El PSOE de Madrid lleva a todos los ayuntamientos una moción para exigir a Ayuso que garantice «el derecho al aborto»

Los socialistas quieren aprovechar el debate abierto tras la aprobación en el Ayuntamiento de Madrid de una moción impulsada por Vox, que contó con los votos a favor del PP, para que las mujeres puedan recibir información sobre «el síndrome postaborto». La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, quiere llevar este asunto al próximo Pleno para acusar al PP de haber emprendido una «simbiosis» con Vox.

En la moción que el PSOE llevará a todos los consistorios para su debate y votación se insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que despliegue plenamente todas las medidas que le corresponden recogidas en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

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Así, pretende exigir al Gobierno regional de Ayuso que apruebe un protocolo que regule de forma clara y homogénea el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, y que establezca un registro de sanitarios objetores de conciencia.

La moción incluye estos puntos, con la obligación de ofrecer información a la mujer: «Garantizar la información, asesoramiento y atención adecuados ante embarazos no deseados o inesperados desde la Consejería de Sanidad, a través de la Atención Primaria y los hospitales públicos: Atención hospitalaria de urgencia mediante información protocolizada, acciones de prevención y asistencia, así como acceso a la píldora postcoital gratuita. Proceder con la máxima diligencia una vez que la decisión está tomada por parte de la gestante e informar adecuadamente a la mujer para conseguir en lo posible la IVE precoz, ofertando tanto la opción farmacológica como instrumental y priorizando su realización en los hospitales públicos».

En la moción también se pide que se garantice la financiación pública de la interrupción voluntaria del embarazo independientemente de la nacionalidad y situación de residencia de la mujer.

En la moción del PSOE se insta también a los ayuntamientos «a reafirmar la defensa de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho reconocido y protegido». Asimismo, se pide a los gobiernos municipales que protejan «la neutralidad de los servicios públicos municipales, garantizando que no se realicen campañas de desinformación acientíficas como el inexistente 'síndrome postaborto'».