El PP de Madrid denunció a la empresa que compraba mascarillas al novio de Ayuso

Según ha adelantado el diario.es, el dinero lo obtuvo por mediar en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, mascarillas y guantes que suministraba a mercantiles como FCS, que fueron proveedoras a su vez de las administraciones públicas. Se da la circunstancia de que esta empresa ya estuvo bajo el foco de la Fiscalía Anticorrupción dirigida por Alejandro Luzón. Fue el propio PP de Madrid, bajo la dirección de Ayuso, el que en marzo de 2022 alertó de presuntas irregularidades en una serie de contratos vinculados con la compra de material sanitario y ayudas Covid.

Entre ellos, los populares denunciaban que FCS, dedicada hasta la pandemia al marketing de bebidas alcohólicas, apenas facturaba un millón de euros al año. Y tras firmar cuatro contratos con el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa para la adquisición de mascarillas pasó a facturar 263 millones de euros. Asimismo, ponían en conocimiento de Anticorrupción que la administradora había sido condenada por estafa y que la sociedad se había convertido en la «mayor proveedora» de productos sanitarios del gobierno. «Todo ello, por la supuesta cercanía de los administradores de la empresa con el exministro Illa», rezaba la denuncia.

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El devenir de la misma no está claro. La Fiscalía Anticorrupción archivó varias de las diligencias incoadas a partir de los hechos que puso en su conocimiento del PP de Madrid, como las relativas a las ayudas públicas que recibió una empresa de plásticos que se relacionaba con la familia del presidente Pedro Sánchez o las que tocaban a la mercantil donde trabajaba el marido de la entonces ministra Nadia Calviño. Los contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión por contra, se siguieron investigando y han derivado en lo que hoy se conoce como el caso Koldo, un escándalo de corrupción que afecta de lleno al Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos.

Es en ese procedimiento donde consta un escrito que la Fiscalía Europea envió a Anticorrupción. Había recibido la misma denuncia de los populares de Madrid y se interesaba por el estado de la investigación, ante la sospecha de que podía haber fondos comunitarios concernidos. Adjuntaba un informe de la Unidad de Apoyo de la Intervención General del Estado que certificaba que los contratos de FSC Select Product se habían financiado, efectivamente, con dinero de la UE. De abrirse una investigación sería así competencia suya.

Sin embargo, hasta la fecha la Fiscalía Europea solo ha comunicado formalmente la apertura de una causa sobre las compras de mascarillas a Soluciones de Gestión por los gobiernos de Canarias y Baleares, que repercutieron el gasto a partidas de fondos Feder. Nada al respecto de esta adquisición por cuenta de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia que ascendió, en cuatro lotes de mascarillas, a 217 millones de euros sin contar el IVA.

En paralelo, un juzgado de Madrid tuvo imputados a tres altos cargos de Salvador Illa tras una querella de Vox que les señalaba por delitos de prevaricación, en relación, entre otros, a los contratos de mascarillas con esta misma empresa, que fueron de los más cuantiosos registrados en la pandemia y se adjudicaron a una sociedad sin experiencia alguna en importación de material sanitario. El instructor archivó el procedimiento a instancias de la Fiscalía, que no veía indicios delictivos pero Vox, según informaron a ABC en fuentes jurídicas, lo ha recurrido.

Además, la formación de Santiago Abascal inició una ofensiva parlamentaria y registró varias preguntas para conocer cuáles fueron los criterios de Sanidad a la hora de elegir a FCS, pero según ha podido constatar este diario las respuestas se centraron en explicar que se organizó una comisión interministerial ante la emergencia y se siguieron parámetros de contraste de la calidad de la mercancía recibida de China. Nada sobre por qué FCS Select y no otra empresa proveedora.

Cabe recordar que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, también fue objeto de investigación de la Fiscalía Anticorrupción por la comisión de 234.000 euros que se llevó por su intermediación en la compra de mascarillas a una empresa regentada por un amigo suyo. Si bien las diligencias, tras cuatro meses de pesquisas, se acabaron archivando al no detectar trato de favor alguno ni intervención «directa ni indirecta» de su hermana. Tampoco la Fiscalía Europea, que investigó igualmente este asunto, halló indicio delictivo alguno.

Los contratos adjudicados durante la pandemia lo fueron sin concurso ni publicidad, al amparo de la situación de emergencia. Como viene señalando Anticorrupción, este tipo de concesiones directas son «vulnerables» a todo tipo de prácticas corruptas. A lo largo de los últimos años se han presentado multitud de denuncias por distintas adjudicaciones y el grueso se han venido desestimando salvo en casos como el de Koldo, donde se aprecian indicios de delitos no en la adjudicación en sí, sino en el modo en que se decantó la selección de la empresa; o en el conocido como pelotazo de Medina y Luzón, en Madrid, donde lo que se aprecia directamente es un posible delito de estafa.

Mención aparte, las inspecciones de Hacienda sobre las mercantiles de venta o intermediación que facturaron grandes cantidades de dinero al abrigo de los contratos de pandemia. Sin ir más lejos, al comisionista del caso Koldo se le imputaron dos delitos fiscales por la gestión de los beneficios que obtuvo en las ventas de mascarillas a Puertos del Estado, Adif, Interior, Baleares y Canarias, al cabo de una inspección emprendida en 2022 por la Agencia Tributaria.

Es el mismo año en que se produjo la inspección a la empresa de Alberto González, dedicada a la compra venta de material sanitario. Hacienda llegó a la conclusión de que ante el incremento en facturación que había experimentado en 2020 y 2021 con ese negocio, imputó facturas de terceros expedidas por servicios inexistentes para minorar el importe que debía pagar de Impuesto de Sociedades en esos dos ejercicios. La Fiscalía de Madrid le ha denunciado junto a otros cuatro empresarios por dos presuntos delitos fiscales en concurso con otro de falsedad documental. Estima la cuantía defraudada en 350.900 euros.