de ahí se inició una concatenación de recursos judiciales que ha terminado con la expulsión del país y la prohibición de volver a entrar a España por un período de tres años.