Ayuso recurrirá a la Audiencia Nacional tras declarar Sánchez la Real Casa de Correos como lugar franquista

Asimismo, recuerda el consejero el informe en el que «la Academia de la Historia, en pleno por unanimidad, señalaba que este edificio tiene más vinculación con la Ilustración». A su juicio, «tratar de vincular la Real Casa de Correos con una pequeña parte de su historia es un intento de Sánchez de manosear la institución».

Defiende por otra parte que este es «un edificio completamente resignificado». Por eso, anunció que «de inmediato, presentaremos un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por nueva decisión arbitraria» del Gobierno central. «Nos ampara la ley, la verdad y la historia, y los expertos. Defenderemos esta institución y la historia de este edifico del autócrata de Sánchez». Este recurso es compatible con el presentado ante el Constitucional por una presunta invasión de competencias autonómicas desde el Gobierno central.

La decisión se ha conocido este miércoles, día en que la presidenta Díaz Ayuso está volviendo de su viaje institucional a Austin (Texas). Desde el Gobierno regional, relacionan la prontitud en que se ha tomado la decisión de esta declaración como Lugar de Memoria de la sede del Gobierno regional en el complicado calendario a que se enfrenta Pedro Sánchez, que en las próximas semanas debe «dar luz sobre la posible financiación ilegal por supuestos pagos ilegales» en su partido, y responder a la pregunta de «¿porqué un partido tiene dinero en metálico en su sede? La UCO dice que se podría tratar de liquidación de gastos sin respaldo documental».

Le recuerda García Martín al presidente que debe declarar el 30 de octubre «ante el Senado por la comisión investigación del caso Koldo», y también tendrá que aclarar si «la fontanera Leire Díaz recibió la orden de 'limpiar sin limite'».

La decisión ministerial, que se ha conocido esta mañana, choca con el informe que se conoció recientemente elaborado por la Real Academia de la Historia, que señala que la Real Casa de Correos se asocia «ante todo» con la Ilustración. Ese informe fue solicitado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, sobre la declaración de 'Lugar de Memoria Democrática «de la extinta Dirección General de Seguridad franquista». Ahora, actúa sin atender al contenido del informe que él mismo solicitó.

Los responsables regionales y de la Administración central no han tardado en extender la polémica a las redes sociales, con un cruce de mensajes. La primera fue la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

En respuesta, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, aclaró que no había tal caducidad del expediente.

Y a éste le respondió el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

El objetivo del Ejecutivo de Sánchez es poner una placa que identifique el icónico edificio de la Puerta del Sol con el franquismo, justo donde Isabel Díaz Ayuso tiene su despacho como presidenta regional. El Gobierno regional presentó alegaciones en el trámite de consulta pública abierto sobre la declaración de 'Lugar de Memoria', al considerar que esta medida vulnera sus competencias en la gestión de su patrimonio, la defensa de los bienes históricos de la región «y supone un ataque a su autogobierno y un ataque al verdadero valor histórico de un edificio de más de 250 años y a su destino actual como sede de la presidencia».

Pero además, el Gobierno regional planteó un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional contra esta declaración como Lugar de Memoria de la Real Casa de Correos, que fue admitido a trámite en marzo de este año. El pasado julio, el pleno del Constitucional levantó la suspensión del artículo de la ley del Gobierno autonómico que impide que la Real Casa sea declarada como Lugar de Memoria. El Ejecutivo central había impugnado ese artículo por entender que menoscaba la competencia estatal para la declaración de los lugares de memoria democrática, según prevé la ley estatal de 2022 que regula esta materia. El recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno contra el artículo 4 de la ley de Ayuso se admitió a trámite un mes después, lo que produjo la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto impugnado. Y en julio, el Constitucional levantó esa suspensión.