Prohibida «sine die» la entrada de fieles y turistas al Valle de los Caídos

El gran problema que arguye Patrimonio, con el respaldo de la Delegación del Gobierno, es el estado de todo el conjunto monumental, construcción arquitectónica y escultórica, principalmente la Piedad de Juan de Ávalos. Pero el cierre, tanto al turismo como a los creyentes ha provocado ya las protestas de los benedictinos. El domingo, los monjes dieron misa en la puerta, en un pinar junto a la carretera que sirve de acceso. Era la tercera vez en una semana que la Guardia Civil no dejaba entrar a los fieles a la misa.

No siempre ha sido así, ya que hasta el día 3 en que la orden de la Delegación de Gobierno se hizo efectiva se permitía entrar a las misas que los benedictinos oficiaban todos los días a las 11. El ingreso de fieles ha estado autorizado incluso durante el tiempo en que Patrimonio Nacional estuvo realizando los trabajos de restauración en la escultura de «La Piedad», ahora paralizados por completo.

En este sentido, fuentes de este organismo público indicaron ayer que ellos continúan «trabajando para lograr el consenso». Se referían a poner de acuerdo a esta misma entidad con la Fundación Juan de Ávalos —encargada de la conservación, mantenimiento y difusión del legado del autor de la escultura—, y al abad, en última instancia autoridad máxima del Valle de los Caídos. Según estas mismas fuentes, la rehabilitación de la escultura se paralizó porque el padre Anselmo, el abad, «no estaba de acuerdo con las acciones que se estaban llevando a cabo».

Patrimonio Nacional insistió en dejar claro que mientras se cerró la vía principal de entrada de la Abadía para realizar los trabajos de rehabilitación, que comenzaron en abril, esta entidad «siempre respetó el acceso a la Basílica». «A pesar de que el Valle de los Caídos ha estado cerrado cerca de ocho meses, y de que llevan ocho años cayendo piedras de la escultura, mientras se hacían dichos trabajos se habilitó un acceso por la parte de atrás, más complicado porque hay que entrar por ascensor y recorrer largos pasillos hasta llegar a la Abadía».

La decisión de prohibir la asistencia de fieles a las misas, explican, proviene de un estudio en el que se indica que la solución prevista era momentánea. «Sólo para un tiempo que se ha sobrepasado con creces», reconocen desde Patrimonio. Y esa solución temporal acabó el día dos de noviembre, cuando un escrito de la Delegación de Gobierno señalaba que esa vía de acceso no servía para garantizar la seguridad de las personas que acuden a la Abadía porque no cumplía la normativa de espacios públicos, tanto en alternativas de evacuación de personas como de ventilación. «Cualquier espacio público necesita medidas de este tipo, y en este caso también, ya que acuden muchas personas que son ajenas a los benedictinos», explican.

La Delegación de Gobierno, concluyen desde Patrimonio Nacional, «ha tomado esta decisión por el riesgo de que a la misa conventual de los benedictinos acuda un mayor número de gente durante esta época del año. Estamos hablando de convocatorias como la misa del 3 de noviembre por los mártires del siglo XX, en la que se preveía que entrase un número de personas mayor que el habitual, de unas pocas decenas. Con esos números aún era aplicable la seguridad en el recinto», conceden.

Patrimonio asume que los informes técnicos que aconsejaban retirar la figura de Juan de Ávalos para su rehabilitación, o el «Plan B», por el que si no se conseguía recuperar el conjunto escultórico se iba a colocar en su lugar una reproducción, «están aparcados». En este momento la meteorología, recalcan, tampoco acompaña. «Patrimonio empezó a trabajar en el conjunto monumental cuando las condiciones climatológicas eran buenas de cara al desmontaje y posterior rehabilitación pero ahora en diciembre llegan las heladas e incluso la carretera de acceso estará cerrada. En estos meses no se puede hacer absolutamente nada».

El resultado es que desde hace una semana se suceden las denuncias. Ayer, el colectivo de funcionarios «Manos Limpias» denunció ante el Juzgado de instrucción de San Lorenzo de El Escorial la prohibición de acceder a los actos litúrgicos de la Abadía por parte de la Subdelegación del Gobierno y la Guardia Civil. El colectivo cree que se han podido producir delitos «contra la libertad de conciencia, sentimientos religiosos y respeto a los difuntos», además de otro contra los derechos individuales, «derecho a la libre circulación», y uno de prevaricación.

Esta denuncia se suma a las ya interpuestas por varios miembros de la Asociación de Amigos del Valle, y de numerosos fieles que están estudiando otras acciones legales.