De víctimas a luchadores contra la okupación

Hoy, propietarios tanto de segundas como de primeras residencias, demandan este servicio. «La gente se arruina», lamenta Suilem mientras enseña a este periódico una de las viviendas que han sido desalojadas recientemente y en cuyas paredes han quedado grabadas las consecuencias de casi una década de okupación. Al igual que les sucedió a ellos, las puertas de este apartamento, situado en la quinta planta de un bloque a apenas un kilómetro de la estación de Plaza Elíptica, las habían abierto mafias que, según relatan, se dedican a hacer negocio alquilando los pisos a los que conseguían acceder, no solo a una, sino a varias personas. Las habitaciones de esta casa tenían su propia cerradura, dejando de manifiesto que cada residente tenía un cuarto propio. «Había desde una familia a una sola persona, pero existía un okupa principal que se dedicaba a realquilar estos espacios y, según nos han comentado los vecinos, los inquilinos cambiaban constantemente», explicaba el mayor de los hermanos y CEO de MIO, Igor.

Tal y como relatan estos empresarios, la vivienda ya se encontraba okupada. Sin embargo, un pequeño inversor, –que apuntan que «no llega a gran tenedor»– decidió adquirir esta vivienda que tenía un proceso judicial abierto y esperaba que fuera algo inminente recuperarla. La realidad fue distinta. Le llevó 20 meses recuperar la casa –«a pesar de tener una sentencia favorable que le daba la razón»– y teniendo que negociar una cantidad de dinero con el ocupante y oficializando el desalojo hace apenas un mes. Los vecinos del edificio, explican, han sido los que más contentos han salido de este desalojo. Entre los problemas que tenían que soportar, se encontraban las constantes visitas de la policía por los altercados o los ruidos.

Sin embargo, lejos de todo el daño económico que les ha supuesto la búsqueda de una empresa que consiga establecer un diálogo con el ocupante de su vivienda, también existe un golpe que tiene más que ver con lo psicológico y moral. «La sensación que te queda tras ver a alguien dentro de tu casa y no poder sacarlo es muy agridulce. Puede estar costándote una hipoteca o que hayan invertido todos tus ahorros en ello», afirma Suilem Fernández. Fue la impotencia acumulada y la complejidad de la situación lo que les motivó a sacar adelante este proyecto aprovechando la correduría de seguros familiar y con el objetivo de la protección frente a la okupación.

Al contrario que en lugares vacacionales en los que los propietarios de segundas residencias son los más afectados por estas usurpaciones, en grandes ciudades como Madrid, el peligro lo suelen tener los aquellos que ponen en alquiler o en venta sus viviendas a través de los distintos portales que hay en Internet, dejando a la vista de cualquiera la calle exacta y el estado de la casa. Según explica Suilem, «ven la dirección, entran, cambian la cerradura y ya lo tienen hecho. Esta práctica cada vez es más común».

La Comunidad de Madrid es la segunda región española con más casos de usurpaciones, tan solo por detrás de Cataluña. Los últimos datos conocidos hablan de más de 5.200 viviendas okupadas, de las cuales cerca del 40 por ciento son de titularidad pública del Gobierno regional.

La sensación que queda, indican los hermanos, es la falta de apoyo por parte de la ley. «A mucha gente le ocurre esto y, además, tienen que soportarlo con su propio dinero. Aunque se piense que los casos son escasos, pasa y es un problema», sentencia Igor.