Manos Limpias presenta una denuncia contra Sánchez, Belarra y Montero por alentar las protestas contra Israel en La Vuelta

En su denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la organización solicita al alto tribunal que abra «diligencias penales» contra Sánchez y contra las exministras de Podemos Ione Belarra, actualmente diputada en el Congreso, e Irene Montero, eurodiputada, ambas aforadas.

El sindicato atribuye al jefe del Ejecutivo haber presuntamente promovido o incitado «directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia» contra el «grupo de ciclistas» que participaban en la competición ciclista bajo el equipo Israel-Premier Tech, así como haber incitado «a desórdenes públicos».

Manos Limpias alude a que Sánchez mostró horas antes del final de La Vuelta, «con rotundidad, con apasionamiento, y violentamente, una arenga de apoyo a los manifestantes que iban a reventar el final de la vuelta ciclista en la ciudad de Madrid».

«El denunciado sabía que esas manifestaciones en etapas anteriores habían sido violentas y que la manifestación en Madrid, por el amplio dispositivo policial, era de prever que alcanzara dimensiones incalculables, circunstancia esta, que así sucedió», asegura.

Y sostiene que «el apoyo del denunciado y de miembros de su gobierno, anunciando su participación en las protestas, dio alas, respaldo y aval para actuar violentamente».

La organización lamenta que «en el grupo de las fuerzas de orden se produjeron más de 25 heridos» y hubo «dos únicas detenciones», añadiendo que se preveía que «se iban a producir esos graves desórdenes públicos».

Según Manos Limpias, el «objetivo» de cancelar el final de la competición «se consiguió» y Sánchez «contó con el apoyo presencial de varios ministros de su Gobierno y con las arengas para reventar el final de carrera de la diputada Ione Belarra y de la eurodiputada Irene Montero».

También considera que se ha podido producir un delito de atentados a la autoridad y sus agentes, así como el delito de desobediencia, además de apuntar a «daños económicos entre otros» a las empresas publicitarias que promocionan la competición, «así como a la propia imagen de España a nivel nacional e internacional».

En la misma línea, la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha anunciado que presentará una querella contra Pedro Sánchez y ministros de su Gobierno ante el Supremo para que «se depuren las responsabilidades legales correspondientes y se restablezca el respeto a la ley y a las instituciones».